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Otra vez, terrorismo y corrupción

CULTO A LA IGNORANCIA

El gobierno nacional resistió con firmeza y mesura la presión combinada de Israel y de la rama judía de Juntos por el Cambio por su voto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que una comisión investigadora estudie las posibles violaciones a los derechos humanos.

Por Horacio Verbitsky

Como ocurre cada dos años desde 2013, la infundada acusación de connivencia del Frente de Todos con el terrorismo y los cargos por presuntos actos de corrupción sobrevuelan la campaña electoral. Antes de disiparse, por falta de sustancia, alimentan páginas y pantallas empeñadas en demoler al FdT y su jefatura. Ese juego ya carece de sorpresa, y demasiadas cosas han cambiado desde 2013:
– No está el fiscal general Natalio A. Nisman para impulsarla, como ocurrió con su denuncia contra la entonces Presidenta CFK.
– Donald Trump falló en su intento reeleccionario,
– Christine Lagarde cedió su sitio en el FMI a Kristalina Georgieva, cuya concepción de la coyuntura internacional es muy diferente,
– Joe Biden presta oídos al ala izquierda del Partido Demócrata, y al propio judaísmo de Nueva York y California, cada vez menos ciego en su respaldo a cualquier política decidida en Israel.
– Y allí mismo, acaba de finalizar el mandato del gobierno más extenso de su historia, encabezado por Benjamin Netanyahu, que en su retirada aún puede hacer mucho daño. El hundimiento del principal buque de guerra y el misterioso incendio de una refinería de petróleo de Irán acentúan esas sospechas, que el diario Haaretz parangona con la toma del Capitolio de Washington por una turba de ultraderecha el 6 de enero de este año.
– El nuevo primer ministro Naftalí Bennet es un ex colaborador de Netanyahu, que rompió con él por derecha y no es menos intransigente respecto de los palestinos, aunque la debilidad de la coalición lo obligó a negociar con partidos de centro izquierda e incluso con el primer partido islámico que participa de un gobierno israelí.
Lo único invariable en ese cuadro es el penoso rol de los arietes de Juntos por el Cambio: la DAIA y la ex tantas cosas Patricia Bullrich.

Culto a la ignorancia.

El gobierno nacional resistió con firmeza y mesura la presión combinada del gobierno de Israel y de la rama judía de Juntos por el Cambio por su voto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que una comisión investigadora estudie las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas «por todos los actores», en Israel y en el Territorio Palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, según los términos de la comunicación oficial de la Cancillería a cargo de Felipe Solá. Pese a esa explícita mención a «todos los actores», tanto Israel como la rama judía de Juntos por el Cambio sostienen que la Argentina condena a Israel y no a «la organización terrorista Hamás».
El canciller y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, participaron del encuentro del Presidente Alberto Fernández, quien invitó a conversar a la rama judía de Juntos por el Cambio, encabezada por Jorge Knoblovits, como si representara a algún culto reconocido por el Estado argentino. Tanto no es así que, en diciembre de 2019, el gran rabino sefardí de la Argentina, Isaac Sacca, descalificó el intento de la DAIA y la AMIA de representar al judaísmo, que a su juicio no es una ideología sino una religión. La identificación de su dirigencia con el gobierno del PRO y el rol de querellante contra Cristina quedaron así bajo un potente reflector desde el corazón de la propia colectividad judía argentina, por una de sus más altas autoridades religiosas.
Knoblovits sólo representa al club Hacoaj, donde se reúne la reducida pero ostentosa clase alta judía, de zapatillas con luz de giro y vacaciones en Miami. Es como si el gobierno confundiera al Papa Francisco con el Chiqui Tapia.

Prestidigitación.

