Muy necesaria, y sin demoras

Apenas asumió, Alberto Fernández anunció que promovería una reforma judicial, para terminar con una Justicia «contaminada por servicios de inteligencia». A diez días del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, esa reforma no puede postergarse.
IRINA SANTESTEBAN
En su discurso de asunción el 10 de diciembre de 2019. AF habló de «procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos», y prometió enviar al Parlamento un conjunto de leyes para una reforma integral del sistema federal de Justicia. Recientemente aclaró que no iba a «remover jueces» ni a sacarles causas.
No es el presidente el encargado de la remoción de los jueces, ya que éstos, según el art. 115 de la Constitución Nacional, sólo pueden ser destituidos por un jury o jurado de enjuiciamiento por las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. El jury se integra por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal, y sus fallos son irrecurribles.
Respecto al nombramiento de los jueces y juezas, el órgano encargado de su selección para la aprobación de los pliegos por parte del Senado, es el Consejo de la Magistratura, que debe ser integrado «periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal», además de otras personas «del ámbito académico y científico» (art. 114, C.N.).
Así, estos organismos tienen una fuerte composición corporativa, ya que están integrados por abogados, jueces, diputados y académicos del Derecho, elegidos por sus respectivas asociaciones, sin intervención directa de la población, salvo a través de los legisladores.

«Lawfare».
Tal como lo denunció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando declaró en la indagatoria por el proceso de la obra pública, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, el Poder Judicial ha actuado como ariete para la persecución de funcionarios políticos y judiciales considerados opositores. En agosto de 2018 fue destituido el juez en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, Luis Arias, por causales que nada tenían que ver con «mal desempeño» en sus funciones sino por decisiones que habían disgustado al entonces presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Arias había fallado en contra de los tarifazos en los servicios públicos impuestos por Macri y su ministro Aranguren, y también había resuelto que los docentes no debían recuperar los días de paro, como pretendía el gobierno bonaerense. Antes, durante el gobierno de Daniel Scioli, también había cuestionado las cifras de los fallecidos en la inundación que sufrió La Plata en febrero de 2013.
La «causa de los cuadernos», considerada por el periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, como la «más importante de la historia judicial argentina», basada en fotocopias de las que nunca aparecieron sus originales, y en testigos que fueron presionados para declarar en el sentido que pretendían el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, es quizás la que mejor demuestra lo que puede hacer un Poder Judicial manejado por el poder político, junto a las corporaciones económicas y mediáticas.
El exvicepresidente Amado Boudou fue condenado en la causa Ciccone, por la declaración del testigo Alejandro Vandenbroele, quien actuó como «imputado colaborador» y fue incluido en el programa de Protección de Testigos. Según el sitio web «El Destape», Vandenbroele habría recibido 2 millones de pesos, con lo cual su declaración podría ser invalidada. Sin embargo, el Tribunal Oral Nº 4 que condenó a Boudou, rechazó el planteo de su defensa para anular el proceso que culminó con su condena a cinco años y 10 meses, la que todavía no está firme pues fue recurrida ante la Corte Suprema.
Estas causas, como las que se le siguieron a Milagro Sala (supuestas amenazas, instigación de «escraches» en los que no estuvo presente), ocuparon durante semanas las primeras planas de los diarios durante el macrismo. De esta forma, la opinión pública reforzaba la idea de que esas personas se «habían robado todo», sin analizar críticamente lo tendencioso de esos titulares ni lo endeble de las acusaciones judiciales. La dirigente jujeña, lleva más de cuatro años detenida.

Reforma judicial.
Es saludable que el presidente haya reconocido la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial. Yendo un poco más allá, también será necesaria una Reforma Constitucional a través de una Asamblea Constituyente que modifique, por ejemplo, la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, para democratizar su composición y dar mayor participación a la ciudadanía. Es que los jueces que ese organismo designa nos interesan a todos y todas, ya que cualquier persona puede ser juzgada por ellos.
No es bueno que se demore la implementación de esta reforma judicial, prometida por el presidente, pero si fuera cierto que dicha reforma la estarían redactando Gustavo Béliz y el nefasto fiscal José María Campagnoli, sería «peor el remedio que la enfermedad».
No se puede negar tampoco la existencia de presos y presas políticas, tampoco asegurar que es un tema que «debe resolver la Justicia». Esta misma Justicia los encarceló y en muchos casos, convalidó los procedimientos contra derecho, las detenciones arbitrarias y las humillaciones al ser encarcelados, como la que sufrió Boudou.
Si la Corte Suprema no toma el asunto con la gravedad y celeridad que se espera, y mientras se aprueba una reforma judicial, tan necesaria, el presidente y la vicepresidenta deberían impulsar una ley de amnistía para estos detenidos, que apruebe el Congreso y libere a los presos y las presas políticas.