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Odio político

I. Otra vez la derecha macrista da muestras de violencia -verbal, en este caso- y de muy poco compromiso con las reglas de la convivencia democrática. El documento firmado por las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio referido al asesinato de Fabián Gutiérrez, ocurrido el sábado en El Calafate, es un compendio de acusaciones e inferencias, sin el aporte de una sola prueba, con el único propósito de endilgarle responsabilidad en el hecho al frente político que ejerce el gobierno nacional.
Lo único positivo de este ataque fue la reacción indignada de la mayoría del arco político, incluidas destacadas figuras de las agrupaciones firmantes, que condenaron en los términos más severos el pronunciamiento. Altos funcionarios del gobierno -incluido el presidente de la Nación- y dirigentes de varias agrupaciones partidarias apelaron a los adjetivos más duros para descalificar esta iniquidad a la que muchos no dudaron en designar como «destituyente».

II. La lógica del odio como instrumento de la política es lo que atraviesa esta jugada de la máxima dirigencia del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Nada nuevo. El cemento que unió a esas fuerzas en una alianza electoral para derrotar al peronismo giró en torno de esa emoción. Ya en la campaña electoral, los lineamientos de sus asesores y estrategas y el acompañamiento de los medios aliados mostró que el sustrato común era el odio político; al que no abandonaron ni siquiera cuando ganaron la elección y se instalaron en el gobierno. Al contrario. Ya en el poder redoblaron su apuesta por esa emoción destructiva y desplegaron dosis de violencia institucional inusitadas. La feroz persecución desatada contra la oposición política, gremial y social lo demuestra con creces. Hoy están aflorando en superficie los oscuros mecanismos de espionaje y extorsión que pergeñaron desde lo más alto del poder. Hasta el propio Gutiérrez, en un audio enviado a un periodista, había explicado que ya detenido, lo amenazaron con el encarcelamiento de integrantes de su familia si no testificaba acusando a la expresidenta Cristina Kirchner. Ese mecanismo aberrante se convirtió en una metodología habitual para amedrentar y quebrar voluntades con prisiones preventivas abusivas, condiciones de encierro humillantes y escuchas ilegales de conversaciones con abogados y familiares. Nunca, desde 1983, se cometieron tantos avasallamientos y se violentaron garantías bajo un gobierno constitucional como los ocurridos en el cuatrienio macrista. Son muchas las causas penales en marcha y los testimonios que prueban esos procedimientos antidemocráticos.

III. Con Gutiérrez repitieron la misma estrategia que con Nisman. Hace cinco años, sin pruebas ni escrúpulos, levantaron las acusaciones más disparatadas para inculpar a la entonces presidenta de la Nación, con la complicidad de la prensa porteña, con el único objetivo de demoler su figura. Ni siquiera con las evidencias que aclararon la muerte del fiscal se terminaron los ataques, que siguen hasta hoy.
La derecha vuelve a su juego preferido desde la oposición: desgastar al gobierno sin reparar en límites. La razón es sencilla, para sus representantes el fin justifica los medios. A solo seis meses de asumido, el gobierno de Alberto Fernández tiene enfrente un bloque político, económico, mediático y judicial que está jugando ya sin tapujos para erosionarlo prematuramente. Cualquier excusa le viene bien para disparar sus misiles: la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la quiebra sospechosa de Vicentin, la negociación de la deuda externa (que dejó como pesada herencia el macrismo sin hacerse cargo de sus efectos)… No hay tema que no sea utilizado como un ariete para acorralar al gobierno. Hasta un asesinato sin ninguna connotación política -como lo afirmó el juez a las pocas horas de cometido- es tirado sobre la mesa por estos virus de la democracia.