Inicio Opinion Verbitsky: Muchas hormigas pueden llegar a tapar un elefante

Verbitsky: Muchas hormigas pueden llegar a tapar un elefante

EL DESARMADERO

La economía argentina gastó dólares adquiridos en el mercado oficial para financiar el proceso de desarme de sus tenencias de títulos en pesos de los grandes fondos de inversión que, antes del FMI, financiaron al gobierno de Macri.
POR HORACIO VERBITSKY
Muchas hormigas pueden tapar un elefante. Es lo que pasa con los millones de compradores minoristas de 200 dólares mensuales y las primeras 15 sociedades de bolsa especialistas en contado con liqui. Todos conocen a varios de esos pequeños ahorristas y nadie sabe nada de aquellas sociedades tan opacas como la sigla de la entidad que las reúne, BYMA. Por eso, una medida que ha tenido escasa repercusión mediática pero sí un gran efecto en el mercado, ha sido la contenida a partir del punto 5 de la Comunicación A 7106, que las gerencias de Exterior y Cambios y de Regulación Financiera del Banco Central firmaron el martes 15. Allí se dispone:
– la prohibición a los fondos de inversión del extranjero de vender en el país títulos valores adquiridos antes de esa fecha, con liquidación en moneda extranjera, y
– la prohibición de liquidar en pesos en el país, títulos valores adquiridos en el exterior o transacciones sobre ellos concertadas en el exterior.
Estas son operaciones de cambio encubiertas, que desde marzo agrandaron la brecha entre el tipo legal y el clandestino de cambio a sus máximos históricos, de lo que El Cohete informó el 3 de mayo y el 17 de mayo. Cuando se realizan íntegramente en el país se denominan dólar MEP – Mercado Electrónico de Pagos. Si contemplan la transferencia de fondos a una cuenta en el exterior se trata del dólar Cable o Contado Con Liquidación -CCL. Sus grandes protagonistas son los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) nucleados en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que surgió durante la presidencia de Maurizio Macrì de la fusión del Merval y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuyo presidente, Ernesto Allaria, encabeza la sociedad de bolsa Allaria Ledesma & Cia, creada en 1970. El primer vicepresidente de BYMA fue Nicky Caputo, el Hermano-De-La-Vida.
Las ALyC cobran comisiones por la compra-venta de títulos valores, del 1% para las operaciones MEP y del 2,5% para las operaciones de CCL. Como van a porcentaje sobre los montos operados, sus ganancias aumentan con la devaluación del tipo de cambio financiero. Se calcula que en lo que va del año, cobraron comisiones por más de 50.000 millones de pesos, sobre operaciones libres de riesgo. Estas comisiones funcionan como un impuesto de apropiación privada que pagan quienes desean dolarizar sus tenencias por esta vía.
Una de cada cuatro operaciones que pusieron en órbita la cotización del dólar fue realizada por Allaria, para sus clientes pero también para su propia sociedad. Esa es la antena local de la financiarización, que integra al país a un dañino mecanismo global.

