Partidas simultáneas en diferentes tableros

Algunas de las cuestiones planteadas por Alberto y Cristina dependen de la relación de fuerzas con la oposición y los poderes fácticos, pero también procuran modificar ese desequilibrio y hacer más fluida la acción de gobierno.

Horacio Verbitsky

Al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández planteó temas que deberán ser seguidos por acciones concretas que bajen el discurso a la realidad. Y la Vicepresidenta CFK abundó acerca de la Justicia, en su flamígero alegato ante la sala de la Cámara de Casación que trata la causa del dólar futuro. Son como partidas simultáneas que se juegan en distintos tableros, pero a diferencia del ajedrez, lo que suceda en uno puede influir en los demás.
Como un eco a lo que CFK dijo sobre las manipulaciones típicas de años electorales, reaparecieron Florencio Randazzo y Guillermo Moreno, para comunicar su voluntad de restarle votos al Frente de Todos. Ambos se declaran contra la polarización entre macrismo y kirchnerismo pero sus ataques se concentran en el Presidente y la Vice. El macrismo se ilusiona con que se replique, en contra del gobierno, la molestia que significan para sus propias fuerzas José Espert y Javier Milei. El 5% que Randazzo obtuvo en 2017, bastó para que el larguirucho Esteban Bullrich prevaleciera sobre CFK, pero ella se consolidó como la fuerza hegemónica en el peronismo. Ahora, sin la asesoría de Alberto Fernández ni los recursos del Movimiento Evita, que lo sostuvieron entonces y que intentaron rescatarlo de su propio ego en 2019, propiciando un acuerdo con Cristina, es improbable que Randazzo llegue al porcentaje de hace cuatro años. Y en sus excursiones electorales, Moreno nunca pasó del 1%. Pasión de minorías.
Algunas de las cuestiones planteadas por Alberto y Cristina dependen de la relación de fuerzas con la oposición y los poderes fácticos, pero también procuran modificar ese desequilibrio y hacer más fluida la acción de gobierno.

La querella y el Fondo.

El Presidente anunció la presentación de una querella penal contra su predecesor, Maurizio Macrì, y los funcionarios que lo acompañaron en la gestión ante el Fondo Monetario Internacional. Los antecedentes del endeudamiento los publicamos hace dos años y la identidad de quienes fugaron esos recursos, el año pasado: primero las personas jurídicas, y luego las personas físicas. Una radiografía del poder económico y el sometimiento de la Argentina.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía negocia con el FMI un nuevo acuerdo que dé sustentabilidad a un endeudamiento descomunal que la Argentina no está en condiciones de pagar en los términos acordados por la administración anterior.
Los medios de la trifecta opinaron que el anuncio de Fernández obstaculizaba la gestión de Martín Guzmán ante el Fondo. Un comunicador obsecuente con los acreedores le preguntó si podía sentarse con la conducción del Fondo después de que el Presidente le mojara la oreja a aquel a quien iría a «pedirle ayuda», al considerarlo cómplice de Macrì. La lógica presidencial es la inversa: dado que los equipos técnicos del FMI revisarán la negociación mantenida con la Argentina en 2018 y 2019, las acciones que el actual gobierno emprenda sobre el tema contribuirán a ablandar la posición del organismo en la búsqueda de una salida al dilema que sus propias acciones crearon. Guzmán respondió con calma a la provocación del interrogador tan trivial como solemne: no vamos a pedir una ayuda, el Fondo es responsable por haber otorgado ese préstamo impagable. «Mirá si porque estemos negociando no nos vamos a decir en la cara cómo fueron las cosas». Si Macrì confió en su relación privilegiada con Donald Trump, Fernández cree que contará con el apoyo de Joe Biden y de los gobernantes de Europa Occidental. El tiempo dirá si no es una ingenuidad como la de Adolfo Rodríguez Sáa, quien se ilusionaba con el apoyo de George W. Bush, porque Texas y San Luis se habían declarado provincias hermanas.
Fernández citó varias veces la declaración del ex representante de la Casa Blanca en el FMI, Mauricio Claver-Carone, quien luego fue encargado de Seguridad Nacional para Subamérica y ahora presidente del BID. Durante un seminario en Chile, el hijo estadounidense de exiliados cubanos anticastristas dijo que el megapréstamo del FMI al gobierno argentino en 2018 fue una decisión política dirigida a propiciar la reelección de Maurizio Macrì en las elecciones del año siguiente.
Fernández ya se lo había oído en privado. Durante su viaje a México antes de asumir la presidencia, el Departamento de Estado le pidió que recibiera a Claver. Durante ese encuentro se jactó de su intervención para que el Fondo concretara los préstamos solicitados por Macrì.
-¿Y quiere que le agradezca? -lo petrificó la respuesta-. El Fondo es corresponsable del desastre que ocurrió en la Argentina.
Enviado por Trump a la asunción presidencial de Fernández, Claver se retiró de la Asamblea Legislativa cuando vio que entre los invitados había un ministro venezolano, ya que también fue uno de los inspiradores de la fallida estrategia de derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro, a la que la Argentina no se plegó.
El presidente tomó nota de que el propio Macrì se jactó de la intervención de Trump para financiar su campaña pasando por encima de los estatutos del Fondo, en un diálogo con el periodista argentino de CNÑ Marcelo Longobardi, asignándole la importancia política que merecía. Macrì se hablaba encima, pero revisando sus deposiciones se encuentran tesoros.

