Periodismo de guerra

A menos de tres semanas de comenzar el mandato de las actuales autoridades nacionales, se produjo un hecho insólito, y por cierto, nada republicano. Una ley, que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, precedida de largos meses de debate público y abierto en la sociedad civil, y ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema, fue borrada de un plumazo mediante un decreto presidencial. El único beneficiario: el conglomerado de empresas de comunicación más grande del país, que inauguraba así su período de más amplio y asfixiante dominio sobre el mercado comunicacional. Pero hay indicios de que ese período, lentamente, se está cerrando, junto con el proceso político que lo propició.

Devolución de favores.
Aquella concesión del Ejecutivo nacional, aún cuando fuera presentada como una "modernización" de una normativa que tenía escasos seis años de vigencia, fue en realidad una devolución de favores, tal como nadie podía ignorar. Y es que esa empresa multimedios, a través de sus diarios, canales de televisión y radios -que supuestamente procuran informar a la población- fue parte fundamental de la campaña electoral que había entronizado al gobierno. Y parte de su "contribución" consistió en la difusión consciente y deliberada de noticias falsas que difamaban a miembros del gobierno saliente, cuya falsedad se demostró luego en sede judicial.
En estas operaciones no se reparó en nada: de hecho, un elemento común fue el empleo, como protagonistas de las supuestas denuncias, de delincuentes con condena firme, incluso con sentencias de cárcel en curso de cumplimiento.
De tanto brindar por el triunfo, algunos de los "comunicadores" involucrados en estas maniobras las calificaron como "periodismo de guerra", como si la sociedad argentina fuera un campo de batalla y no una nación pacífica y democrática. Tanta sinceridad parece producto de un estado de intoxicación, no se sabe si por los brindis, o por la impunidad de que gozaron, después de tanta tropelía, para mantener y acrecentar el monopolio.

Fuentes.
La primera señal de este aparente fin de ciclo está dada por la suerte de uno de los "periodistas estrella" del multimedios, que acaba de ser procesado por participar en maniobras extorsivas destinadas al armado de causas judiciales. De hecho, el procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Dolores es benevolente, ya que por la cantidad de personas involucradas en esta banda criminal, le hubiera cabido una imputación por asociación ilícita.
Son cada vez más débiles los intentos de defender su conducta, en particular, por la torpe cercanía establecida con el estafador jefe de la banda, a quien usaba como "fuente" pero también ayudaba en sus intentos por acorralar potenciales víctimas.
Como manotazo de ahogado, la defensa del procesado -que ejercen no sólo sus abogados, sino también el propio diario- procura citar el secreto de las fuentes periodísticas para hacer desaparecer de la causa un elemento de prueba importante: el listado de llamados telefónicos del periodista, que prueban su contacto más que frecuente con los otros miembros de la banda. En la medida que no se han interceptado comunicaciones -medida que el juez bien podría haber dispuesto- no se avizora cómo ese listado de números telefónicos puede violar confidencialidad alguna.

Planta.
Otro reciente fallo judicial contrario a los intereses del monopolio se conoció en estos días, aunque el tribunal actuante -la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal- aparentemente procuró evitar que se conociera la identidad de los involucrados en el caso.
Concretamente, el tribunal dispuso el sobreseimiento de Pablo Viñas, dirigente de la comisión interna en la empresa, a quien un juez inferior había procesado por -supuestamente- haber impedido la circulación de un medio de prensa. Se trataba, en realidad, de una manifestación gremial llevada a cabo en enero de 2017, frente a la planta impresora del medio, por parte del gremio y varias otras agrupaciones sociales, en protesta por la ola de despidos verificada.
Una vez más, la empresa procuraba ampararse en la libertad de expresión para enjugar su propia conducta ilícita. Esta vez, no sus prácticas monopólicas, sino su conducta antisindical, que es pública y notoria.
Los jueces subrayaron que mientras no existan actos de violencia, las manifestaciones sindicales son un ejercicio legítimo, también, de la libre expresión. Un detalle final: el gremialista que había sido procesado -se comprobó- no estaba presente en la manifestación. Cualquier parecido con el caso de Milagro Sala, es pura coincidencia.

PETRONIO