Obligación del Estado, no sólo de un Ministerio
Miércoles 06 de marzo 2024

Obligación del Estado, no sólo de un Ministerio

Redaccion 07/01/2020 - 21.59.hs

La eliminación de la violencia machista es una obligación del Estado y no sólo de un Ministerio, porque están en juego los derechos humanos de las mujeres e identidades sexuales diferentes.
IRINA SANTESTEBAN
Fue una muy buena noticia que Alberto Fernández haya creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y que haya puesto al frente a Elizabeth Gómez Alcorta. Con una trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y de las Mujeres, como haber sido la abogada de la dirigente jujeña presa hace cuatro años, Milagro Sala, la ministra anunció que se centrará en «la reducción de las brechas entre los géneros y la lucha contra todas las formas de violencia machista».
En la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof replicó la iniciativa y creó el mismo ministerio, con la dirigente de la Central de Trabajadores (CTA), Estela Díaz.
En ambos ministerios se convocó a referentes del movimiento feminista como funcionarias que tendrán que ponerse al hombro la tarea de lograr mayores avances en la erradicación de la discriminación y las violencias hacia las mujeres.
Para ello, habrá que contar con planes específicos y recursos para su implementación, en una época en la que no habrá presupuestos generosos, ante la inminente negociación por la deuda externa con el FMI. Es de esperar que en esta agenda urgente no haya tales restricciones.

 

Femicidios.
El femicidio es el asesinato de una mujer cometido por un hombre «por odio, desprecio, placer, o por considerarla un objeto de su propiedad», y como tal fue incorporado en el Código Penal en 2012. Así, el crimen de una mujer cuando mediare violencia de género, es un homicidio agravado y tiene la pena de prisión perpetua.
La misión del Estado no puede agotarse en la faz punitiva y castigo de las conductas criminales, pues si se aspira a una sociedad solidaria e igualitaria, la función primordial del Estado debe ser la prevención de esas conductas.
En el caso de los femicidios, la faz preventiva estatal debe acentuarse, porque éstos se cometen casi siempre en el ámbito familiar e íntimo de las víctimas, a manos de varones que son o han sido parejas, cónyuges o novios. Y no afecta sólo a la mujer víctima, sino a todo su ámbito familiar, al dejar a niños, niñas y adolescentes sin madre y a veces sin padre, cuando éste es el victimario y se suicida; o preso con una pena de prisión perpetua. Otras veces, el asesino no sólo se quita la vida sino que mata también a sus hijos, provocando lo que se denomina «femicidios vinculados».

 

Diez años.
El observatorio de Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) dio a conocer el pasado lunes un informe sobre los femicidios durante los últimos 10 años.
Los datos son escalofriantes: desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2019 hubo 2.749 víctimas de femicidios (mujeres de manera directa, travesticidios; mujeres y niñas víctimas de femicidios vinculados); 264 niños y varones víctimas de femicidios vinculados; 3.295 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin madre.
En la mayoría de los casos, las víctimas no habían realizado denuncias anteriores por violencia de género, sólo un 17% promedio lo había hecho, y en algunos casos contaba con algún método de prevención (botón antipánico, medidas de restricción), que no cumplieron con su cometido.
El informe destaca que hubo dos años en los que el promedio de víctimas que habían formulado denuncias previas, fue mayor: en 2015 (20%) y en 2018 (21%), ambos años atravesados por fuertes luchas del movimiento de mujeres e identidades disidentes. En 2015, con las multitudinarias manifestaciones de Ni Una Menos; y en 2018, la inmensa «marea verde» por el Aborto Legal.

 

Pocas denuncias previas.
Apenas ha transcurrido una semana de 2020 y ya se registraron tres femicidios: Inés Carusso, de 56 años en Villa Devoto (CABA), Sabrina Ovalle, de 35 años, en Ituzaingó y Valentina Gallina, de 19 años, en Olavarría, las dos últimas en provincia de Buenos Aires.
El caso de Valentina, cuyo presunto asesino es su novio, era hija de otra víctima de femicidio: Valeria Cazola, asesinada por su pareja, en 2008, a puñaladas. Su asesino fue condenado a 10 años de prisión por «homicidio simple» porque en aquel momento no existía la figura agravada del femicidio.
Valentina era militante, estaba al frente de un espacio encargado de dar contención a mujeres víctimas de violencia de género, que había sido inaugurado el año pasado, con el nombre de Casa Valeria, en homenaje a su madre. Sin embargo, no pudo contener ni erradicar la violencia que sufría su hija. Según los primeros datos de la causa, tenía lesiones de larga data, o sea que fue víctima de violencia de género durante un tiempo; pero el presunto asesino no tenía denuncias en su contra.
El informe también aborda este interrogante: ¿cuáles fueron las dificultades que encontraron las víctimas para realizar denuncias? ¿Cuán efectivo es el Estado para la promoción de las denuncias por violencia de género? ¿Se garantiza realmente el acceso a la justicia de las mujeres, en particular, en los sectores más vulnerables?

 

Tarea por delante.
Este caso y muchos otros, que son rápidamente olvidados por la prensa y la opinión pública, dan cuenta de la gravedad de la situación y llaman la atención al Estado para el abordaje de la violencia contra las mujeres y disidencias. No sólo debe haber un ministerio con buenas funcionarias, es necesario disponer de recursos, presupuesto, diseño de políticas públicas e involucrar también a otras áreas del Estado. No es sólo una tarea de las mujeres, es un problema que nos atraviesa como sociedad y los gobernantes no pueden mirar hacia otro lado.
Para el gobierno nacional la prioridad es el hambre, y está bien que así sea, pero la violencia contra las mujeres es mucho más que una mujer muerta cada 27 horas, hecho de por sí gravísimo. Hay millones de mujeres que sufren la violencia física, verbal, psicológica, económica, etcétera, durante años y años, y muchas de ellas, como Valentina, ni siquiera hacen la denuncia ni buscan ayuda.
En la Argentina, en 2019, hubo 327 femicidios; en 2020, en 8 días ya se conocen 3. ¿Cuántas víctimas más debe haber para que se tome conciencia?

 


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