Otro escándalo de la Justicia macrista

Una reciente denuncia presentada por la Inspección General de Justicia puso de manifiesto, una vez más, las groseras irregularidades que tuvieron lugar en buena parte del Poder Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. El titular del organismo, Ricardo Nissen, pidió lisa y llanamente la anulación del fallo del juez Andrés Guillermo Fraga que desligó al ex presidente de las investigaciones abiertas por las denuncias conocidas como los Panamá papers.
El titular de la IGJ expresó que todo el trámite judicial, con la intervención de varios jueces y fiscales, estuvo plagado de maniobras sospechosas que apuntaron a desligar a Macri de las empresas off shore Fleg Trading y Kagemusha. También mencionó que uno de los operadores más renombrados de la «mesa judicial», Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, cumplió un rol clave para que el ex presidente terminara desligado de las causas abiertas contra él por omisión maliciosa y enriquecimiento ilícito ya que nunca había declarado esas empresas radicadas en guaridas fiscales.
Como se recordará, la estrategia de Macri fue culpar a su padre de haberlo designado en una de las off shore sin su consentimiento, y afirmar que él no tenía vínculos ni había recibido dividendos.
El titular de la IGJ señaló que hubo falencias en todo el procedimiento judicial y afirmó que Macri consiguió una «sentencia express» dictada «a medida» de sus intereses basada en «documentos y pruebas unilaterales». Y añadió que de la documentación reunida en el proceso «no surge la ajenidad del ingeniero Macri respecto de las sociedades off shore» sino, por el contrario, queda establecida su estrecha vinculación.
Con estos y otros argumentos Nissen se presentó ante los tribunales pidiendo que el fallo absolutorio sea anulado bajo el proceso de «cosa juzgada írrita».
Los Panamá papers fueron parte de una resonante denuncia presentada por un consorcio internacional de periodistas que en varios países desató procesos judiciales contra altas figuras de la política al revelarse que tenían relaciones no declaradas con empresas ocultas en guaridas fiscales. Hubo resonantes renuncias en España, Gran Bretaña, Islandia, Pakistán, Malasia, entre muchos otros.
En Argentina las revelaciones no tuvieron los mismos alcances que en otros países porque el periodista vinculado al consorcio internacional pertenece al diario La Nación. Medios europeos no se privaron de señalar que en Argentina ese periódico junto a Clarín y otros no publicaron todas las informaciones obtenidas por los investigadores con el fin de «cuidar» la imagen del ex presidente.
Al blindaje mediático de Macri se sumó el judicial. De ahí que lo que en principio apuntaba como un escándalo mayúsculo de ocultamientos de bienes y evasión tributaria en guaridas fiscales se diluyó en otras líneas informativas. Además, el macrismo pergeñó de inmediato una estrategia mediática: la espectacular detención del empresario Lázaro Báez en un aeropuerto plagado de cámaras de TV y periodistas; la cortina de humo perfecta para sacar a Macri del centro de la escena de los Panamá papers y desviar la atención para otro lado.