Los propietarios del edificio demolido por un atentado con explosivos en 1994, se arrogan la representación de la comunidad judía en el país, cuando en realidad son la expresión de poco más de un centenar de organizaciones sociales, culturales, deportivas, que a su vez responden a los partidos políticos de Israel. Sus autoridades son elegidas por el voto de los delegados de esas instituciones. Knoblovits fue consagrado por 83 votos, contra 41 de Leonardo Jmelnitzky. «Todos cuatro de copas, no representan nada», dice un feligrés del rabino Sacca, que los conoce.
Durante el gobierno de Macrì se adquirieron buques de guerra y aparataje de seguridad e inteligencia en Israel, con la intermediación del traficante Mario Montoto, un ex montonero reconvertido en agente comercial israelí, íntimo de Bullrich, quien viajó varias veces a Tel Aviv en compañía de Waldo Wolff, vicepresidente de la DAIA reconvertido en diputado del PRO y lobbysta proisraelí.
Se presume que viven en la Argentina unos 300.000 judíos, a partir de respuestas censales sobre la religión del entrevistado, cuando el número de practicantes es reducido entre los judíos argentinos. Es la mayor colectividad de Latinoamérica y la séptima del mundo. Un estudio poblacional realizado en 2005 por la consultora Knack para la organización neoyorquina Joint Distribution Committee indicó que «el 61% de los judíos argentinos dejó de asistir o nunca asistió a una institución judía».
Esta reverencia oficial ante una organización tan irrelevante ni siquiera puede justificarse hoy por la simpatía que pueda despertar en la judería estadounidense, que asume posiciones cada vez más críticas hacia el gobierno de Jerusalén. Los mitos antisemitas sobre el poderío de los judíos sobrevuelan esta confusión.

Don Quejote.

Las quejas del gobierno de Israel y de la rama judía de Juntos por el Cambio se produjeron al mismo tiempo, el lunes 31 de mayo. En Jerusalén, el embajador argentino Sergio Urribarri escuchó el reclamo del Director General Adjunto de su Cancillería para América Latina y el Caribe, Modi Ephraim, según quien Israel considera inaceptable el apoyo argentino a una «resolución sesgada que ignora el terrorismo de Hamas y el disparo de 4.300 misiles contra los ciudadanos de Israel». Urribarri ratificó el voto argentino, su apoyo a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (quien entiende que los bombardeos de Israel sobre población civil en Gaza pueden constituir crímenes de guerra) y sostuvo que «la única solución verdadera al conflicto se logrará con el surgimiento definitivo de un Estado palestino independiente, democrático, viable y territorialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y seguridad». Eso es exactamente lo que el gobierno israelí procura impedir desde 1947. Ese proceso sistemático y violento junto con las características del régimen de apartheid que impide considerar a Israel una democracia fue narrado con testimonios de líderes políticos y militares israelíes.
En la Casa Rosada, quien informó luego de la reunión fue el presidente de la rama judía de Juntos por el Cambio. Dijo que la firma del comunicado «ha comprometido la convivencia en la Argentina». No es así. En ningún otro país del mundo, árabes y judíos conviven con mayor naturalidad y respeto. Hace tres lustros, durante el anterior diluvio de bombas israelíes sobre Gaza, miembros de ambas colectividades firmaron una declaración conjunta de repudio (entre ellos Gabriela Massuh, Juan Gelman, Leonardo Favio, Juan Falú y el autor de esta nota, quien también recibió un premio de la Federación de Entidades Árabes por su nota El Niño Gris).

El Memorando.

