Nuevo reto de la ONU al gobierno

Un nuevo tirón de orejas le llegó al gobierno nacional desde las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del organismo internacional ratificó en todos sus términos su crítico informe anterior sobre el encarcelamiento irregular de Milagro Sala y si bien esta nueva visita no se centró en ningún caso en particular su opinión sobre el país fue categórica.
“Si una persona en la Argentina es pobre, indígena, migrante, parte de la comunidad LGBT o simplemente un niño, tiene más probabilidades de ir presa que cualquier otra. Una vez que es detenida, además, son altas las chances de que quede aprehendida por más tiempo que lo debido por un exceso en la aplicación de la prisión preventiva”. Tal es la conclusión expuesta en el informe preliminar del organismo relacionado con la situación de las personas privadas de libertad.
La calificación de “selectiva” dirigida a la administración de justicia agrega una nueva mácula -y de una magnitud que el gobierno no parece advertir- al desempeño de la Argentina en el plano internacional. Como es fácil advertir este informe es la respuesta a la torpe actitud del gobierno que, si por un lado maniobró para evitar o disimular aquella visita por otra trató de hacer equilibrio político para con las fuerzas reaccionarias al solicitar que la comisión recibiera a los familiares de militares presos por delitos de lesa humanidad, torpeza que mereció una respuesta negativa del organismo internacional.
La comisión pasó diez días en nuestro país visitando cárceles, a las que criticó por su estado y cuestionó las comisarías como lugares de detención prolongada; también dialogó con miembros del gobierno y la oposición. Cuestionó al sistema judicial por la enorme cantidad de personas con prisión preventiva, mencionó la vulnerabilidad de algunos colectivos sociales y deploró la represión a las manifestaciones de protesta de los pueblos originarios.
El gobierno se vio en la obligación de invitar a este grupo de trabajo de ONU después compartir varios errores con el gobernador de Jujuy en el caso de la presa política Milagro Sala. El cuerpo de expertos había sido terminante al respecto al calificar la prisión de la líder indígena como “arbitraria” y cuestionar sus condiciones de encierro. El informe completo se presentará el año próximo ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; el lapso a transcurrir hasta entonces quizás atempere el mal trago que implica para el gobierno argentino, pero hay que considerar que también contiene duros cuestionamientos a la acción de la policía y al tratamiento brindado a los presos.
Ante semejante nivel de críticas, y la autoridad de quiénes las emiten, hasta ahora la respuesta oficial ha sido el silencio y una tímida recomendación al Poder Judicial para que acelere los procesos y tome nota del informe del organismo. Resulta evidente que el gobierno está pagando un alto precio por su soberbia y desprecio por la ley cuando no conviene a sus intereses. El ámbito internacional -ése que tanto citan los funcionarios- exige el cumplimiento de los pactos y convenciones que se comprometió a respetar el Estado nacional, mal que le pese al gobierno.