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No harán seguridad interior

REFORMA EN LAS FUERZAS ARMADAS

El gobierno derogó los decretos macristas que habilitaban a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior. El ministro Agustín Rossi anunció una reforma.
IRINA SANTESTEBAN
El Decreto Nº 1691/2006, firmado por las entonces presidenta Cristina Fernández y ministra de Defensa Nilda Garré, dispuso que las Fuerzas Armadas son el «Instrumento Militar de la Defensa Nacional», y su misión principal es la de «conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales de la Nación, cuales son los de su soberanía, independencia y autodeterminación, su integridad territorial y la vida y libertad de sus habitantes».
Durante el gobierno de Mauricio Macri se firmaron los decretos Nº 683/2018 y 703/2018, imponiendo una reestructuración militar y estableciendo que las FFAA podían ser empleadas «en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».
Al excluir el concepto «estatal» de la agresión externa, e incluir específicamente que podían actuar para el combate contra el «narcotráfico y el terrorismo», se produjo un cambio profundo, hacia una concepción militarista de la seguridad interior. Desde la recuperación de las instituciones democráticas en 1983, el rol de las FFAA en relación a la seguridad interior fue fruto de intensos debates, sobre todo luego de la actuación de los militares durante la vigencia del terrorismo de Estado que dejó 30.000 desaparecidos. Por ello, los decretos de los gobiernos kirchneristas específicamente excluían a las FFAA de esas tareas.

Agresión exterior estatal.
Ahora, por decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Defensa Agustín Rossi, se dispuso volver a las disposiciones vigentes durante los gobiernos kirchneristas. Estos sostuvieron que las agresiones de origen externo contra las cuales están facultadas a actuar las FFAA, son las que implican «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».
El ministro Rossi anunció además que en seis meses se dará a conocer una reforma militar que pretende cambiar el alineamiento automático con los Estados Unidos que tenía el gobierno de Macri, y que su gestión apunta a militares que «tengan bien definida la diferencia que hay entre tareas de defensa y aquellas de seguridad interior».
El decreto 571/2020 dispone un plazo de seis meses para elaborar una reforma militar que fije «una nueva directiva de política de Defensa Nacional», que deje bien encuadrado que «la defensa nacional no es seguridad interior como estaba establecido en la última etapa de Macri donde todo era muy difuso».
Es que con los decretos de Macri-Aguad se podría considerar como una «agresión externa» a un cartel del narcotráfico o a un grupo considerado «terrorista», para cuya represión estaban facultadas las FFAA. Por ello, según Rossi, en la nueva reforma militar se resaltará que éstas sólo podrán actuar ante ataques de «acciones militares estatales externas».
Es muy positivo que el gobierno de AF impulse este cambio en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, promoviendo un consejo federal para la defensa de América Latina. Claro que con gobiernos como los de Brasil, Chile, Colombia, y permaneciendo todavía Argentina en el Grupo de Lima, esa regionalización para la defensa puede no ser tan buena. En particular si vemos el nefasto papel que le cupo a la OEA en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, en noviembre de 2019, sin que se haya activado ningún sistema de defensa del sistema democrático en los países de la región.
En relación a Venezuela, Rossi expresó que el gobierno ha abandonado la posición anterior de considerar al gobierno de Nicolás Maduro como una «amenaza», tal la política impulsada por Donald Trump desde los EEUU, con bloqueo y ataques permanentes. «La relación de la Argentina con Venezuela es buena y no podemos considerar ese país como una amenaza. Ni siquiera Donald Trump considera hoy a (Juan) Guaidó como un presidente interino de Venezuela. Los problemas de Venezuela se deben resolver en el ámbito de Venezuela y de América latina», dijo el santafesino.

Soberanía.
Según el ministro de Defensa, en la reforma también se prevé que buques militares realicen un mayor patrullaje junto con la Prefectura en aguas de «zona económica exclusiva» del Mar Argentino, pero sin meterse en las áreas en disputa con Gran Bretaña en las islas Malvinas. En ese tema, Rossi aclaró que Argentina insistirá en «mantener en alto la potestad y defensa de la soberanía argentina en las islas Malvinas».
Estaría muy bueno entonces que desde el ministerio de Defensa se promoviera el cumplimiento de las leyes llamadas «Gaucho Rivero» que tienen las provincias argentinas cuyas costas dan al Atlántico Sur. Esas normas, si bien son provinciales, atañen al interés nacional, pues además de reafirmar los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, prohíben la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina (art. 1 ley 852/11, pcia. Tierra del Fuego).
El periodista y navegante Juan Antonio Franklin «Tony» López, miembro fundador de la agrupación Resistencia Malvinas, había denunciado antes de morir, de manera reiterada, la violación sistemática a esas leyes por parte de embarcaciones británicas en puertos de nuestro sur argentino.
El robo de nuestras riquezas petroleras en áreas marítimas adyacentes a las islas también debe entrar en el debate y revisión.