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Pepín, la EXMA y el Mercosur

PIROTECNIA ENTRE PRESIDENTES

Uruguay condiciona el refugio del operador de Rodríguez Larreta y la postulación de la EXMA como Patrimonio de la Humanidad a la flexibilización del Mercosur en la reunión presencial de cancilleres del 8 de junio.

Por Horacio Verbitsky

El operador judicial de Horacio Rodríguez Larreta y Maurizio Macrì, Fabián Rodríguez Simón, fue recibido por el juez uruguayo que entiende en su caso, pero no logró lo que buscaba: por segunda vez su recurso de hábeas corpus fue denegado. El destino de quien solicitó refugio en el Uruguay alegando una persecución que pone en peligro su libertad y su seguridad, dependerá de cómo transcurra el encuentro presencial del Mercosur del martes 8 de junio, luego del tercer fin de semana de confinamiento estricto. Ese día deberían llegar a Buenos Aires los cancilleres de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia para continuar cara a cara los tensos encuentros virtuales del 26 de marzo y el 26 de abril.
En el de marzo, el Presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que la inflexibilidad normativa del Mercosur era un lastre para el desarrollo de su país, y el Presidente argentino Alberto Fernández le respondió que en tal caso se tomara otro buque. En el de abril, los ministros de Economía de la Argentina y Brasil discutieron sobre las doctrinas económicas de las universidades norteamericanas donde se formaron. Martín Guzmán, de Columbia, dijo que la mano del mercado es invisible porque no existe, y Paulo Guedes replicó que la mayoría de los premios Nobel provienen de la de Chicago.

Desmemoria

Uruguay llegó incluso a condicionar su apoyo a la postulación ante la Unesco del Museo de Sitio de la EXMA como Patrimonio de la Humanidad al resultado de esa cita. Y no porque el gobierno de Montevideo ignore el valor simbólico de la memoria sobre los crímenes de las respectivas dictaduras: pocos días antes, el Cuquito Lacalle había hecho un show publicitario con el presunto hallazgo de documentos sobre la represión, que en realidad se conocen desde hace 15 años.
La pirotecnia entre los Presidentes y sus ministros refleja una crisis profunda del Mercosur, que dentro de dos semanas puede saltar en pedazos. La Argentina es el único de los cuatro fundadores que postula atenerse a dos reglas de oro de la institucionalidad vigente: Un elevado arancel externo común, y la negociación conjunta de acuerdos con otras naciones y/o regiones del mundo.
Brasil y Uruguay procuran liberarse de esas normas, que consideran restrictivas de sus posibilidades, pero cada uno se enfoca en un punto distinto. La combinación de ambos es deletérea. El gobierno de Jair Bolsonaro pretende una rebaja general del 20% sobre el arancel común, que se produciría en dos rebanadas iguales, una ahora y otra a fin de año. Así, una importación gravada con el 15%, bajaría al 12% a partir de 2022. Además reivindica la adopción de rebajas específicas sin consulta previa con los socios de esa unión aduanera que, a sus 30 años recién cumplidos, comprende a casi 300 millones de personas e intercambia bienes y servicios por unos 500.000 millones de dólares al año. Paraguay admite la flexibilización que sostiene Uruguay, pero no la rebaja arancelaria reclamada por Brasil. De todos modos, su posición es frágil, dado que la presidencia de Mario Abdo Benítez pende del hilo del juicio político que en cualquier momento podría detonar su predecesor Horacio Cartes, el Macrì de Asunción, un banquero acusado por lavado de dinero.

Ecos del 55.