Knoblovits fue secretario de la DAIA durante la presidencia de CFK. Cuando se firmó el Memorando de Entendimiento con Irán, en 2013, el entonces presidente Julio Schlosser, el vicepresidente Waldo Wolff y Knoblovits recibieron la información del canciller Héctor Timerman antes de que se hiciera pública y elogiaron la decisión. Pero luego de recibir una fuerte recriminación del gobierno de Israel, acudieron a la Justicia, que declaró inconstitucional ese instrumento.
En enero de 2015, la DAIA se alineó con la denuncia de Nisman sobre el encubrimiento a los culpables del atentado en que Cristina, su canciller Héctor Timerman, Carlos Zannini y Juan Martín Mena, entre otros, habrían incurrido con la firma del memorando. A la semana siguiente de su presentación, Nisman apareció muerto, con un disparo en la sien efectuado con la pistola que le pidió prestada a su asesor informático Diego Lagomarsino, con quien compartía una cuenta secreta en un banco de Nueva York, con medio millón de dólares de origen desconocido, que Nisman no había declarado.
La DAIA y la AMIA nunca quisieron que el juez Rodolfo Canicoba Corral indagara a los ex funcionarios iraníes imputados. Quien lo explicitó a los alaridos durante una reunión en la Cancillería fue Knoblovits. «Si Canicoba viaja, tal vez tenga que declarar la falta de mérito de los acusados y eso es inaceptable», gritó, consciente de la escasez de pruebas. En su lugar, postulan el juicio en ausencia, de constitucionalidad más que dudosa. Knoblovits se reunió entonces con el embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, a quien le comunicó su preocupación por el populismo del gobierno, primer paso de una gira por Estados Unidos en la que vinculó a Cristina con un fantástico complot venezolano-iraní. Nisman entregaba a la embajada copia de sus escritos judiciales, antes de presentarlos.
El diario cooperativo Tiempo Argentino recordó un episodio del siglo pasado, en el que Knoblovits fue filmado con una cámara oculta mientras negociaba con un testigo de la causa por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, un cambio en su declaración para perjudicar a Alfredo Yabrán. No llegó a establecerse si Knoblovits ofreció o el testigo pidió plata para falsear la declaración, pero en cualquier caso esto muestra la calaña del operador del PRO en la colectividad judía.
El eje de la denuncia de Nisman fue que, con la firma del Memorando, el gobierno se proponía conseguir que Interpol levantara las alertas rojas que equivalen a un pedido de captura de los acusados. Lo desmintió quien fue entonces el director de Interpol, el ex jefe del servicio secreto que cuida a los Presidentes de Estados Unidos, Ronald K. Noble, quien dijo que por el contrario, la preocupación del gobierno era que se mantuvieran. Además, aclaró que solo el juez podía pedir su levantamiento. Impedir que Noble declarara en la causa se convirtió en un objetivo estratégico de la DAIA y de las otras ramas de Juntos por el Cambio.
La trágica muerte del fiscal, horas antes de la declaración que debía prestar en el Congreso, se convirtió en eje de la campaña electoral de 2015, comenzando con la marcha de los paraguas al cumplirse un mes del hallazgo, de la que participaron Bullrich y el candidato presidencial Maurizio Macrì. Al mismo tiempo, Knoblovits acusó en una sinagoga de Miami a Cristina de haber motivado el «asesinato de Nisman». También participó en esa ciudad de actos con exiliados cubanos anticastristas. Al inaugurar el año judicial 2016, el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentó un video en el que se afirmó que la muerte de Nisman era un crimen impune, cuando nada en la investigación judicial avalaba esa hipótesis. Lorenzetti impulsó el surgimiento de una Asociación de Jueces Federales, que ha vuelto a la vida en estos días para auspiciar una conferencia suya, a quienes ofreció protección si avanzaban contra Cristina.

Las cuentas secretas

Los fondos buitre intimaron al gobierno argentino: o cobraban todo lo que pedían o acusarían a Cristina de connivencia con Irán. Lo hicieron a través de una denominada Fuerza de Tareas Argentina, que colocó solicitadas en los principales diarios del mundo, financiadas por Paul Singer y por Sheldon Adelson, un potentado empresario del juego en Nevada, que bancó las campañas electorales de Netanyahu en Israel y de Donald Trump en Estados Unidos. Desde un diario de su propiedad se transfirieron 280.000 dólares a otra cuenta secreta de Nisman, que se convirtió en el niño mimado de la derecha extrema de Estados Unidos, a la que aportó informes sobre células dormidas de organizaciones islámicas terroristas en Centroamérica, de la que en verdad solo conocía sus playas, que frecuentaba en compañía de jóvenes modelos, a quienes invitaba con los fondos que el gobierno le había asignado para la investigación, tal como denunció antes de su muerte la principal asociación de familiares de las víctimas del atentado, Memoria Activa.
El juez Daniel Rafecas y los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler cerraron la causa originada en su denuncia, por ausencia de delito. Con el asesoramiento del juez de Casación Mariano Borinsky, la DAIA consiguió que la Cámara de Casación validara la reapertura del expediente, por medio de una causa gemela, a cargo del infaltable Doctor Glock. Votaron esa decisión el propio Borinsky y otro asiduo visitante del ya Presidente Macrì, Gustavo Hornos. El abogado y dirigente de la DAIA que presentó el recurso fue Santiago Kaplún, socio de Ramiro Rubinska, casado con Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn es la esposa de Borinsky. Cuando Cohen Sabban debió dejar la conducción de la DAIA, su reemplazante interino Alberto Indij despidió a Kaplún «por llevar a cabo iniciativas inconsultas», como una carta que leyó en audiencia pública ante la Cámara de Casación y que Clarín describió como «impactante y provocadora». Fabulaba que si Daniel Scioli y Carlos Zannini hubieran sido electos Presidente y Vice, la comisión de la verdad contemplada en el Memorándum terminaría de leer en Teherán el medio millón de fojas de la causa en 2026. En octubre de 2017 fue electo Knoblovits, quien asumió en diciembre y dio nuevo impulso a la denuncia.
En 2018, los camaristas de apelaciones Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia pusieron sus ladrillos en esa trabajosa construcción, al sostener que Nisman fue asesinado como consecuencia de su denuncia, en una resolución que no consigue ni siquiera describir cómo se habría cometido el presunto crimen.

