Otra investigación contra el clan Macri

Dos históricos gerentes de las firmas familiares fueron citados a indagatoria. El propio presidente, Angelo Calcaterra y Nicolás Caputo, están en la mira judicial.
FRANCO MIZRAHI
Una nueva investigación apunta a la empresa Iecsa, una de las firmas insignia del Grupo Macri, que el clan familiar decidió traspasar al empresario y amigo presidencial Marcelo Mindlin por la cantidad de escándalos que sumó en tribunales en el último tiempo.
La compañía -bautizada Sacde desde que pasó a manos de Mindlin- está siendo investigada por la forma en que se le adjudicó durante el kirchnerismo las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, junto a Isolux, compañía con la que conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE). Las maniobras irregulares se extendieron durante el gobierno macrista, lo que motivó la apertura de otro expediente paralelo al de la obtención de las obras. Según se denunció en sede judicial, Iecsa e Isolux recibieron una millonaria indemnización por la rescisión del contrato que decidió el presidente Mauricio Macri, a pesar de que las obras no estaban terminadas. Uno de los beneficiados de aquel pago fue el primo Angelo Calcaterra. El negocio fue redondo para el clan: la central Brigadier López fue comprada por Central Puerto del empresario Nicolás Caputo, el "hermano del alma" de Macri, que si bien ganó la licitación todavía no pagó.

La adjudicación.
Los presuntos delitos que salpican a Iecsa están siendo analizados en una causa donde se investiga la gestión de Energía Argentina SA (Enarsa), hoy Ieasa. Se trata de una investigación que impulsa el juez federal Sebastián Casanello quien resolvió citar a indagatoria a Espinoza y a Santiago Pierro -también fue funcionario de Enarsa- y a los empresarios Juan Carlos de Goycoechea Puente, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Kademian, Osvaldo Macías y Santiago Ramón Altieri. A los siete se les decretó la inhibición general de bienes.
Sánchez Caballero y Altieri fueron los gerentes históricos de las empresas del Grupo Macri y también están involucrados en otros expedientes donde Iecsa quedó en la mira por el supuesto pago de sobornos como el soterramiento del tren Sarmiento, donde la firma de la familia Macri fue señalada como la encargada de canalizar los pagos ilegales. En ese caso, en el que Sánchez Caballero está procesado, conformaba una UTE con la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella y Comsa.
Para Casanello, "a partir de las diversas medidas realizadas hasta el momento se conformó un marco de sospecha tal que justifica el llamado a indagatoria". De acuerdo a la prueba que reunió el juez, las contrataciones estuvieron previamente direccionadas y "la licitación pública fue tan sólo una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados". La UTE Isolux-Iecsa fue la única que se presentó para realizar esas obras.
La maniobra se repitió con la dos centrales y consta de "un mismo patrón de direccionamiento y mayores costos". El mecanismo consistió en ampliar de modo directo las obras, alterando los principios que rigen ese tipo de contrataciones. Así, distintas adendas se convirtieron en "contrataciones directas", impulsadas por Enarsa, e implicaron importantes ventajas para las adjudicatarias, que no tuvieron competencia.
En la misma resolución en la que Casanello definió las citaciones a indagatoria reclamó a su par Claudio Bonadio copias certificadas de las declaraciones brindadas por Angelo Calcaterra y de los mentados Sánchez Caballero (Iecsa) y De Goycoechea (Isolux) en la causa de las fotocopias de los cuadernos. También requirió "los acuerdos de colaboración que hubieren celebrado".

Las obras.
El llamado a licitación para el levantamiento de las centrales por parte de Enarsa se realizó el 19 de julio de 2007. Era para la contratación del proyecto, construcción, puesta en marcha, supervisión de la operación y mantenimiento bajo la modalidad "llave en mano" de cinco centrales termoeléctricas. Solo fueron adjudicadas dos: Ensenada de Barragán y Brigadier López (Santa Fe).
El monto estipulado en el presupuesto oficial para la primera central era de 1.237.309.646 pesos más IVA pero se adjudicó por 1.508.721.824. Luego se celebraron seis adendas al contrato. Se cuestionaron tres. Todas, representaron en total un 45,15% del monto del contrato original y, conforme la opinión del cuerpo de peritos consultados, debieron ser comprendidas en el contrato inicial. En lo que respecta a la obra que se levantó en Santa Fe, el presupuesto era de 711.453.046 pesos más IVA y se adjudicó por 1.016.046.897. En este caso se cuestiona una adenda que representó un 10,97 % extra de dinero.
Ninguna de las dos centrales se terminaron aunque están activas, funcionando, pero a una capacidad menor que la de su potencial.

Otras irregularidades.
El caso de las dos centrales compromete al presidente Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios porque excede a la adjudicación de las obras. Una denuncia que impulsaron diputados del Frente para la Victoria apunta a la venta a precio vil de ambas centrales a allegados del jefe de Estado.
El paso previo la "privatización" de las centrales fue la rescisión del contrato de Iecsa e Isolux que decidió Macri, para lo que el gobierno desembolsó en 2016 unos 1.600 millones de pesos, de acuerdo a la presentación de los legisladores nacionales. Se trató de una "indemnización" con el objetivo de cubrir la compra de materiales y otros gastos que habrían tenido las compañías aunque esa erogación no quedó tan clara. En febrero de este año, Brigadier López fue adjudicada a Central Puerto, de Nicolás Caputo.
En la denuncia, los diputados apuntaron contra Macri, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, el actual secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, Alberto Raúl Brusco -director ejecutivo y gerente de Termoeléctricas de Ieacsa y exIecsa-, Adolfo Marcelo Piccinini -gerente de control de proyectos de Ieacsa-, Hugo Balboa -expresidente de Enarsa-, Mario Dell Aqua -presidente de Ieacsa-, Angelo Calcaterra -exdueño de Iecsa-, entre otros, por el posible delito de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Casanello deberá investigar si, además de las irregularidades en la adjudicación de las obras, Macri buscó favorecer a personas de su entorno, en un claro perjuicio al Estado. (Extractado de El Destape).