El progresismo battlista hegemónico en el Uruguay desde principios del siglo XX fue alérgico al peronismo. De fuerte impronta masónica, al punto de que los diarios orientales escriben dios con minúscula y en vez de la Semana Santa celebran la semana del turismo, su afinidad principal fue con el socialismo de Alfredo Palacios y [Norte]Américo Ghioldi y con el radicalismo de Ricardo Balbín. Allí se radicaron muchos de los golpistas de 1951, como el joven oficial del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, que sobrevivió vendiendo vinos. Abundaron las escapadas turísticas de clase media al otro lado del charco, para asolearse en Piriápolis, cuando Punta del Este aún era una aldea sin groseros monobloques, comprar conjuntos de Ban-lon, el hilado de nylon que fue furor en la primera mitad de la década de 1950, y para ver las películas prohibidas en Buenos Aires, como El gran dictador, de Chaplin.
En junio de 1955, los pilotos navales y aeronáuticos que bombardearon la Plaza de Mayo fueron recibidos como héroes en el Uruguay, junto con los políticos que los azuzaron. El cambio de régimen, apenas tres meses más tarde abortó el incipiente conflicto diplomático. El nacionalismo herrerista acogió en cambio a los exiliados del peronismo perseguido. Recién la atípica presidencia de Pepe Mujica valoró la relación con la Argentina, más allá de los desencuentros, aún estridentes, y puso fin al conflicto por la instalación de la papelera Botnia, que el kirchnerismo no supo, no quiso o no pudo moderar. La peripecia de Rodríguez Simón intenta recrear aquel clima, contra el trasfondo de las dificultades estructurales del Mercosur.
La Argentina aceptaría una rebaja tarifaria para insumos industriales, pero no para productos finales. Si la reunión no se posterga por razones sanitarias, Brasil y Uruguay desembarcarán en son de guerra. Brasil ya comenzó a aplicar medidas unilaterales, como la rebaja del arancel para la importación de telefonitos, computadoras y aparataje médico, y la supresión de todos los aranceles que no pasen de 2%. El peor escenario sería que los cancilleres de Bolsonaro y Lacalle Pou intercambiaran apoyos a las respectivas exigencias.

Que dos siglos es nada.

Estas negociaciones se vinculan con la decisión argentina de dragar el canal Magdalena, de más de 60 kilómetros de largo, 150 metros de ancho y hasta 14 metros de profundidad, que proyectó el gobierno de CFK. Los pliegos para la licitación estuvieron listos el 9 de diciembre de 2015, el último día de su mandato, pero Macrì lo paralizó ante el malestar uruguayo, dado que beneficiará a los puertos argentinos de Bahía Blanca, Quequén y La Plata en detrimento del de Montevideo, donde atracan los buques con carga desde o hacia Buenos Aires. Concebido por Gran Bretaña en el siglo XIX como un tapón al predominio argentino, Uruguay se resiste a abandonar esa función, aunque hoy la fuerza hegemónica ya no sea Londres. Fueron el primer ministro Canning y el enviado al Río de la Plata Lord Ponsomby, exiliado por sus amoríos con quienes no debía, quienes instigaron la independencia uruguaya en 1828 para debilitar a Brasil y las Provincias Unidas y potenciar un puerto alternativo al de Buenos Aires para dominar la navegación y el comercio. Para eso fue necesaria la traición de los ganaderos y los comerciantes a José Gervasio de Artigas, quien además de la independencia imagina la revolución agraria y el proteccionismo industrial, pero cae derrotado por los ejércitos portugueses y la deserción porteña. Apenas 17 años después se libraría la batalla de Obligado, en la que Rosas resistió el intento de Francia e Inglaterra por forzar la libre navegación del Río Paraná, eso que hoy se denomina Hidrovía y que en realidad constituye la Vía Fluvial Troncal Paraná-Río de la Plata. La privatización del dragado y de los puertos decidida por Carlos Menem hace un cuarto de siglo ha puesto fuera del control público el grueso del comercio exterior argentino. Como explicó en El Cohete el senador Jorge Taiana, el Canal Magdalena tiene una importancia estratégica ya que representa la «salida directa al mar desde los puertos fluviales hacia los puertos de nuestro litoral marítimo, y viceversa, y la entrada y salida de las cargas de nuestro comercio exterior, sin tener que navegar desde El Codillo por el Canal Punta Indio, ni pasar por Montevideo, independizando nuestras exportaciones e importaciones de la logística de ese puerto, a la vez que integraría la Argentina fluvial con la marítima, hoy segmentadas y desintegradas por la dependencia de la navegación por Zona Alfa, administrada por el Uruguay». Que al mismo tiempo se esté discutiendo el contrabando y la evasión en el comercio externo de carne vacuna y sus precios en el mercado interno, completa un cuadro, que Canning, Ponsonby, Artigas y Rosas entenderían mejor que muchos de nuestros contemporáneos, porque en algún sentido, dos siglos es nada.

