Para saber cuánto veneno consumimos

La profundización de los controles sobre los bidones que ingresan a La Pampa con agrotóxicos, decidida por el gobierno provincial, constituye un paso significativo en favor de la manipulación responsable de estos productos peligrosos para el ambiente.
La exigencia de una declaración jurada para las empresas que elaboran y venden estas sustancias, y luego las ingresan a territorio pampeano, es una forma de involucrar al sector privado en una tarea que hasta ahora consideraba ajena a su responsabilidad. Pero también es una medida que busca determinar la eficiencia con que se desempeña la Fundación Campo Limpio -una organización integrada por las compañías fabricantes de agroquímicos- con sus Centros de Acopio Transitorio como también los productores que utilizan estos insumos.
En síntesis: al afinar los sistemas de control se podrá determinar con mayor precisión cuántos bidones para uso agrícola ingresan a la provincia y cuántos salen a través de los CAT. La diferencia -que debería ser nula- será la medida de la desidia de algunos de los eslabones de la cadena que no cumplen con los protocolos correspondientes.
Demasiadas cosas sucedieron como para no extremar los cuidados, y en la mayoría de los casos fue la ausencia de control -además de la indolencia de fabricantes, vendedores y productores- la causa de los desastres ambientales denunciados. Las incontables fotografías de bidones arrojados en caminos vecinales, o predios rurales, o flotando en campos inundados hablan por sí solas.
Pero hay otro aspecto, de crucial importancia, que este mecanismo de verificación permitirá develar. Se trata del volumen de estos venenos que se utilizan en las prácticas agrícolas en territorio pampeano. Datos estadísticos confiables muestran que el consumo de estos productos viene creciendo considerablemente en los últimos lustros en todo el país. No faltan testimonios de investigadores, profesionales de las ciencias médicas y agrarias, organizaciones ambientalistas y hasta reparticiones públicas que dan cuenta de un incremento preocupante de las dosificaciones que son utilizadas en las tareas de fumigación, que exceden incluso las recomendaciones de los propios fabricantes.
Las numerosas denuncias de contaminación de aguas superficiales y subterráneas en muchos puntos del país, la presencia de restos de agroquímicos hasta en alimentos procesados, los graves problemas sanitarios detectados en poblaciones cercanas a los establecimientos rurales hablan de prácticas dañinas llevadas a cabo sin una supervisión responsable.
Cuando a finales del año pasado la Legislatura pampeana sancionó la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas, también aprobó otra: la Ley de Promoción de Sistemas de Producción Agroecológica. Si esta segunda norma es algo más que un texto decorativo para mostrar en las campañas electorales, debería servir para que, desde el Estado provincial y municipal, como también desde la Universidad pampeana, se empiece a trabajar con firmeza, a conciencia y, sobre todo, con recursos presupuestarios, para que la producción alimentaria -en pequeña y gran escala- deje de ser sinónimo de contaminación ambiental.