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¿Para cuándo el impuesto a las grandes fortunas?

SIGUE SIN PRESENTARSE NI TRATARSE EN EL CONGRESO

A pesar de la necesidad urgente del Estado de aumentar su recaudación, para atender las necesidades de la crisis económica y social y por la pandemia de coronavirus, el proyecto de ley que grave los grandes patrimonios no tiene fecha de tratamiento legislativo.
IRINA SANTESTEBAN
Las medidas para paliar los efectos de la crisis económica y social, a consecuencia del aislamiento social preventivo, que ha producido un parate económico con consecuencias negativas para la producción de bienes y las actividades comerciales, están agotando los recursos públicos.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que este mes recién empezará a pagar la segunda cuota de 10.000 pesos (la primera se pagó en abril y mayo); la ayuda para las pequeñas y medianas empresas (que aprovecharon muchas grandes) para pagar la mitad de los salarios con fondos de la ANSeS; los créditos a tasa cero para monotributistas, etcétera, han significado para el Estado un esfuerzo económico muy grande. Y en el otro extremo de la cuerda tenemos una baja en la recaudación del orden del 35%, por lo que los fondos están saliendo de la impresión de moneda del Banco Central. Eso puede ser un recurso a utilizar en la emergencia, pero en un tiempo será un factor de inflación, que volverá a castigar los ya alicaídos bolsillos de los sectores populares.

Salud sin bono.
El prometido bono al personal de la Salud, consistente en cuatro cuotas de 5.000 pesos cada una, no fue abonado por el gobierno nacional. Hasta el momento la única provincia que pagó la primera cuota con fondos propios es Buenos Aires. En el resto del país, los trabajadores y trabajadoras de la Salud, que están en la primera fila del combate contra el Covid19, todavía están sin recibir esa necesaria y no tan alta suma, por su esforzada labor.
En el medio del debate sobre con qué recursos afrontar esta mayor intervención del Estado, hace ya dos meses que el oficialismo prepara un proyecto de ley que imponga un tributo a las grandes fortunas. Sin embargo, el Congreso sesionó el 13 de mayo de manera virtual y esa iniciativa no ha sido siquiera presentada. Impulsada por el Frente de Todos y de coautoría de Máximo Kirchner y Carlos Heller, trascendió que se gravaría las fortunas de más de 200 millones de pesos con una alícuota del 2%, progresiva hasta llegar a un 3,5% para las fortunas superiores a los 3.500 millones de pesos. En ese segmento de gente con mucho más de lo necesario para vivir, habría unas 12.000 personas, y además el impuesto sería por única vez, en una especie de «aporte contributivo extraordinario».

Impuesto a los muy ricos.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), publicó un informe titulado «¿Cuánto podría recaudar el impuesto a las grandes fortunas en América Latina?», de Sergio Páez y Guillermo Oglietti. Allí se plantea que con un gravamen a los patrimonios superiores a un millón de dólares, del 2,5%, se podría recaudar el equivalente a un porcentaje de entre el 0,5% y 1% del PBI regional, un total de entre 25 y 50 mil millones de dólares. Para la Argentina, entre 2,4 y 4,7 mil millones.
Para la Celag, con esos recursos se podría financiar hasta un séptimo del costo de las políticas fiscales necesarias para superar la crisis social y económica agravada por la pandemia, tales como: las compras de insumos médicos, montajes de hospitales de campaña, gastos para la búsqueda de una vacuna y remedios, subsidios para los trabajadores suspendidos, desocupados y personas de la economía informal, ayudas a pequeñas empresas, créditos subsidiados, etcétera. Muchas de estas medidas se han aplicado en Argentina y han servido parcialmente para reducir el impacto del parate económico por el aislamiento y la prohibición de circular.
Lamentablemente, también se beneficiaron sectores que no necesitaban esa ayuda, por haber sido de los que más ganaron en los últimos años, incluso por haber sido parte de los fugadores de divisas. Según Horacio Verbitsky, («Los 100 de Macri», LA ARENA, 24/05), en el Top 100 figuran las automotrices como el sector industrial de mayor fuga en el período 2015-2019, siendo reincidentes pues ya habían sido fugadores en 2001. Entre ellas menciona a Toyota, Fiat y Volkswagen. Eso no impidió que la semana pasada el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kiciloff visitaran la empresa de capitales japoneses en Buenos Aires y la elogiaran. Hay que decir también que estas empresas se vieron beneficiadas con el subsidio de la Anses que les pagó la mitad del sueldo de su personal.

Resistencia.
Los posibles afectados con el impuesto a las grandes fortunas se están resistiendo «como trucha fuera del agua» y utilizan todos los medios a su alcance para tratar de desprestigiar al gobierno y las medidas que está tomando para enfrentar el virus.
La caída en el PBI estimada en 9 puntos para este año traerá muchos sufrimientos, pero no precisamente a los que serían alcanzados por ese tributo. Según la Cepal este año la pobreza alcanzará en América Latina a unas 214,7 millones de personas, y en la Argentina aunque no hay mediciones oficiales, se puede estimar que el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza está llegando a 50%, los mismos niveles que en 2001.
Un impuesto a las grandes fortunas en la región latinoamericana podría financiar una renta básica de emergencia familiar (para 3/4 personas) -en término medio entre países-, de 700 dólares para la población más vulnerable, contribuyendo así a enfrentar la enorme crisis social, que se viene y para evitarlo los Estados deberán intervenir activamente.

¿De dónde?
El dilema es ¿de dónde saldrán los recursos para paliar la crisis? En medio de una negociación con los bonistas privados, en la que se vislumbra una posición de Argentina más «flexible» (léase concesiva hacia los acreedores), las penurias serán mayores.
Si se pueden recaudar entre 2,4 y 4,7 mil millones de dólares sólo gravando por única vez con un 1% a las personas más pudientes, no debería haber tantas vacilaciones y demoras en el Congreso.
Apenas comenzó la cuarentena hubo empresas que suspendieron personal y la CGT aceptó una rebaja del 25% en sus salarios. La amenaza pende sobre muchos sectores: suspensiones, despidos, rebajas salariales, reducción de haberes jubilatorios (como ya se aprobó en Córdoba).
¿Por qué los trabajadores deben aceptar rebajas del 25% de sus ingresos y los más ricos no pueden aportar un 1% de sus grandes patrimonios por única vez?