No sólo Macrì.

Con independencia de su orientación política, el conjunto de la prensa local identifica a Rodríguez Simón como asesor de Macrì. Cierto, pero incompleto, desde que se omite su relación con Rodríguez Larreta. Antes de mudarse a Montevideo, Rodríguez Simón vivía sobre la Avenida del Libertador a pocos metros del alcalde porteño, con quien mantenía contacto permanente. Incluso organizaba en su domicilio encuentros discretos con personas con las que el jefe de gobierno prefería no ser visto en público, y que llegaban al piso de Rodríguez Simón en momentos distintos previamente pactados y podían entretenerse con su pinacoteca y su biblioteca mientras aguardaban al comensal. La causa por la que fue citado a defenderse lleva como carátula Macrì, Maurizio y otros s/Asociación Ilícita, fue iniciada por Fabián de Sousa y en parte versó sobre la presión de Rodríguez Larreta sobre Cristóbal López, su socio en la explotación del juego Federico Achával y el propio De Sousa. El motivo era la negativa de López al «pedido expreso de Macrì» para que «las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex presidenta CFK». A Achával le habrían exigido que pagara el impuesto a los ingresos brutos por la explotación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Achával se negó, aduciendo que la concesión fue iniciada por el gobierno nacional antes de la autonomización porteña, pero terminó por aceptar ante la amenaza de encarcelarlo, como a De Sousa y López. En julio de 2016, luego de una reunión en la Casa de Gobierno, donde le transmitieron el ultimátum, Achával se dirigió a una escribanía, donde dejó constancia de lo sucedido. La defensa mediática de Rodríguez Simón es precisamente que lo persiguen por conseguir que los empresarios del juego paguen impuestos, como repitió su valedora Elisa Carrió, quien cree en las esencias platónicas: López y De Sousa «son ladrones» y Alberto Abad «el mejor funcionario público de la historia argentina» (sic). Pero por razones que no ha explicado en forma convincente, Rodríguez Simón prefirió negarse a la indagatoria a la que lo citó Servini, que sin duda giraría sobre hechos y no en torno a ideas filosóficas. Entonces sí, la jueza lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional con fines de extradición, dispuso la inhibición general de sus bienes y le congeló las cuentas bancarias. Tampoco ella fue demasiado precisa: Interpol le reclamó más información sobre el imputado y el delito que habría cometido, antes de tramitar la solicitud. La propia resolución judicial dice que no se estableció en forma fehaciente su condición de funcionario público. Servini explicitó que los delitos que investiga no son políticos. También precisó que hasta ese momento no había adoptado ninguna medida restrictiva respecto de Rodríguez Simón. Tampoco hay miembros del actual gobierno entre los querellantes.
Esta semana, la jueza recibió el segundo informe de la Dajudeco con los entrecruzamientos telefónicos que había pedido y que el hombre fuerte de la Cámara Federal, Martín Irurzun, intentó restringir, a solicitud de Macrì, su jefe de asesores José Torello y Rodríguez Simón. Pero los camaristas de Casación Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Don Eduardo Riggi revocaron esa decisión. Sería excesivo decir que Irurzun y Pepín son amigos, pero tienen la familiaridad de quienes estuvieron cerca de convertirse en consuegros, hasta que cesó el noviazgo entre sus hijes. En su nota, Alejandra Dandan cuenta que según el informe de la Dajudeco, Torello, quien compartía despacho en la Casa Rosada con Rodríguez Simón, mantuvo numerosos contactos telefónicos con Marcela Díaz Alberdi, prima hermana de Rodríguez Larreta, en el preciso momento en que el gobierno intentaba que el Grupo Alberdi se hiciera cargo de las autopistas que debía dejar Cristóbal López. Consultadas para esta nota, fuentes próximas al alcalde dijeron que no tiene relación habitual con su prima, quien en cambio es amiga desde hace años de Rodríguez Simón.
En marzo, Servini anunció que le tomaría declaración indagatoria dos meses después y le prohibió salir del país. De inmediato el abogado de Rodríguez Simón informó que ya estaba en el Uruguay y acompañó copia del pasaje de regreso para el 15 de mayo. Había salido del país el 8 de diciembre de 2020. «En plena etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio vigente en nuestro país Rodríguez Simón pudo viajar a la República Oriental del Uruguay, incluso con las restricciones que en aquella oportunidad tenía establecidas el vecino país, lo que demostraba el arraigo que tenía fuera del territorio nacional. De tal manera sostuve que las condiciones expuestas eran elocuentes en cuanto demostrarían la existencia de un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la Justicia, basado en los contactos que tenía en los diferentes estamentos de poder y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente», escribió la jueza. El 6 de abril, el abogado Gustavo de Urquieta informó al juzgado que Rodríguez Simón asesoraba a inversores argentinos, uruguayos y europeos sobre oportunidades, condiciones y marcos jurídicos para realizar negocios en la Argentina y en dos emprendimientos en el Uruguay: uno comercial en Maldonado y otro inmobiliario turístico en Rocha. La fecha de la audiencia se reprogramó para el 17 de junio.