El más bajo del mundo.

«Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos», leyó Fernández ante la Asamblea Legislativa.
Tres de los responsables de ese proceso, Alfonso de Prat Gay, Guido Sandleris y Hernán Lacunza, replicaron que la deuda contraída por el macrismo se utilizó para pagar deudas anteriores, que atribuyeron a CFK. Desde el pasado llegó la voz de Nicolás Dujovne para desmentirlos. En junio de 2016, seis meses antes de suceder a De Prat Gay en el ministerio de Hacienda, y tres años antes de que Sandleris lo reemplazara, Dujovne dijo que la Argentina que heredó Macrì tenía un nivel «bajísimo de endeudamiento». Calculó que al concluir el gobierno de Cristina la deuda estatal en moneda extranjera no pasaba del 8% del Producto Interno Bruto,el endeudamiento de las empresas no llegaba a un tercio de su patrimonio, las familias sólo dedicaban el 5% de sus ingresos al pago de deuda.
Llegó a sostener que era el nivel más bajo del mundo y lo consideró «una bendición». Ante una observación de su interlocutor en la fundación brasileña del ex Presidente Fernando Henrique Cardoso, admitió que acaso Corea del Norte o algún país del África subsahariana tuvieran menos deuda.

Todo se relaciona con todo.

Ante una consulta para esta nota, el ministro Guzmán negó que la investigación y la denuncia penal que anunció el Presidente perjudicaran sus gestiones. Esto no quiere decir que todos coincidan en la coalición gobernante sobre cómo llevar la negociación y qué políticas internas aplicar, relacionadas con los programas del Fondo y con el año electoral. Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof objeta cualquier limitación al gasto público, cuando los efectos de la pandemia no se han superado, y la Vicepresidenta retacea los aumentos de tarifas de servicios públicos, Guzmán pone el acento en el déficit fiscal y la emisión monetaria. En la Argentina las elecciones se pierden cuando el dólar se sale de control, piensa. El Presidente sopesa el mérito de cada argumento y busca una bisectriz. El presupuesto contempla 600.000 millones de pesos en subsidios y lo que se discute es cuál debería ser el aumento para que esa tajada no crezca y que las tarifas no repitan la performance intolerable que les imprimió Macrì. Una sugerencia del presidente de la Cámara de Diputados intentaría conciliar posiciones divergentes: declarar la emergencia energética y autorizar al Poder Ejecutivo a aumentar las tarifas hasta el 80% del incremento en el salario de los trabajadores formales, medidos por el índice Ripte. El propio Sergio Massa está trabajando en ese proyecto de ley, que no permitiría una suba tarifaria superior al 30% y que, teóricamente, debería favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los salarios registrados. Al mismo tiempo, Alberto Fernández intenta poner a punto un programa informático que permita segmentar a los usuarios, de modo de descargar el peso sobre los sectores altos que pueden pagarlo, ser más moderado con los medios, y no aumentar ni un peso a la base de la pirámide. Pero es dudoso que esté listo en menos de seis meses.

La corresponsabilidad.

