Montezanti faltó a dos citaciones

UN JUEZ EN REBELDIA

El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, no concurrió a dos citaciones que tenía esta semana, una en el Consejo de la Magistratura y la otra, a la indagatoria convocada por el juez federal Alejo Ramos Padilla.
IRINA SANTESTEBAN
El caso Montezanti revela como pocos la necesidad de profundizar el proceso de democratización del Poder Judicial, para investigar la complicidad de magistrados con los crímenes del terrorismo de Estado, y para asegurarle a la sociedad que quienes tienen la responsabilidad de juzgar e imponer penas a los ciudadanos, sean respetuosos de los derechos humanos.
Jueces como el santafecino Víctor Brusa, ya condenado, o los mendocinos Otilio Romano y Luis Miret, que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, demuestran que la complicidad judicial fue una de las patas del terrorismo de Estado, junto con la mayor parte de los medios de prensa, la jerarquía de la Iglesia Católica y el empresariado. Es que a las Fuerzas Armadas conducidas por los genocidas Videla, Massera, Agosti, Menéndez, etc., les habría sido muy difícil imponer con éxito su plan de exterminio, sin esa complicidad. Hubo jueces que miraron para otro lado, que no investigaron cuando les presentaban recursos de habeas corpus, y hubo los que se entregaron con alma y vida a la “lucha contra la subversión”, y participaron incluso de interrogatorios y torturas.
Muchos de estos funcionarios ya se murieron, otros se jubilaron y hoy cobran muy buenos haberes (sin pagar impuesto a las ganancias) que se pagan de los fondos del Anses, de los impuestos que sí pagan los ciudadanos de a pie. Pero todavía hay algunos jueces, que tienen sus cuentas pendientes por su complicidad con el terrorismo de Estado, y que siguen ejerciendo muy campantes su función.

Acusado.
Montezanti es uno de ellos, desde que lo designaron vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, hace 13 años. Actualmente es el presidente de ese Tribunal, un puesto importantísimo en el Poder Judicial de la Nación, sólo por debajo de la Corte Suprema de Justicia. Eso explica que recién ahora su caso esté siendo analizado -ni siquiera juzgado- en el Consejo de la Magistratura y un Tribunal que investiga su participación en la Triple A.
Según siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político, que están en análisis en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, Montezanti fue integrante de la Triple A en Bahía Blanca y fue parte de los servicios de inteligencia durante la dictadura militar. Siendo magistrado ha reivindicado la “pena de muerte” y ha maltratado a empleados judiciales. Una gama variada de comportamientos reprochables, que han llevado al máximo organismo nacional que investiga y eventualmente sanciona la conducta de los jueces, a citarlo para que se defienda.
La citación fue impulsada por el secretario de Justicia Julián Álvarez y acompañada por los legisladores Ruperto Godoy, Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti y Ángel Rozas; el académico Jorge Candis y la abogada Adriana Donato. Los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes prefirieron abstenerse.
A pesar de tener una vasta experiencia judicial, Montezanti se ausentó el 25 de agosto y en su lugar presentó un extenso escrito defendiendo su postura. En tono grandilocuente, pretende hacerse pasar por una víctima de una “brigada acusatoria”, como si la citación fuera un Tribunal de la Inquisición y no un Consejo que tiene su origen en la Constitución y cuyos miembros se eligen conforme la metodología de ésta, entre los magistrados, los académicos del derecho, los diputados y senadores, y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Recordemos que cuando la presidenta Cristina Fernández pretendió cambiar la composición del Consejo de la Magistratura para que tenga legitimidad popular, y mediante una ley del Congreso se estableció que los consejeros fueran elegidos por el voto popular, la Corte Suprema de Justicia (o sea, los interesados) declaró su inconstitucionalidad.

La justicia a su favor.
El profesor Dante Patrignani denunció a Montezanti hace cuatro años, luego de que se hiciera público el listado del personal civil de inteligencia (PCI) que actuó durante la dictadura militar, medida ordenada por el decreto 4/2010 de la presidenta y su entonces ministra de Defensa, Nélida Garré. Así se supo que 4.867 personas revistieron en esa función, actuando como informantes en lugares de trabajo, universidades, dependencias estatales, etc.
Montezanti actuó en la Universidad Nacional del Sur, y por eso el profesor Patrignani presentó un pedido de juicio académico ante el Consejo Superior de la UNS, que recién se expidió cuatro años después. Es que desde el mismo momento en que se lo denunció, aquél pasó a la contraofensiva, atacando a sus denunciadores. Incluso logró que algunos jueces, Cámaras y hasta la propia Corte Suprema de Justicia, fallaran a su favor.
Por ejemplo, logró que un juez condenara a Patrignani a pagarle por los daños y perjuicios supuestamente ocasionados por la difusión de cartelería con su rostro portando una gorra. También logró que una Cámara Civil condenara a la sindicalista Graciela Diez Paz, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), a pagarle 70.000 pesos por daño moral, porque lo había comparado con los jefes de los campos de concentración nazis. En este juicio, que llegó a la Corte Suprema, ésta se negó a tratarlo, dejando firme la sentencia de la Cámara que había fallado a favor del espía.
Pero la impunidad está llegando a su fin y gracias a personas como el profesor Patrignani, a sus compañeros del gremio docentes universitario (Aduns) cuyo secretario es Sergio Zanninelli, y a los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, quienes pidieron su indagatoria, Montezanti ha tenido tres golpes fuertes en sólo siete días.