Rodríguez Simón pudo ingresar a Uruguay porque le concedieron una «residencia temporaria», cosa que desde el cambio de gobierno oriental, el consulado en Buenos Aires otorga con prodigalidad a quienes acreditan buenos contactos políticos y capacidad económica. Esto ha acrecentado la colonia argentina en la Rodelú, integrada entre otros por grandes empresarios como Marcos Galperín y Gustavo Grobocopatel, políticos como el ex senador Eduardo Duhalde y operadores mediáticos como Daniel Hadad. Los dos últimos tienen la ciudadanía oriental, que se otorga a hijos y hasta nietos de uruguayos, (Duhalde es nieto, y Hadad hijo). Los costosos abogados orientales que defienden a Rodríguez Simón son Didier Opertti, ex canciller de Julio Sanguinetti, y Martín Risso, ex decano de la universidad católica, del Partido Nacional. Es decir, representantes emblemáticos de la coalición de gobierno, como para colegir que Rodríguez Simón sea la punta de lanza de una operación política mayor.
Uruguay es una pieza significativa en el empeño de Duhalde y Hadad por la deslegitimación del gobierno argentino. El ex intendente de Lomas de Zamora se escuda en su deterioro cognitivo para quebrar los límites admisibles de la política. Hadad dirige una cloaca con sede central en Estados Unidos, a la que el gobierno trata con llamativa deferencia mientras lo cascotean por sus intentos de renegociar las deudas contraídas por el gobierno anterior que ellos apoyaron, de controlar el alza de los precios de alimentos y artículos de consumo popular, y, como dijo Cristina hace seis meses, alinear precios y tarifas con salarios y jubilaciones.
Intentos loables, pero no siempre eficaces. De hecho, ni siquiera la mayoría de los funcionarios concernidos (o excluidos) son entusiastas del cierre temporario de las exportaciones de carne bovina, mientras se procura un denominado ordenamiento de su comercialización, para asegurar el surtido a precios posibles de la parrilla dominguera. La idea de una negociación con los exportadores es razonable, pero el gerente del consorcio ABC, Mario Ravetino, no parece la persona apropiada para sentarse a la mesa, como tampoco lo es Jaime Campos en AEA, gerentes profesionales sin capacidad de decisión. Los acuerdos deberían ser más fáciles en momentos de abundancia, con los precios de la producción primaria por las nubes, tanto agrícolas como ganaderos, pero las patronales exhiben un ánimo belicoso, coherente con la rebeldía de Rodríguez Simón.
El frente patronal no está unido, y la Sociedad Rural de Córdoba, presidida por el ganadero Pedro Salas, llamó al diálogo con el gobierno a los exportadores, que «deberán transparentar sus operaciones de Comercio Exterior, y llevar los precios del mercado interno a valores razonables, que se adecuen a los ingresos de los argentinos en este momento de crisis», porque no le parece admisible «un capitalismo salvaje, que lleve a uno sola de las partes a quedarse con la ganancia del resto de los integrantes de la cadena de comercialización». El decreto está bien fundado, pero faltan instrumentos que obliguen a los frigoríficos y seduzcan a los ganaderos chicos y medianos. En la reunión previa con el consorcio ABC, cuando los funcionarios advirtieron que se podría llegar al cierre de las exportaciones, los frigoríficos no se inmutaron.
-Háganlo -dijeron, y se retiraron.
La secretaria de comercio Paula Español tiene tantas raíces políticas como un clavel del aire. Los ministros de la Producción y de Economía, Matías Kulfas y Martín Guzmán, no están felices con esa restricción. El sonriente ministro de Ganadería, Luis Basterra, se enteró de la decisión cerca de la medianoche del jueves, cuando le llevaron el decreto para que lo firmara. Ni él, ni el coordinador político del ministerio, el sociólogo Ariel Martínez, ni el subsecretario de ganadería, el veterinario Cachi Romero, atienden los llamados de los pequeños y medianos ganaderos inquietos por la situación, porque no saben qué decirles de una medida en cuya elaboración no intervinieron. Mientras, la Mesa de Enlace incrementa su beligerancia, azuzada por el presidente de Confederaciones Rurales, el ex diputado de la UCR Jorge Chemes, quien en 2009 dio rienda suelta a su aprecio por el sistema republicano y representativo. Durante una asamblea con la que la SRA y CRA intentaban revivir el clima tumultuario del año anterior, el productor santafesino Daniel Stechina cuestionó los intentos de negociación y dijo que los productores «están dispuestos a que esta porquería que está en el gobierno se vaya a patadas». Propuso lisa y llanamente «destituir y hacer desaparecer a toda esta gente, porque no es una institución el problema, el problema es la gente que está dentro del gobierno». El tambero entrerriano Chemes asintió y también dejó volar su imaginación: «Como en la guerra, hay que ir matando a los de la primera fila. Hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar… Hay que cortarles la mano a los Kirchner porque vienen por más». El también tambero Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural, cuida más las formas pero coincide en el fondo.

