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Pampeanos en la mira de espías

Esta vez le tocó a La Pampa ser escenario de una operación de espionaje con el objetivo de embarrar a opositores al gobierno nacional. Y de nuevo estuvo la Agencia Federal de Inteligencia, junto a dos fuerzas de seguridad nacionales como la Policía Federal y la Gendarmería, involucrada en la maniobra.
Si hay rasgos del gobierno de Mauricio Macri que quedarán en la memoria de los argentinos, además de la devastación socioeconómica del país, será su pasión por espiar a opositores con el fin de obtener réditos políticos con esas tareas. El entramado que se descubrió hace casi un año con la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio permitió conocer que bajo el actual gobierno se armó una red de espionaje y extorsión de figuras políticas y empresarios integrada por altos funcionarios nacionales con rango de ministros, jueces, fiscales, expolicías y espías en funciones y retirados. No existe un antecedente siquiera parecido de una organización paraestatal semejante desde el retorno de las instituciones democráticas en 1983.
Ahora, uno de los tentáculos de esas oscuras asociaciones ilícitas llegó a La Pampa a través de una «investigación» por narcotráfico armada con el evidente objetivo de salpicar a un legislador justicialista, altos funcionarios policiales y ciudadanos de nuestro medio.
La Justicia Federal de Santa Rosa dejó al descubierto que se trató de una operación maliciosa que, además, estuvo realizada de manera harto chapucera, con una «pesquisa» repleta de irregularidades y una búsqueda de información deficiente y estrafalaria.
No es el primer intento de manchar la reputación de un dirigente político pampeano, ahí está el caso del senador radical que fue arteramente involucrado en un episodio de acoso sexual en una operación que también terminó desbaratada por la intervención de un juez aunque, en su momento, cumplió con el propósito de colocar al legislador en el centro de la atención mediática y obligarlo a renunciar a una candidatura.
Hay un denominador común en ambos casos: involucrar a las víctimas en delitos que provocan un fuerte rechazo social como lo son el narcotráfico y el abuso sexual. Los que buscan provocar el daño saben elegir la forma de llevar a cabo sus ataques, y son plenamente conscientes de que, cuando quede al descubierto la maniobra los nombres de los involucrados ya habrán sido blanco del señalamiento público.
Por tal motivo ninguna de estas operaciones delictivas debería quedar impune. Sus ejecutores deben ser investigados a fondo por la Justicia y condenados a fin de hacerles pagar su responsabilidad y, de paso, enviar una señal clara para evitar la proliferación de estas detestables formas de intervenir en la política desde los sótanos del espionaje formal e informal utilizando recursos del Estado para llevarlas a cabo.
El macrismo mostró hasta el hartazgo carecer de límites a la hora de ejercer el poder; no reparó en avasallar el aparato judicial con el uso de operadores y de apañar operaciones ilegales para dañar a figuras políticas «molestas». Eso sí, todo en nombre de la «defensa de la república».