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Para recuperar el tiempo perdido

Los proyectos elevados por el gobernador a la Legislatura para declarar la emergencia habitacional y agilizar los trámites de expropiación de tierras destinadas a viviendas adquieren especial relevancia en este tiempo de sucesión de autoridades. A nivel provincial el relevo en el Centro Cívico no significará otro cambio que el de dirigentes que asumirán la conducción del Estado, pero no será así en la Nación en donde llegó el ansiado final de un ciclo neoliberal de devastó el país. Y en materia de política de viviendas castigó con especial rigor a nuestra provincia.
La Constitución pampeana establece con claridad en su artículo 33 que «la propiedad debe cumplir una función social y su explotación conformarse a la conveniencia de la comunidad», y que «el mayor valor del suelo que no sea producto del esfuerzo personal o de la actividad económica del propietario» deberá beneficiar «a la comunidad».
Este precepto constitucional de avanzada -que con orgullo puede exhibir La Pampa entre sus pares de todo el país- es un claro mandato destinado a combatir la especulación inmobiliaria que no todos los gobernantes pampeanos supieron o quisieron asumir. En nuestra provincia hay una larga tradición de uso lucrativo de la tierra en perjuicio del conjunto social. Esa desviación del modelo que plantea el texto constitucional derivó en infinidad de problemas, entre ellos el crecimiento inorgánico, desordenado de las ciudades y pueblos pampeanos, una tara que se ha pagado con creces.
La subordinación del uso de la tierra a fines monetarios debería tener un drástico final con esta legislación. La conformación de un Banco de Tierras que sea administrado por el IPAV para la construcción de viviendas sociales debería alcanzar para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado terminar con las maniobras especulativas ya muy conocidas en nuestro medio, y por otro recuperar el terreno perdido en estos cuatro años de macrismo en que el Estado nacional se desentendió absolutamente de su rol fundamental en la materia. El anuncio del presidente electo de constituir un nuevo Ministerio de la Vivienda abre las puertas al optimismo. Las nuevas autoridades nacionales parecen ser plenamente conscientes del retroceso que, también en este campo, dejará como herencia el gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos.
La masiva toma de terrenos que se registró este año en Santa Rosa fue un toque de atención para los gobiernos provincial y municipal. Nunca antes se había producido una reacción social de semejante magnitud que afectara simultáneamente a varios puntos de la ciudad. Si bien con el paso del tiempo la intensidad del conflicto fue cediendo, resultó un claro indicio de las necesidades que han crecido con esta «sequía» de cuatro años que impuso el macrismo, algo también sin precedentes desde que se iniciara la construcción masiva de viviendas, con aportes del Fonavi, hace exactamente cuatro décadas.
Que se puedan declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras más convenientes para construir nuevas viviendas en plazos razonables y no burocráticos, constituye un paso adelante para recuperar el tiempo perdido y empezar a hacer las cosas mucho mejor que antes.