Tercero excluido.

El actual gobierno desafía la lógica aristotélica, o al menos su principio del tercero excluido, por el cual si una proposición afirma lo que otra niega sólo una de ellas es verdadera. Para comprender su funcionamiento, en lo que respecta a las relaciones entre sus socios principales, puede resultar más útil la física cuántica, con su principio de incertidumbre. Al menos así lo sienten desde hace años los líderes de la oposición política, el gremialismo patronal y los grandes medios que representan sus intereses. Cada vez que creen haber aprehendido la situación y caracterizado a los protagonistas y sus relaciones, se llevan una sorpresa.
En 2017 decretaron la muerte política de Cristina porque Florencio Randazzo le restó el puñado de votos que le faltaron para batir a Esteban Bullrich por la senaduría bonaerense, sin advertir que, como Perón en la elección mendocina de 1965, había ratificado su liderazgo excluyente dentro del peronismo, aunque un conservador irrelevante ganara la elección. En 2018 daban por sentado que el encuentro en Córdoba de Sergio Massa, Juan Schiaretti, Miguel Pichetto y otras estrellas menores de la misma constelación, a la que luego Pichetto sumó a Roberto Lavagna, implicaba que los gobernadores peronistas se unirían para cerrarle el paso a la ex Presidenta. Pero bastó que ella anunciara en la sede del PJ que no sería un obstáculo para la unidad, y que nominara como candidato a la presidencia a su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, para que esas combinaciones se disolvieran. Su inclusión en la fórmula como Vice también tiene un precedente en la historia del movimiento: en 1962 el entonces proscripto Perón anunció su candidatura a la vicegobernación bonaerense, secundando al sindicalista Andrés Framini. El presunto antagonismo entre peronismo y kirchnerismo es una de las mayores tonterías disponibles en el mercado de las ideas. Massa, que en 2017 perdió hasta en su bastión de Tigre, se trepó al último vagón de ese tren en movimiento cuando advirtió que su proyecto alternativo al kirchnerismo ya medía tan poco como el de Randazzo.
Para sorpresa y desilusión de esos apostadores, Massa sobreactuó la reducción de su avenida del medio a una humilde senda vecinal. Durante el viaje a Córdoba para la misa en el primer aniversario de la muerte de José De la Sota, después de las primarias y antes de la general de 2019, le dijo a Wado de Pedro:
-¿Viste que yo también canté ‘Vamos a volver’?
Cuando De Pedro bajó la mirada hacia su teléfono y contestó con un sonido gutural, Massa no se arredró:
-Hasta nombré a la Jefa -insistió.
Una vez que les Fernández arrasaron al macrismo, comenzaron las apuestas a una ruptura de Alberto con Cristina. El Presidente se cansó de repetir que no volvería a pelearse con su Vice y de desalentar los intentos de algunos amigos por crear un presunto albertismo.
Les llevó tiempo convencerse de que Alberto hablaba en serio, y desde entonces fantasean que se sometió a Cristina y perdió toda autoridad. La corrida cambiaria del año pasado, la escalada inflacionaria del primer cuatrimestre de 2021, la telenovela turca sobre los celos entre Martín y Federico, representan las esperanzas perdidas de ese sector, que hoy considera irrecuperable al Presidente y lo destrata como si fuera la mismísima Cruella de Vil.
Hábil declarante, Massa pasó de anunciar que metería presos a Cristina y a su hijo Máximo, a ofrecerse como armador del panperonismo de la victoria y facilitador de las relaciones con grupos empresariales del país y del exterior. Los límites de su pragmatismo son inconmensurables, como los de un político mexicano. Nunca lejos del presupuesto.
El último aporte de esta saga de expresiones de deseos disfrazadas de noticias fue el de la presunta disidencia entre Cristina y La Cámpora, que seguirá el mismo camino hacia la nada de las demás fantasmagorías. La pandemia requiere entretenimientos y estos son los más baratos que se consiguen, sobre todo ahora que hasta el fútbol entró en stand-by.

