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No hubo usurpación, como mintió Benetton

FALLO HISTORICO PARA LA NACION MAPUCHE

La jueza de Esquel, absolvió a siete integrantes de la Pu Lof Cushamen, de los delitos de usurpación y robo de ganado, en una causa iniciada por la denuncia del magnate Luciano Bennetton.
IRINA SANTESTEBAN
En marzo de 2015 los integrantes de la Pu Lof de Cushamen, en Chubut, iniciaron un proceso de recuperación de sus territorios ancestrales, ocupando una pequeña porción de las extensas posesiones de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, hoy propiedad del italiano Bennetton. Es la continuidad de «The Argentinian Southern Land Company Limited», fundada en Londres el 1 de mayo de 1889 para administrar las posesiones de ingleses, que habían recibido tierras como parte de pago del Estado Argentino a la Corona Británica por haber financiado la campaña «Conquista del Desierto» entre 1878 y 1885. Hasta ese momento, en esas tierras vivían pueblos originarios, entre ellos el pueblo mapuche.
Por esos hechos, Benetton denunció ante la Justicia a la comunidad mapuche Pu Lof, y fueron procesados y enjuiciados el lonko Facundo Jones Huala, su hermano Fernando, Andrea Millañanco, Matías Santana, Sergio Ruiz Huenchupan, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala. El juicio oral comenzó a fines del año pasado y el lunes 18 se dictó sentencia, en la que se absolvió a todos los imputados de los delitos de abigeato (robo de ganado), usurpación y tenencia de armas.

Reconocimiento.
Por primera vez, un fallo judicial reconoce la historia y el derecho de los pueblos originarios, al declarar que «no existe delito» de usurpación de territorios, por ser una cuestión «no judiciable». La jueza le ordena al Estado argentino que establezca una mesa de diálogo, en un término no mayor a 90 días, para resolver por la vía política el conflicto de intereses planteado entre la Pu Lof y quien dice ser dueño de esos territorios.
Tanto para la comunidad mapuche como para los organismos de Derechos Humanos de Chubut, es histórico que el Poder Judicial reconozca y aplique el derecho indígena.
El año pasado, en una entrevista telefónica con LA ARENA, Andrea Millananco, compañera de Facundo Jones y una de las absueltas, se quejaba de la «ignorancia» de los jueces «huincas», hacia la cultura, el lenguaje, las costumbres y la espiritualidad de su pueblo. «No tienen idea de lo que pedimos, no cumplen con la Constitución Nacional ni con el Convenio 169 de Naciones Unidas, que ordenan al Estado Argentino a respetar nuestra cultura».
Es un gran logro para esta comunidad que una jueza dicte una sentencia reconociendo el derecho que les asiste, hasta el momento negado.

Persecución y represión.
Pu Lof fue objeto de persecución, allanamientos, represión y detenciones, que a pesar de las denuncias, nunca fueron atendidas por las autoridades judiciales. Por el contrario, eran los mapuches los criminalizados y detenidos.
También se ocupa de este tema la jueza Estefanía, cuando ordena en la sentencia, que se investigue la actuación del fiscal Oscar Oro y el juez Guido Otranto, así como el personal policial que actuó en desalojos violentos contra la comunidad, en los que fueron golpeados mujeres y niños, y destrozadas pertenencias de las familias que vivían en los territorios en disputa.
Una consecuencia de ese accionar violento, fue la muerte de Santiago Maldonado, quien desapareció en 2017, huyendo de la Gendarmería junto a un grupo de jóvenes con quienes estaba cortando la ruta por el reclamo territorial de la comunidad mapuche. Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esos jóvenes eran «terroristas» y Santiago «se ahogó» en el río, negando cualquier responsabilidad de la Gendarmería. «No voy a tirar un gendarme por la ventana», dijo en el Congreso cuando fue convocada por la desaparición de Santiago.
Sin embargo, la sentencia pone en evidencia la mentira del discurso oficial, que avaló la represión y hasta las muertes de jóvenes como Santiago y Rafael Nahuel, este último de la comunidad Lafken Winkul Mapu, asesinado de un balazo en la espalda, en el marco de un operativo represivo del Grupo Albatros, de la Prefectura.

Patagonia trágica.
Como ocurriera hace 100 años, en la rebelión de los trabajadores rurales de la Patagonia, reprimida a sangre y fuego por el ejército a pedido de los terratenientes, en la acusación contra los mapuches varios policías declararon que habían sido presionados por «La Compañía» (de Benetton) para cargar contra la Pu Lof, incluso para detener al lonko Jones Huala, hoy preso en Chile luego de haber sido extraditado por el gobierno de Macri el año pasado.
Antes los peones, hoy los mapuches, pero del otro lado los mismos sectores: los empresarios rurales patagónicos que exigieron el desalojo de la comunidad Pu Lof, por haber osado «ocupar» una porción de sus extensos territorios. Hoy una sentencia judicial dictaminó que no hubo usurpación, y que el pueblo mapuche tiene derecho a negociar su legítimo derecho a la propiedad ancestral sobre la tierra.
Para Bullrich la sentencia fue un durísimo golpe a su estrategia de mostrar a los mapuches como «terroristas», en consonancia con los deseos de la embajada de Estados Unidos, que califica de «nuevas amenazas» a las comunidades indígenas, según un informe de 2015 citado por Sebastián Premici (Página/12, 19/03/2019).

Memoria y actualidad.
Es muy bueno que este fallo salga a pocos días de conmemorarse otro aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo, a 43 años de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Es que la defensa de los Derechos Humanos no debe limitarse a la exigencia de juicio y castigo a los genocidas, sean militares o civiles; o a contrarrestar las teorías negacionistas, sobre el número real de los desaparecidos.
La vigencia plena de los Derechos Humanos en una sociedad democrática exige que se respeten los derechos de todos los habitantes, entre ellos el legítimo reclamo de los pueblos originarios, como el mapuche, por sus territorios ancestrales. No se puede mirar para otro lado cuando se denuncia la discriminación y el maltrato que sufren estas comunidades en todo el territorio nacional, sometidas a condiciones de vida deplorables, sin agua potable, sin alimentos, sin trabajo, y corridos de sus territorios por los que se reclaman los «dueños de todas las cosas».
La sentencia marca algo importante para el Poder Judicial. La jueza Estefanía muestra que no todo es «Inodoro Py», y que todavía hay magistrados que honran la función para la que fueron seleccionados, impartiendo justicia.
Es de esperar que no sea denunciada por el ministro de Justicia Germán Garavano, como ocurrió con el juez Alejo Ramos Padilla, y con otros jueces que fueron destituidos por haber osado dictar sentencias que no fueron del gusto del gobierno nacional. Ese que prometió hace 4 años que iba a respetar a la «Justicia independiente».