La brecha.
El gobierno repite que la cotización ilegal no influye en los precios, porque la importación de maquinarias e insumos se cursa por el oficial, y acude al ejemplo del anterior gobierno, sorprendido cuando su primera devaluación encendió la mecha inflacionaria que nunca pudo apagar, porque creía que los precios ya estaban ajustados al dólar blue. Pero no oculta que le inquieta la distancia entre ambas cotizaciones (que no son dos sino una docena, incluyendo legales e ilegales), porque genera expectativas y presiona por la temida devaluación, en una sociedad que al menos desde 1975 ha reducido a memes ridículos las frases pronunciadas con las mejores intenciones: «el que apuesta al dólar pierde», «les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo», «el que puso dólares, recibirá dólares».
El crecimiento de la brecha construye la percepción de que el tipo de cambio oficial está «atrasado», por lo cual se postergan las ventas y se anticipan las compras de divisas en el mercado oficial, se posterga la liquidación de exportaciones, se anticipa la de importaciones y se cancelan créditos comerciales o financieros, por anticipado. Esto afecta las reservas internacionales y genera la sensación de inestabilidad que puede llevarse puesto a un gobierno.
Cuando Macrì estableció el control de cambios en agosto de 2019, los mercados MEP y CCL operaban un promedio diario de unos 60 millones de dólares. A partir de allí, las operaciones pasaron a un promedio diario de 300 millones de dólares, cinco veces más. Una serie de regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central en mayo y junio de este año redujeron ese volumen a unos 100 millones de dólares diarios promedio. A partir de junio, esas operaciones se estabilizaron en unos 40 millones de dólares por día, la mitad para la cartera de las propias ALyC y sus principales accionistas.
Un documento que se utilizó para fundamentar la prohibición estima que las demandas de dólares de las ALyC explican tanto la mitad de la demanda neta de divisas que se tramita a través de los mercados MEP y CCL cuanto el corrimiento del tipo de cambio, a pesar del proceso de desdolarización de empresas y de algunas personas humanas en el contexto de la pandemia. Esas compras reflejan otro negocio de intermediación financiera de gran envergadura: el desarme de las tenencias de deuda pública denominada en moneda local que poseían los grandes fondos de inversión extranjeros (Templeton, Pimco, BlackRock y Fidelity, entre otros) cuya bicicleta financiera quedó atascada en títulos de deuda pública en moneda local luego del reperfilamiento de la deuda que llevó adelante el agónico ministro Hernán Lacunza. De esta forma, la economía argentina gastó dólares adquiridos en el mercado oficial para financiar el proceso de desarme de sus tenencias de títulos en pesos de los grandes fondos de inversión que, antes del FMI, financiaron al gobierno de Macrì.
El documento señala que los grandes acreedores externos que son tenedores de títulos de deuda pública en moneda local, son también los principales tenedores de títulos en dólares recientemente reestructurados. Por este motivo, esas operaciones se emplearon como mecanismo de presión de los fondos del exterior en la negociación con las autoridades argentinas.
La prohibición de esas operaciones es la más drástica de las medidas dispuestas por el Banco Central con la aprobación presidencial, y fue resistida desde la Secretaría de Finanzas y la CNV, donde no faltan células dormidas de BYMA.

El perro de Perón.
Durante una de las tantas entrevistas a las que se sometió para explicar las últimas medidas, el presidente del Banco Central dijo que era imposible prever la evolución del llamado dólar paralelo o blue, porque se trataba de un mercado delincuencial.
-Es como ir a comprar repuestos para el auto a un desarmadero -dijo Miguel Pesce.
Agregó que a ese mercado acuden tanto los considerados pequeños ahorristas como las organizaciones criminales que comercializan sustancias de consumo prohibido por las autoridades sanitarias o armas de guerra. Lo taparon con una chorrera de títulos efectistas ante los cuales los 280 caracteres de un tuit parecen un tratado de filosofía, como si la autoridad monetaria equiparara con narcotraficantes a los cuatro millones de ciudadanxs que compraban los 200 dólares mensuales que la normativa vigente hasta la semana anterior les permitía adquirir en un mercado de cambios que no es único ni libre pese su nombre, como el perro de Perón que se llamaba León. No fue eso lo que Pesce dijo, pero ¿a quién le importa la diferencia, cuando es tan poderoso e insistente el artefacto mediático que la oscurece?
El tráfico de narcóticos es el arquetipo de la ilegalidad y connota un rechazo instantáneo, mientras la visita a un desarmadero en busca de una puerta o un cigüeñal gozan de la misma indulgencia social que la venta sin facturas en el comercio minorista, dos batallas culturales que sucesivos gobierno libran y pierden. Un colega periodista acudió a un desarmadero en busca de reemplazo para una llanta que le habían robado. Lo hicieron esperar 10 minutos antes de responderle si tenían la pieza. La encontraron, se la pusieron en la rueda, pagó y se marchó contento. Al llegar a su casa advirtió que le faltaba la del otro lado.