La investigación del Banco Central sobre la deuda con el FMI fue realizada por su directora Betina Stein, quien concluyó que el acuerdo careció de control de legalidad y de legitimidad. Hace 25 años, Stein representó a Daniel Tarnopolsky en el juicio contra el Estado y contra el ex dictador Emilio Massera, por los daños materiales y morales provocados por la desaparición forzada de sus padres, dos hermanos y una cuñada. El Estado debió pagarle un millón de pesos/dólares, y el ex marino 150.000. Ahora el gobierno no encara un proceso civil sino penal, que no es la especialidad de Stein. Las conclusiones fueron enviadas a la Sigen, a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera, cuyos titulares Carlos Montero, Félix Croux y Carlos Cruz abastecerán a la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini. Se verá cuáles de ellos tendrán a su cargo la presentación judicial.
Al analizar el acuerdo stand-by suscrito con el FMI en junio de 2018, y su ampliación en octubre de 2018, Stein repasa el marco normativo: La Constitución Nacional otorga al Congreso de la Nación en forma exclusiva la facultad de contraer empréstitos y el arreglo del pago de la deuda interna y externa del país; La ley permanente de presupuesto ordenada en 2014 faculta al Poder Ejecutivo a contratar préstamos con Organismos Internacionales para financiar inversiones en obras y servicios para el desarrollo nacional, siempre que se ajusten a los términos y a las condiciones usuales, lo cual requiere opinión favorable del Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen del Ministro de Economía y Finanzas; Según la ley de procedimientos administrativos, hay una serie de requisitos ineludibles, entre ellos un dictamen jurídico; La ley de administración financiera y de control del sector público nacional y su decreto reglamentario imponen que el endeudamiento esté contemplado en la ley de presupuesto o en una ley específica, que debe indicar el tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento, y requerir una opinión del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. Sin eso, las operaciones de crédito público «son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen».
Quienes defienden lo actuado por el macrismo alegan que la misma ley exceptúa de esos requisitos a los créditos con los organismos internacionales como el FMI. Pero Stein sostiene que esa excepción, contemplada en una ley de 1992, previa a la firma de los acuerdos con el FMI y a la reforma constitucional de 1994, hubiera requerido una revisión del Congreso, porque implicaba delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.
En este caso, agrega, no se han cumplido los requisitos enumerados: Las condiciones del préstamo stand-by de acceso excepcional por 57.000 millones de dólares, con un plazo de devolución de 36 meses, no son las usuales, tal como las enumera la normativa del FMI; Tampoco se utilizó en inversiones fundamentales para el desarrollo económico declaradas de interés nacional por ley o por el Poder Ejecutivo.
En el expediente administrativo del primer acuerdo se verifica que las cartas de intención fueron suscritas sin solicitar el dictamen jurídico previo, y se justifica en que fue «una decisión de política económica». También se afirma que la nulidad del acto fue subsanada con un dictamen posterior. Stein no admite este presunto saneamiento, ya que no se analizaron todos los aspectos jurídicos normativos mencionados. Tampoco se solicitó el informe del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. Para la ampliación del préstamo, los dictámenes fueron previos, pero tampoco analizaron si los órganos que la decidieron estaban facultados para ello, ni se requirió el informe al Banco Central.
Una comunicación dirigida por el Banco Central a la Sigen sostiene que del informe «Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019», elaborado a pedido del Presidente de la Nación, surge que «entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de 44,5 mil millones de dólares. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los 45,1 mil millones». Esto contraviene el artículo VI del Convenio constitutivo del FMI, según el cual «ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo». La corresponsabilidad salta a la vista, aunque el ex ministro Lacunza y el consultor Emanuel Álvarez Agis coincidan en que se trata de una decisión política y no judiciable del gobierno.

Montos, plazos y tasas.

Estas acciones no implican un desconocimiento de los compromisos asumidos, que este año incluyen pagos por más de 6.000 millones de dólares, entre el Club de París el mes próximo y el FMI en septiembre y noviembre. Fernández ya comenzó las conversaciones con los principales gobiernos de Europa Occidental para refinanciar ese primer vencimiento con el Club de París y ha recibido buenas noticias desde Madrid, donde tiene su sede la Conferencia Iberoamericana. Su secretaria general, la ex Vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, quien integra el Panel de Alto Nivel del G20 sobre Financiamiento de los Bienes Comunes Globales para la Preparación y Respuesta a una Pandemia, anticipó en una carta enviada el jueves al Financial Times, una de las propuestas que presentaría el 15 de abril en la conferencia remota de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica.
Grynspan sostuvo que la emisión ampliada de Derechos Especiales de Giro que está analizando el FMI para enfrentar los efectos devastadores de la pandemia, no debería beneficiar sólo a las naciones pobres, sino también a las de ingresos medios, donde viven cerca de 2/3 de los pobres del mundo. Pone el ejemplo de los países de América Latina, India, Asia, Medio Oriente y África del Norte, que son considerados «demasiado ricos para recibir ayuda internacional, pero son demasiado pobres para escapar de esta crisis por sí mismos». Según las reglas vigentes, la mayor parte de los nuevos DEG «irían a las economías avanzadas que no los necesitan, lo que indica la necesidad de desarrollar mejores instrumentos para la reasignación de los DEG no utilizados», agrega su carta. A su juicio, estos instrumentos también deberían incluir a los países de ingresos medios, «ya que el único vehículo actualmente en vigor (la estrategia del FMI Fideicomiso para el crecimiento y la reducción de la pobreza) solo beneficia a las economías de ingresos bajos». Si la asamblea del directorio del FMI que sesionará en octubre aprobara esta propuesta de la Conferencia Iberoamericana, los países más prósperos podrían ceder su cuota a los de ingresos medios y bajos. La Argentina ya ha iniciado contactos en ese sentido con México, España y Portugal, que de concretarse le permitirían disponer de 15.000 millones de dólares, prestados a una tasa de interés que en este momento es del 0,05% anual. Una versión que llegó a Buenos Aires sin confirmación añade que entre los nuevos instrumentos que Rebeca Grynspan contempla, también figuraría una duplicación del plazo de repago de los préstamos del FMI: de 3 a 6 años para los stand-by como el que firmó el gobierno anterior, y de 10 a 20 para los de Facilidades Extendidas como el que negocia el actual.
El 26 de febrero había dicho algo parecido Kristalina Georgieva, durante la reunión virtual de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20: «Me resulta muy alentador el creciente apoyo a una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) con el fin de incrementar las reservas de todos los países miembros de manera transparente y responsable. También los llamados a un mecanismo adicional que permita a nuestros países miembros más ricos apoyar a los países de bajo ingreso mediante el préstamo de parte de los DEG que les corresponden».
Pero tanto Grynspan como Georgieva saben que estos asuntos no los decide la burocracia institucional, sino los gobiernos que controlan al Fondo.