Gritos y susurros.

La gritería en que se solaza la oposición es doble faz. Lejos de las cámaras sus dirigentes son más racionales de lo que les gusta parecer. Por eso el Congreso no detiene su actividad a pesar de las restricciones y la posibilidad de acuerdos está siempre abierta. El último fue acerca de la postergación por un mes de las elecciones primarias y de las generales. Y está sobre la mesa la reforma de la ley del Ministerio Público. Un sector de la oposición propone morir en forma heroica, abrazado al Procurador interino Eduardo Casal. Pero otros entienden lo insostenible de la situación y comienzan a ver con buenos ojos al candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, de los mejores jueces federales de la democracia post-dictatorial. Es posible que este viraje haya obedecido al menos en parte a la aprobación del dictamen de mayoría en las comisiones de la Cámara de Diputados, con las enmiendas que el ministro de Justicia Martín Soria acordó con los gremios profesionales de fiscales y de jueces, y a la reiteración de Rafecas de que declinará la postulación si se ablanda el requisito infraconstitucional de los dos tercios para su nombramiento, prueba irrefutable de que no es peronista. De todos modos, hasta ahora el oficialismo no alcanza la mayoría necesaria para sancionar la reforma, que luego debería volver al Senado para que ratifique las modificaciones introducidas al texto en Diputados. Tampoco lo dice en forma abierta. Mecánica cuántica al palo.
Mientras, la Corte Suprema sigue haciendo precalentamiento para votar sobre el desembarco del supermercado Farmacity en la provincia de Buenos Aires, donde la ley lo prohíbe. Carlos Fernando Rosenkrantz, que se excusó por haber sido abogado de esa empresa, llevó sin embargo al acuerdo un asunto de derecho público municipal, con audiencia pública incluida, que abre camino a la cadena de supermercados con sede en una guarida fiscal. Junto con Elena Highton, entendieron que el municipio cordobés de Arroyito invadió la competencia del Congreso de la Nación, al prohibir que los supermercados abran los domingos. En cambio Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Horacio Rosatti rechazaron la pretensión de un supermercado chino y apoyaron la autonomía municipal, consagrada en todas las constituciones, prosiguiendo con la demolición de la unidad nacional ya golpeada por el fallo sobre las clases presenciales en la Capital. Así se construyen precedentes.
Aunque no lo veamos, Rosenkrantz está.