Para los jueces no fue femicidio

CASO LUCIA PEREZ

La muerte de la adolescente Lucía Pérez conmovió al país hace dos años. El lunes se conoció el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mar del Plata, que absolvió a los acusados del delito de abuso y femicidio, y sólo fueron condenados por venta de drogas.
IRINA SANTESTEBAN
El 25 de noviembre se conmemoró en todo el mundo el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada que recuerda el asesinato de las hermanas dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, a manos de la dictadura de Rafael Trujillo. El lunes 26 hubo marchas en todo el país por ese motivo, que este año expresaron el repudio generalizado por el fallo que absolviera a los imputados por el crimen de Lucía Pérez, un caso que constituyó un hito en el movimiento de mujeres de Argentina de los últimos años.
Así como el 3 de junio de 2015 nacieron las marchas bajo la consigna “Ni una Menos”, para luchar contra los femicidios; el 19 de octubre nace el primer Paro de Mujeres, al que se le agrega la consigna “Vivas nos Queremos”.
Esta última movilización nació como consecuencia del asesinato de Lucía, quien fue dejada muerta en un centro de Salud de Playa Serena de Mar del Plata.

Ferocidad.
Para la fiscal que intervino en el caso, María Isabel Sánchez, Lucía fue drogada, violada y empalada, hasta provocarle la muerte, luego de lo cual los asesinos lavaron su cuerpo y le cambiaron la ropa. La llevaron a un centro de salud y dijeron que había perdido el conocimiento por una sobredosis, pero los médicos no pudieron reanimarla. Se trataba de uno de los femicidios más feroces registrados en Argentina, por el que Matías Farías, de 25 años, y Juan Pablo Offidani, de 43, fueron imputados de abuso sexual seguido de muerte. Un tercer hombre, Alejandro Alberto Masiel, de 61 años, fue acusado de encubrimiento.
Los dos primeros se habían puesto en contacto con la adolescente en las inmediaciones del colegio al que asistía, a través de una amiga, y le vendieron marihuana. Al día siguiente, ella se fue con ellos a la casa de Farías, adonde fue abusada y torturada; según la fiscal, la muerte aconteció como consecuencia de la violencia ejercida por los acusados.

“No hubo abuso”.
Ésa fue la conclusión a la que arribó el Tribunal integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, quienes por unanimidad dieron por cierta la versión de los acusados por el crimen, de que las relaciones con Lucía habían sido “consentidas”. Por ello Farías y Offidani fueron condenados a 8 años por venta de estupefacientes, mientras que Maciel, el tercer imputado, fue absuelto de todos los cargos.
Según el fallo, ninguno de los peritos confirmó la hipótesis del abuso, que para los jueces fue fruto del mal desempeño de la fiscal Sánchez, por lo que pidieron a la Procuración que sea investigada por haber proporcionado hipótesis sobre el caso que luego no fueron probadas en el juicio.
Sánchez fue apartada del caso, pero el fiscal que actuó en la audiencia oral, Daniel Vicente, también sostuvo la acusación de “abuso sexual” y pidió prisión perpetua para Farías, y 18 años para Offidani; para Maciel solicitó la absolución por el supuesto encubrimiento, ya que en el juicio se descartó que el cuerpo de Lucía haya sido lavado, como se dijo al principio.

Condena versus absolución.
¿Es posible que difieran tanto las pruebas que cada parte tomó en cuenta, para que el fiscal del caso acuse y solicite prisión perpetua y 18 años para los imputados, mientras que los jueces dictaron sentencia absolutoria?
Farías estaba procesado por “abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”, pero los tres integrantes del TOC 1 lo absolvieron de esa gravísima acusación.
El abogado querellante, en representación de los padres de Lucía, Gustavo Marcelliac, pidió perpetua para ambos: para Farías, por considerarlo autor del abuso sexual y femicidio, y para Offidani por ser partícipe necesario. Su acusación fue de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por ser en perjuicio de menores de edad y por realizarse en cercanías de una escuela; y abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio”.
Para Marceillac, tanto Farías como Offidani eran “adultos que reclutaban menores en la puerta de una escuela para venderles droga y satisfacer sus necesidades sexuales”, y en su alegato, afirmó que se había “probado” el abuso sexual, así como la violencia y la venta de drogas.

Justicia patriarcal.
Para los padres de Lucía, el fallo fue un duro golpe, mientras que para el movimiento de mujeres, es otro eslabón más en la larga cadena de fallos patriarcales de la Justicia argentina.
Es que a pesar que en 2012 se incorporó la figura del femicidio, como agravante en el delito de homicidio (art. 89, inc. 11, del Código Penal), sigue siendo un problema que los jueces apliquen esta figura, cuando se trata de considerar las motivaciones que tuvo el victimario a la hora de asesinar a una mujer, actuando con “violencia de género”.
Para la antropóloga Rita Segato, las violaciones y los abusos son “un acto de poder en una sociedad patriarcal”, en la que los varones tienen y ejercen el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Los medios de comunicación aportan lo suyo, al difundir la imagen de la mujer como un objeto sexual, cosificándolas, y así se generaliza la idea de que cuando las mujeres dicen “no” en realidad están diciendo “si”.
Para Segato, los “crímenes sexuales” no pueden ser equiparados al resto, y plantea que los jueces, con pensamiento “formateado” por el Derecho, no lo consideran así. La mujer no es un ciudadano igual que el hombre, y por ello, la ley no puede ser aplicada de la misma forma. Se trata de adaptar la aplicación de la ley al campo del poder, por tratarse de “crímenes de la dominación”, pero los jueces no entienden esto.
Para Lucía no hubo justicia, sus asesinos estarán libres en poco tiempo, mientras los femicidios no disminuyen. El año pasado, se contabilizaron 251, y este año, de enero a octubre, suman ya 225, uno cada 32 horas, un poco menos que el promedio de los últimos 10 años, que arrojaba un femicidio cada 30 horas.