Dar la cara.

En menos de una hora, la Vicepresidenta trazó un cuadro completo de la interrelación entre poder económico, corporación judicial y grandes medios informativos, pasando de su situación procesal en la causa del dólar futuro, a las consecuencias para el conjunto de la población de las políticas que así se impulsan y se justifican, en este caso la devaluación de la moneda dispuesta por el anterior gobierno y el descomunal endeudamiento externo contraído. Esta caracterización es un avance respecto de la visión más simple, según la cual los jueces responden a los gobiernos.
La trifecta mediática advirtió con espanto la ostensible coordinación de este alegato con el mensaje presidencial del 1° de marzo, lo cual sepulta la fantasía de una ruptura entre ambos miembros de la fórmula y, por supuesto, sentenció que marcaba la completa kirchnerización de Alberto.
El matutino La Nación, colonizado por el ex Presidente Maurizio Macrì, no perdió un minuto en calificar las palabras de la Vicepresidenta como una «fenomenal muestra de poder», que inauguró el año que culminará con los comicios de medio término.
En realidad, Cristina dejó en evidencia el uso electoral de las causas en tribunales, algunas tan infundadas como esta, que comenzó con una denuncia presentada por los diputados opositores Mario Negri y Federico Pinedo cinco días después de la primera vuelta de 2015 entre Daniel Scioli y Maurizio Macrì. El 17 de noviembre, cinco días antes del balotaje, el doctor Glock allanó la mesa de dinero del Banco Central en pleno horario de operaciones, con la ostensible intención de provocar un caos financiero y eventualmente una devaluación. Los denunciantes fueron patrocinados por Bernardo Saravia Frías, quien era uno de los abogados personales de Macrì y luego fue su Procurador del Tesoro.
La causa se mantuvo abierta durante más de cinco años, en los que se negó la producción de la prueba solicitada por Cristina y los otros imputados: su ministro de Economía, Kicillof, el presidente y vice del Banco Central de entonces, Alejandro Vanoli y Miguel Pesce, entre otros. La instrucción del doctor Glock fue tan deficiente, que una vez que la elevó a juicio, el Tribunal Oral ordenó medidas complementarias previas al debate, entre ellas el peritaje de las operaciones impugnadas, por tres peritos contables de la Corte Suprema, más los de las partes. Kicillof, Vanoli y Pesce explicitaron sus conclusiones: no hubo delito alguno, el Banco Central registró ganancias y no pérdidas, esas operaciones corresponden a las facultades que le asigna la Carta Orgánica en defensa de la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, siempre se realizaron y también acuden a ella las autoridades monetarias de otros países, no comprometieron reservas porque se realizaron en pesos, hubo otros vendedores además del Banco Central, la emisión para pagar los contratos fue ínfima, las pérdidas las provocó la devaluación que Macri había prometido no hacer, fueron sus amigos y empresas las que compraron y luego de la devaluación embolsaron la ganancia, como Nicolás Caputo, Mario Quintana y Chery Socma, y nadie vinculado con el gobierno de Cristina.
Al vencimiento de los contratos, el doctor Glock consultó con el Banco Central si debía pagarlos y su nuevo presidente Federico Sturzenegger le respondió que sí, prueba adicional de que no había ningún delito de por medio. El peritaje fue tan contundente que el juez del tribunal oral Adrián Grunberg sostuvo que el juicio no debía realizarse. Y en su alegato, Kicillof lo equiparó con la aparición con vida de la víctima en un proceso por homicidio.

