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Otro «cambio» para mal

Nunca antes se había vivido semejante nivel de maltrato por parte de un gobierno hacia la oposición en un proceso de organización de un acto electoral desde 1983. El macrismo resolvió ignorar los consensos básicos que se habían construido en estos 36 años desde el retorno de las instituciones: primero, no modificar las reglas de juego durante un año de elecciones; y segundo, convenir entre todos los espacios políticos los cambios que se introduzcan en materia de metodología de control y recuento de votos.
El gobierno de Mauricio Macri decidió, por sí solo y sin consultar a nadie, modificar un sistema de escrutinio que funcionó muy bien y sin reproches durante casi cuatro décadas; y para peor eligió mediante un concurso de precios a una empresa con malos antecedentes internacionales.
Como si no le alcanzara con esas muestras de autoritarismo, no cumplió con la resolución de la Cámara Nacional Electoral que estableció un plazo de al menos 30 días antes de un comicio para que todos los partidos políticos accedan a los datos esenciales de los programas informáticos que se introduzcan. El código fuente del nuevo software que elaboró la poco confiable compañía Smartmatic nunca estuvo a disposición de las fuerzas opositoras.
La Justicia electoral procedió en forma pasiva, dejó avanzar un proceso irregular sin ponerle límites a un Poder Ejecutivo avasallante que nunca tuvo en cuenta los fuertes reclamos de la oposición. El amparo presentado esta semana no tiene tiempo para ejecutarse, por lo cual la jueza federal con competencia electoral resolvió nombrar veedores judiciales y peritos.
Asociaciones y profesionales vinculados a la informática alertaron sobre 46 vulnerabilidades en el programa de la empresa Smartmatic. Esa fragilidad del sistema lo hace pasible de recibir ataques de hackers que podrían afectar su eficacia para presentar los resultados en forma confiable y transparente, los dos requisitos fundamentales de cualquier escrutinio electoral por encima de la velocidad para dar a conocer los resultados, la obsesión que enarbola el oficialismo.
Esa advertencia debió ser escuchada tanto por el gobierno como por la justicia electoral a fin de retornar, con tiempo, al sistema tradicional que funcionó casi cuatro décadas sin problemas. Pero ello no ocurrió, y las únicas respuestas que se escucharon desde el oficialismo fueron -como ya nos tiene acostumbrados- eslóganes del tipo: «van a ser los comicios más transparentes de la historia». El marketing del optimismo a todo vapor.
Otra vez queda al desnudo el supino desprecio por el consenso por parte de quienes no se cansan de hablar de consenso y república. De ahí que quienes pretendieron ver en la Alianza Cambiemos una «derecha moderna» o «democrática» hoy deben hacer mucho esfuerzo para mantener esa opinión.
Es cierto que se trata del escrutinio provisorio, y que el general estará a cargo, como siempre, de la justicia electoral en base a la documentación en papel que es la única cien por ciento confiable. De todos modos es injustificable este enchastre institucional que no hace más que avalar las sospechas de fraude que el propio gobierno ayudó a instalar.