Consejo unánime.
Luego de cuatro años de idas y vueltas, y en los que Montezanti utilizó su poder como presidente de la Cámara Federal para impedir que avanzara el pedido de juicio académico, finalmente el Consejo Superior, por unanimidad, aprobó el inicio de dicho proceso.
De nada le sirvió su fuerte influencia en Derecho, donde es profesor titular de Ciencia Política, de Introducción al Derecho y de Derecho Administrativo.
En la sesión en la cual se resolvió el inicio del juicio académico, se ventiló también que, a raíz de la investigación que ordenó un juez luego de la denuncia de Montezanti por los afiches, se autorizó a un policía bonaerense a “infiltrarse” en la comunidad universitaria para “averiguar” quiénes pegaban esos afiches.
Aunque parezca mentira, para Montezanti y el juez que ordenó esa medida, es lícito que la policía realice tareas de inteligencia interna, aunque las leyes actuales lo prohíben.
En los considerandos de la resolución del Consejo Superior de la UNS, se expresa que “la comisión de delitos de lesa humanidad en el país fue organizada con la necesaria complicidad de una amplia red de ‘informantes’ -muchos de los cuales formaron parte del Personal Civil de Inteligencia (PCI)- que se encargaban de recolectar los datos que luego eran suministrados a los ‘grupos de tareas'”. Que la tarea desplegada por esos agentes era “obtener nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales de docentes, auxiliares y estudiantes que luego fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, torturas, cesantías, exilios forzosos, crímenes aberrantes y desapariciones”.
Otro de los denunciantes de Montezanti, Alberto Rodríguez, expresó al finalizar la sesión del Consejo, que era un “día de festejo” porque habían “sacado a un fascista” de la UNS. La resolución dispone suspender a Montezanti y dar inicio al juicio académico, que puede dar lugar a su separación como docente.

El segundo traspie.
Montezanti estaba citado a declarar en el Consejo de la Magistratura, el 25 de agosto, para defenderse en siete denuncias que podrían costarle su destitución.
No asistió a esa citación y presentó un extenso escrito, donde se coloca en el lugar de una víctima de una supuesta “brigada acusadora”, aunque reconoce que fue “asesor universitario” en calidad de “personal civil de inteligencia”, durante un breve período, hace 34 años.
Los fundamentos del juicio político son “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los DDHH, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial”; “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los consejeros de este cuerpo”.
Además se le reprocha que su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian que “comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la UNS, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.
Para fundamentar estas acusaciones se basaron en constancias de la justicia correccional, que identificaron a Montezanti entre los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce, cuando ocuparon violentamente la Universidad Tecnológica (UTN) en 1974. Paradojalmente, estas constancias surgen de una querella que el propio Montezanti le entabló al militante Alberto Rodríguez, por haberlo denunciado por su pasado como PCI durante una sesión del Consejo Superior.

Rebelde con causa.
Finalmente, después de ser suspendido en la Universidad y de su citación ante el Consejo de la Magistratura, Montezanti debía declarar ayer, ante el juez Alejo Ramos Padilla, en una causa penal en la que se investiga al juez por sus supuestos vínculos con la Triple A y su complicidad con el terrorismo de Estado. Por ello estaba citado a indagatoria, pero no concurrió y presentó un escrito explicando que tenía que “atender otros asuntos” en la Cámara donde es presidente. En el mismo escrito, recusó al juez y a los fiscales que lo acusan, aplicando el método conocido como “patear el expediente” y así ganar tiempo.
Pero el tiempo se le está acabando, por lo menos el tiempo en el que podía manejar jueces y funcionarios a su antojo.
Nuevos vientos democráticos comienzan a soplar en la Universidad Nacional del Sur y en el Poder Judicial de la Nación de Bahía Blanca.