Otro cambio para el paladar conservador

En el país que tiene presa a Milagro Sala la burocracia judicial -hoy decirle Justicia sería deshonrar el significado de esa palabra- le concedió a un represor que cometió delitos de lesa humanidad un beneficio que reduce su condena. El ominoso fallo de la Corte Suprema se ampara en una ley derogada en 2001, es decir, antes del proceso judicial y la sentencia al condenado. La resolución, que no fue adoptada en forma unánime sino por tres de los cinco integrantes del cuerpo, cosechó el repudio de los organismos defensores de derechos humanos y de todo el arco político con excepción del macrismo.
Muchas de las voces críticas coincidieron en manifestar que estamos en presencia de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del terrorismo de Estado. No es casualidad que los dos jueces de la CSJ designados por el actual Presidente firmaran la sentencia. Tampoco que los acompañara la única mujer del tribunal en colisión con sus propios antecedentes. Es vox populi que sus ansias de continuar en tan alto cargo después de los 75 años la ha vuelto rehén del Poder Ejecutivo para merma de su prestigio. Estas tres figuras, y sus sombrías circunstancias, son las que protagonizaron esta degradación del rumbo jurídico que venía exhibiendo nuestro país en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Hasta reconocidos juristas que simpatizan con el gobierno fustigaron el fallo y lo calificaron como “un error”.
Un antecedente cercano permitió vislumbrar este golpe de timón. En febrero, el tribunal había resuelto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revertir sus fallos con lo cual desenganchó al país del derecho internacional en la materia. Esa resolución contó con cuatro votos favorables y la solitaria disidencia de Juan Carlos Maqueda quien fijó su postura de acuerdo a la reforma constitucional de 1994 según la cual las sentencias de la CIDH referentes a Argentina “deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias” para la CSJ. Semejante desconocimiento de la Constitución ya mostraba que la defensa de los derechos humanos empezaba a perder relevancia para la máxima jerarquía judicial del país. Hoy, con este fallo, se acelera la decadencia.
Pero este cambio en la trayectoria de la Corte no puede aislarse de las mutaciones políticas y culturales que el macrismo está imponiendo. La tan mentada “independencia” del Poder Judicial, aquí y en el mundo, es una aspiración antes que una realidad absoluta. Y más en un tema de tan alta densidad política como el de los derechos humanos.
Para este gobierno de CEOs de la elite empresarial nunca los derechos humanos fueron agenda prioritaria. Sobran los ejemplos. El despectivo “curro” que enarbolara el hoy Presidente, la caracterización del terrorismo de Estado como una “guerra sucia” o la vileza de poner en cuestión el número de víctimas de la última dictadura han sido los avances más sobresalientes pero no los únicos. Un clima de hostilidad está ganando terreno menoscabando o poniendo en tela de juicio los avances del gobierno anterior como la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final y amnistía y la reapertura de las investigaciones de los crímenes cometidos con la consecuente apertura de los juicios y condenas a los represores. Esa batalla tanto política como cultural se está librando con intensidad. Calificar a los genocidas de “viejitos enfermos” a fin de justificar que salgan de la cárcel común para gozar de la prisión domiciliaria desnuda las intenciones de los estrategas de la restauración conservadora.
Con esta sentencia de la Corte se abre el camino para que centenares de represores puedan salir en libertad. Para los organismos de derechos humanos ése es el objetivo del gobierno, y la CSJ es funcional a sus designios. Todo indica que tienen razón.