Prodigios imaginativos.
La analogía con el mercado paralelo es pertinente. A cada regulación, sus operadores responden con prodigios imaginativos que permiten algún beneficio ilegal. Con una enorme circulación de pesos en la sociedad por los distintos auxilios oficiales dispuestos a raíz de la pandemia, muchas personas compraban los 200 dólares mensuales permitidos para atesoramiento y los guardaban en su cuenta bancaria, como reserva de valor, función esencial de la moneda que el peso perdió hace demasiado tiempo. Otros, además, descubrieron el rulo, que consistía en pagarlos a 100 pesos cada uno en el mercado legal y venderlos a 130 en el clandestino: convertir 20.000 en 26.000. La nueva regulación, además del 30 % por turismo o gastos en dólares con tarjeta incluye un adelanto del impuesto a las ganancias, que se podrá descontar en el momento de presentar la declaración jurada, o pedir su devolución aquellos que no estén inscriptos en ese impuesto. Además, el tope de 200 dólares por persona incluye ahora tanto la compra de billetes como el pago de gastos con tarjeta o de servicios dolarizados. De este modo, en el mejor de los casos habrá que disponer de 26.000 pesos, para hacer una diferencia de 1.000 ó 2.000 según sea la cotización ilegal de cada día y nadie podrá exceder de los 200 mensuales. Si en los últimos meses este goteo consumió no menos de 800 millones de dólares por mes, con el nuevo esquema la sangría se reduciría a la mitad. Serían unos 2.400 millones de aquí a marzo.
Esto en cuanto a las hormigas del mercado. Para las tres decenas de elefantes, grandes empresas endeudadas en el exterior, el Banco Central no les venderá más del 40% de sus vencimientos en el mercado legal. El resto deberán ponerlo de fondos propios o de nuevos créditos obtenidos en el exterior. Hasta marzo, esos compromisos son de 3.300 millones de dólares, con lo cual punzarán las reservas en otros 1.300 millones. La fijación del horizonte en marzo obedece a que a partir de allí comenzarían a ingresar los dólares por la venta de la cosecha gruesa, con la buena noticia de que el precio de la soja superó por primera vez en años los 370 dólares por tonelada. Los medios de comunicación que expresan los intereses de esas empresas sostienen que el gobierno las forzará a defaultear, cuando en realidad sólo les está pidiendo que las refinancien a dos años. Encabeza la nómina YPF. Algunas de las mayores empresas, como Telecom, del Grupo Clarín, ya lo han hecho. Y están en ese trámite Celulosa, Aeropuertos 2000, IRSA, Cresud, Genneia y el Banco Hipotecario, entre otras.

Abrir o cerrar.
En su columna de ayer, Alejandro Bercovich, se pregunta por qué el ministro de Economía Martín Guzmán declaró que se oponía a un endurecimiento del cepo, porque «queremos ir en la senda hacia la normalización, no hacia cerrar aún más, porque eso sería una medida para aguantar. Nosotros no venimos a aguantar, sino a tranquilizar la economía». El columnista afirma que en Olivos se preguntan si Guzmán buscó desmarcarse de una decisión antipática para la clase media aun cuando había prestado su acuerdo puertas adentro y si lo habrá hecho «por consejo de alguna de las otras patas de la coalición gobernante».
Si así fuera, es difícil que haya sido Cristina, cuya práctica histórica parece más próxima a las medidas drásticas. Durante su gobierno, por ejemplo, lo primero que se pisó fue la remisión de utilidades de empresas extranjeras a sus casas matrices, tal como hizo Perón medio siglo antes.
El presupuesto 2021, presentado el mismo día que las nuevas medidas cambiarias, señala el rumbo, hacia la recuperación de la producción, el empleo y el consumo, con un déficit del 4,5% del PIB, del cual más de la mitad se financiará en el mercado de capitales local en pesos, uno de los logros de Guzmán, junto con el pateo hacia delante de los pagos a los acreedores externos, de intereses que además se reducen en 37.000 millones de dólares. Pero hasta llegar a ese punto hay que aguantar, porque si las reservas se agotan sobrevienen un vendaval y una inundación como a principios de siglo, con aumentos descontrolados de precios, proporcional aumento de la pobreza, agudización de la crisis social y consecuencias político-electorales. La idea de una desindexación y desdolarización lentas de la economía, sobre modelos como los que siguieron Israel o Brasil, peca de un desconocimiento de la sociedad y de las urgencias políticas. Ese sayo no le cabe a la Vicepresidenta.
El Banco Central dispone de bonos por unos 7.000 millones de dólares (provenientes de aquel desarme de posiciones de los grandes fondos) y del swap con China por 18.000 millones, con los que podría forzar a la baja la cotización ilegal, reduciendo la brecha. Pero Pesce resistirá todo lo que pueda esa intervención, porque teme que sea la señal de largada de una corrida incontenible que redunde en el efecto contrario al deseado.