Cómo seguir.

El Presidente no dejó dudas en su respaldo a las palabras de la Vice, quien «dijo la verdad», e insistió en las reformas que ya sancionó el Senado pero la oposición traba en la otra cámara, entre ellas la ley del Ministerio Público. En uno de sus últimos diálogos con Cristina, reiteró su absoluta confianza en Daniel Rafecas, el de mejor formación intelectual y mayor integridad personal de los jueces federales, y desestimó la posibilidad de propiciar otra candidatura, en apariencia más sensible a los intereses políticos. Es llamativa la ausencia en estos debates de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Sin militancia en ninguna agrupación política, más próxima a la Asociación de Magistrados que a Justicia Legítima, se pensaba que tendría buen diálogo con el sector mayoritario de la judicatura.
Pero la polarización arrasó con esas previsiones. Fernández dijo que la designación de su socia y amiga en el ministerio explicitaba que él tomaría todas las decisiones. Le tomaron la palabra, y la tratan en consecuencia, cosa que desanima a la señora Losardo, que anhela una vida más tranquila. La gota que colmó el vaso fue la afirmación del fiscal Carlos Stornelli de que Losardo le había expresado su solidaridad y que es amigo del esposo de la ministra. Aunque Stornelli y el escribano Fernando Mitjans coincidieron en cargos auxiliares en la conducción del fútbol, Losardo asegura que jamás tuvo relación alguna con el fiscal en la resistencia, que ni lo conoce y agregó que no debería seguir siendo fiscal. Stornelli también amenazó a Fernández con «un encuentro de hombre a hombre cuando deje de ser presidente», lo cual muestra la degradación a que ha llegado en su avance a los tropezones desde que ordenó espiar al exposo de su pareja. Ayer comenzó la ronda de candidatos en distintos medios: otros ministros, diputados del FdT e incluso del Frente Renovador.
Fernández también impulsa otros dos proyectos:
– Una comisión bicameral que ejerza la función de control que compete al Poder Legislativo sobre el funcionamiento del Judicial. La idea del fiscal Carlos Rívolo y de los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de que eso comprometería el sistema constitucional republicano de división de poderes, no es más que una consigna agitativa. El macrismo creó una con nombre y apellido para hostigar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó y funcionan otras 30 que tratan de distintas materias. Sólo en el enrarecido clima que genera la oposición se explica que la ministra de Justicia Marcela Losardo haya debido explicar que no tendrá capacidad sancionatoria, que la Constitución reserva al juicio político, por el Congreso para los miembros de la Corte Suprema, y al Consejo de la Magistratura en el caso de los jueces inferiores.
– Un Tribunal Federal de Revisión de Sentencias Arbitrarias, integrado por 24 jueces y juezas, en igual proporción, uno o una por cada provincia. Cada gobierno provincial propondría a una mujer y un hombre, y el Presidente elegiría asegurando la paridad de género. Una propuesta similar, pero para reformular la Corte Suprema de Justicia, fue presentada por el Senador bonaerense Francisco Durañona. Pero la Corte tiene cinco miembros, que sólo podrían cesar por juicio político. En cambio este Tribunal Federal de Revisión de Sentencias Arbitrarias no requeriría otra cosa que «tratados parciales para fines de administración de justicia», que el artículo 125 de la Constitución Nacional faculta celebrar a los gobiernos provinciales.
Esto plantea un par de problemas: el Poder Ejecutivo debe acordar su creación con los gobernadores; cómo asegurar que las decisiones de este tribunal, que según la propuesta de los miembros del Consejo Consultivo Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera, revisarían las sentencias definitivas o equiparables subsumidas en causales de arbitrariedad dictadas por Cámaras Federales y Superiores Tribunales de Provincia no terminen en el embudo de la Corte Suprema.
El gobierno analiza dos posibilidades: que al momento de recurrir la sentencia definitiva, el justiciable deba decidir si presenta el recurso ante el nuevo tribunal por arbitrariedad o ante la Corte Suprema por inconstitucionalidad; que deba hacer ambas presentaciones, de modo que cada tribunal se pronuncie sobre el aspecto de su competencia.
En cualquier caso, esto llevará tiempo y requerirá sortear obstáculos, ya que los sistemas perversos y podridos no se entregan mansamente.