La ensalada de Carrió y Bullrich

Por si la conexión iraní-cubano-venezolana denunciada por la imaginativa heroína radical Elisa Carrió no fuera suficiente, Patricia Bullrich denunció en 2016 y 2017 la existencia de una supuesta organización terrorista indígena, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de la que sólo pudo exhibir un revolver oxidado, destornilladores, serruchos y teléfonos celulares vintage. Explicó que era financiada desde Londres.
El jefe de gabinete de Bullrich en Seguridad, Pablo Noceti, quien negoció la entrega de Ibar Pérez Corradi, en la fallida operación que intentó involucrar al ex ministro Aníbal Fernández en la trama del narcotráfico, encabezó el 31 de julio de 2017 en Bariloche una reunión con fuerzas policiales de Chubut y Río Negro para coordinar la persecución de la RAM. Allí dijo que no era necesaria una orden judicial porque sus actividades consisten en delitos de flagrancia. Al día siguiente, sin orden judicial, y bajo la supervisión de Noceti, fuerzas federales de Gendarmería irrumpieron en el lof Cushamen de Chubut y persiguieron hacia el río a las personas que huían, entre ellos el militante anarquista Santiago Maldonado, a quien no se volvió a ver con vida. Dos semanas después fueron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, donde Juntos por el Cambio obtuvo una satisfactoria cosecha legislativa.
Entre las PASO y las elecciones Legislativas, el gobierno dio amplio eco a las declaraciones del ex viceministro de Obras Públicas de Julio de Vido, José López, quien el año anterior había sido detenido con más de 9 millones de dólares en bolsos que intentó dejar en un convento católico. López intentó involucrar a CFK, pero no pudo suministrar ningún elemento de convicción. Pocos días después de las elecciones fue detenido en un operativo espectacular Amado Boudou, sobre quien la prensa adicta al gobierno comenzó a disparar en cuanto asumió la vicepresidencia, para debilitar a Cristina y frustrar la hipótesis de que pudiera sucederla por un solo mandato de cuatro años en 2015. Además, en noviembre fuerzas federales enviadas por Bullrich y Noceti mataron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel y en diciembre el policía Luis Chocobar hizo lo mismo con un joven que huía luego de robar una cámara y apuñalar a un turista. Macrì y Bullrich lo recibieron como un héroe y propusieron incluir en los códigos la presunción de inocencia de la policía en casos semejantes. Un columnista del diario La Nación y de la radio del Grupo Clarín completó el razonamiento, pero aplicado al kirchnerismo: «Miente hasta que se demuestre lo contrario».
La semana pasada la justicia condenó a Chocobar por homicidio, en exceso del cumplimiento del deber, lo que motivó el repudio del ex Presidente y su ministra. En cambio nada dijeron sobre el atentado explosivo contra un local político de La Cámpora en Bahía Blanca. Su selectividad es impecable.

Los suboficiales

Aquellas operaciones también incluyeron la detención de empresarios próximos al ex Presidente Néstor Kirchner, como Lázaro Báez y Cristobal López, el poceo de la Patagonia en busca de dinero enterrado en containers y la aparición de fotocopias de cuadernos escritos por el suboficial del Ejército Oscar Centeno, chofer de otro viceministro de De Vido, Roberto Baratta. La intención fue, fórum shopping mediante, armar una causa fantástica para demostrar que el recién llegado ex gobernador de Santa Cruz les enseñó a los grandes constructores del país cómo debían organizar el deporte de las coimas con la obra pública, que practicaban por lo menos desde antes de que Néstor Kirchner llegara por primera vez a la intendencia de Río Gallegos.
Uno de los compañeros del suboficial Centeno en la Escuela de Ingenieros del Ejército en 1980 y 1981 fue su camarada Jorge Orlando Pacífico, según consta en el Libro Histórico de esa Escuela. Ambos compartieron destino en la sección Arsenales de la Compañía de Servicios de la Escuela. Pacífico fue el denunciante de Boudou. Dijo haber escuchado en un bar que el Vicepresidente estaba cometiendo un delito en la empresa Ciccone, pero no pudo identificar a nadie, porque estaba de espaldas (¡). Pacífico participó en el último alzamiento del ex coronel Mohamed Seineldín. Centeno entregó los cuadernos a otro suboficial, éste de la Policía Federal, Jorge Bacigalupo, un declarado admirador del jefe de la Triple A, comisario Alberto Villar. Él fue quien entregó los cuadernos al diario La Nación, cuyo redactor Diego Cabot combinó con el fiscal Carlos Stornelli, al margen de todos los procedimientos legales, la apertura de una causa en el juzgado del doctor Glock.
Al mismo tiempo, el gobierno de Macrì designó a Hezbollah como organización terrorista, y organizo en Buenos Aires una conferencia sobre… terrorismo internacional, a la que asistió el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Durante sus sesiones se anunció que la Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos crearían un grupo antiterrorista para vigilar la Triple Frontera.
Durante esa visita a Buenos Aires, Mike Pompeo participó en el acto por los 25 años del atentado a la sede de la DAIA Estos fueron algunos de los favores con que Macrì retribuyó el apoyo de Trump para que el FMI le concediera el mayor préstamo de su historia a un solo país, con la finalidad declarada por ambos gobiernos, de asegurar la reelección de Cambiemos. Por Estados Unidos lo dijo el ex delegado de Trump en el Fondo, Mauricio Claver-Carone. Por la Argentina el propio Macrì, en un reportaje con CNN.

