Otra denuncia de violencia policial

Una nueva denuncia de violencia policial motivó la intervención de la Justicia. Esta vez los hechos ocurrieron en un campo ubicado en cercanías de Telén en donde un peón rural habría sido golpeado por cuatro agentes policiales en el marco de una investigación por violación a la ley de caza. La fiscal de Victorica intervino de inmediato allanando la comisaría telenense para secuestrar documentación y luego visitó el establecimiento agropecuario para conocer el escenario en donde tuvieron lugar los hechos denunciados.
En su presentación judicial el trabajador rural dijo que los policías buscaron obtener a los golpes una confesión para involucrar a otra persona en la comisión de un delito. Esa otra persona es un conocido suyo quien, a su vez, formuló declaraciones públicas expresando su temor por el accionar de los uniformados a partir de un incidente que protagonizó meses atrás.
Dos funcionarios provinciales, el ministro de Seguridad y el subsecretario de Derechos Humanos, consultados por este diario se mostraron preocupados por el tenor de la denuncia y destacaron la rápida intervención de la fiscal.
En los últimos tiempos, y especialmente a partir de la declaración de la cuarentena social por causa de la pandemia de Covid-19, la policía pampeana viene siendo objeto de continuas denuncias que tienen un denominador común: el uso de violencia desproporcionada en el desarrollo de sus operativos. Lo llamativo es que estas voces de alarma se han escuchado en diferentes puntos de la provincia: Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex, General Acha, Vértiz… Y ahora se suma Telén a esta lista nada recomendable.
También el origen de las denuncias han sido múltiples: sindicatos, el Movimiento Pampeano por los Derechoa Humanos, partidos políticos, diputados de la oposición y del oficialismo, particulares… La cantidad de presentaciones motivó incluso que una diputada de la oposición propusiera la habilitación de una línea telefónica gratuita para facilitar la tramitación de las denuncias. En tanto el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas confirmó días atrás que existen dos docenas de denuncias radicadas en el organismo que están siendo evaluadas para determinar las acciones a seguir.
Al momento de escribirse estas líneas aún no se habían adoptado medidas contra los agentes involucrados en tan grave acusación. La última sanción disciplinaria conocida ante hechos de violencia institucional fue la separación de cuatro uniformados de la Alcaidía de General Acha, en donde un detenido, acusado de violar la cuarentena social, debió ser internado en el hospital a causa de las graves heridas que presentaba.
La reiteración de estos episodios violentos genera inquietud en la sociedad y provoca dudas acerca de la formación que reciben los agentes en virtud de que ya no se pueden considerar hechos aislados. Además la circunstancia es oportuna para recordar, una vez más, que la institución policial todavía está regida por una normativa de la última dictadura, una vieja deuda que no saldaron los sucesivos gobiernos que pasaron por nuestra provincia desde 1983 hasta hoy.