¿Caracas o New Jersey?
La contribución extraordinaria sobre las grandes fortunas avanza en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Las páginas y pantallas de la trifecta se han llenado de advertencias apocalípticas, que se resumen en la descripción de una ruta que conduce directo a Caracas, con empresas y personas que huyen de un país sin futuro. Ocupados como estaban en auscultar los crujidos de la República asediada por los vándalos, no tuvieron tiempo de enterarse que el gobernador de New Jersey, el demócrata Philip D. Murphy, acordó con la legislatura aumentar casi un 2 % los impuestos sobre ingresos superiores a un millón de dólares, y una simultánea rebaja de 500 dólares a las familias con ingresos inferiores a 150.000 dólares al año. Igual que Carlos Heller, Murphy proviene del sector financiero, pero no de un banco cooperativo, sino de la banca de inversión Goldman Sachs. «No albergamos rencores contra quienes han tenido éxito en la vida, pero en este momento sin precedentes, cuando tantas familias de clase media y otras han hecho tantos sacrificios, es hora de asegurar que los más ricos entre nosotros también los hagan», declaró, según la edición del jueves 17 del New York Times.
La Conferencia Nacional de Legislaturas Provinciales registró que por lo menos otros ocho estados, entre ellos California, Massachusetts y Nueva York, han considerado propuestas para aumentar impuestos a los residentes de altos ingresos, tal como ocurrió durante la gran recesión de la década anterior: entre 2010 y 2012, diez estados aumentaron los impuestos para equilibrar presupuestos diezmados por la crisis económica. New Jersey es el segundo estado más rico de Estados Unidos. Se espera que el impuesto genere un ingreso de 390 millones de dólares en este año fiscal. La mayor tasa sería pagada por 35.000 contribuyentes. Los republicanos y algunos empresarios dicen que mayores impuestos producirán un éxodo de ciudadanos acomodados, disminuyendo los recursos necesarios para sostener servicios básicos como educación y salud. Pero Murphy obtuvo opiniones positivas del 67% de la población encuestada.
¿Quién está fuera del mundo?

Cada mochuelo a su olivo.
Ni las cacerolas, ni las banderas, ni los bocinazos de autos de alta gama, ni los editoriales furibundos en diarios, televisoras y redes antisociales lograron convencer a jueces y juezas de distintos fueros e instancias de que la República está en peligro y que deben acudir en su rescate. Esa percepción distorsionada de la realidad chocó con los duros hechos y sosegó a los exaltados jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes volvieron cabizbajos a los tribunales para los cuales contaban con propuesta del Consejo de la Magistratura, decreto del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, que es como la Constitución dice que se nombra a los jueces. La pretensión de que ese requisito fuera substituido por lo que sólo ellos y un reducido número de señores y señoras mayores consideran derechos adquiridos que requerían inmediata tutela, fue rechazada por las juezas de primera instancia Macarena Marra Giménez y María Alejandra Bioti, por las cámaras federales en lo Contencioso Administrativo y de Casación Penal y por la Corte Suprema de Justicia. La inversión mediática del sentido no se sostiene por más gestos de indignación que se sumen:
Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a dedo por Macrì para confirmar diversos procesamientos contra Cristina dictados por los jueces Ercolini y Glock, y Castelli para condenarla en el caso del sargento chofer grafómano. Actuaron como las comisiones especiales fulminadas por el artículo 18 de la Constitución.
Lo que el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado hicieron ahora no es más que remediar este atropello y proceder según el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, que indica los poderes que deben concurrir para que la designación de un juez sea válida.
Además de los fallos históricos de 1930 y 1958 y de la lapidaria opinión de Hamilton recordados aquí hace dos semanas, tampoco los fallos posteriores a la reforma constitucional de 1994 son auspiciosos para los rebeldes del Estado Libre Asociado de Comodoro Py. El 23 de mayo de 2007, en el caso Rosza, Carlos Alberto, y el 21 de abril de 2015 en Aparicio, Ana Beatriz, la Corte reiteró que no hay forma de eludir la prescripción del artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Mientras se discutía la Constitución de Estados Unidos, Hamilton escribió en El Federalista que el acuerdo del Senado para los jueces «sería un excelente freno para el espíritu de favoritismo del Presidente y tendería grandemente a evitar el nombramiento de personajes ineptos». La República Autónoma del Cuarto Piso transcribió que «el acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial, pero también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas. El Senado -enseña Estrada- presta o no su acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las cualidades y méritos requeridos».
La estrategia de victimización consta en uno de los mensajes que Macrì intercambió con su secretario Darío Nieto y fue tratada hace dos meses en un encuentro con el ex presidente en su quinta Los Abrojos, convocada por su ex ministro de Justicia, Germán Garavano. Asistieron los consejeros de la magistratura por la oposición Juan Manuel Culotta, Pablo Tonelli, Ricardo Recondo y Juan Pablo Más Vélez. En forma remota se conectaron las consejeras Silvia Giacoppo y Marina Sánchez Herrero.
Si había algo para discutir, Castelli, Bruglia y Bertuzzi desperdiciaron la ocasión, al negarse a hacerlo ante la Comisión de Acuerdos del Senado que los citó. ¿Habrá entendido el gran valedor de todas las operaciones contra CFK, que se agotó el margen para esas jugadas y que, si tuvieran éxito, no sería él su beneficiario?