Vacunados.

Esto no quiere decir que la adopción de una política independiente enturbie la relación con Washington, pese a la pretensión de la prensa comercial y la oposición chirriante. Esas anteojeras les impiden comprender por qué Joe Biden incluyó a la Argentina entre los países que recibirán parte de los millones de vacunas que Estados Unidos decidió donar para pulir su imagen externa y contrarrestar los avances geopolíticos de China y Rusia. También los sorprenderá que no obstaculice el acuerdo que el gobierno busca con el FMI. El jefe de gabinete Santiago Cafiero, por lo general contenido, zamarreó a la oposición durante su visita al Congreso, cuando dijo que no parecían líderes políticos sino visitadores médicos (por su obsesiva insistencia en las vacunas de Pfizer). Pocas veces se ha visto un lobby tan desenfrenado en favor de una marca comercial (que además impone condiciones que el Estado considera inaceptables) mientras se ningunea el enorme esfuerzo emprendido con éxito por el gobierno para asegurar un flujo creciente de dosis de todas las marcas de calidad disponibles en el mundo, algunas de las cuales comienzan a producirse en la Argentina y permitirán incluso exportarlas.
Los esfuerzos del ministro porteño de Salud, Bernaldo de Quirós, por introducir alguna racionalidad en la discusión acerca de las vacunas, son débiles reparos ante la catarata de golpes bajos de Bullrich y de otras damas de pro, como la contadora Graciela Ocaña y la santona Elisa Carrió, que insisten en llevar sus cuitas a Estados Unidos, porque no creen en el funcionamiento de las instituciones nacionales. Es lo mismo que la oposición viene haciendo desde hace dos siglos, contra Rosas primero, contra Perón después. Imaginan encontrar allí el eco del que aquí carecen con denuncias tan intrépidas como incomprobables acerca del pedido de retornos por la vacuna Pfizer. Es posible cuestionar la tardía reacción del ex ministro Ginés González García, que subestimó la velocidad y la voracidad del virus. Pero no hay un solo elemento que avale una escandalosa denuncia de corrupción. Por una sensata iniciativa de los diputados Massa y Kirchner, el martes el Congreso escuchará a los representantes de todos los laboratorios que negociaron acuerdos con la Argentina, donde la única irregularidad es que ninguno cumplió con los plazos de entrega contratados. No hay país en el que no haya sucedido lo mismo. El fenómeno es tan global como el virus.
El argumento de que la adquisición de vacunas de origen chino y ruso y que el pedido de investigación de los crímenes de Medio Oriente aisla a la Argentina del mundo es risible. Apenas la despega de un bloque minúsculo pero poderoso, aquel que se alineó con Inglaterra durante la guerra de las Malvinas y que se opuso a las restricciones que la Asamblea General puso a los fondos buitre.
La preeminencia de aquellas señoras en el prime time de la telebasura política desasosiega a Horacio Rodríguez Larreta, que es el único dirigente opositor capaz de obstruir la marcha electoral del oficialismo, siempre que los propios no le mordisqueen los tobillos.
El alcalde sabe tan bien como Alberto y Cristina que la unidad de su fuerza es condición sine qua non para sortear los comicios con buenas perspectivas, pero si preservarla implica conciliar con las posiciones de Bullrich, cada día más inclinada al lado Santiago Cúneo de la vida, el escrutinio será decepcionante. Formada a la sombra de su cuñado, Rodolfo Galimberti, Bullrich muda de ideología y de aliados pero no de modos. La política es para ella una carrera de autitos chocadores. La relevancia mediática que alcance es inversamente proporcional a su aptitud electoral, noticia muy alentadora para el gobierno.