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Perseguida y censurada

La censura que sufrió la declaración de la expresidenta y actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 2 es fiel reflejo de la calidad de la democracia argentina. La acusación formulada por fiscalía había sido transmitida en vivo, en cambio la defensa de la propia imputada no tuvo igual suerte. Mejor muestra de falta de imparcialidad, imposible. Especialmente porque sobran ejemplos de juicios transmitidos en vivo por televisión en Buenos Aires y en todo el país, y hay una acordada de la Suprema Corte que avala tal metodología.
Hasta las formas ampulosas que exhibieron los auxiliares del tribunal para evitar que circulen imágenes tomadas en forma indirecta desde los monitores de la sala de prensa, reveló el estado de ensañamiento patológico que prima en los tribunales federales de Buenos Aires contra la vicepresidenta electa.
Ningún argumento sólido se pudo esgrimir para cometer este acto de censura. Lo cual no deja de ser coherente con el funcionamiento mismo de la Justicia federal porteña, convertida hoy en un tribunal inquisitorial destinado a perseguir a opositores políticos como ordena el modelo que bajó de Estados Unidos y es de aplicación general en toda la región. Lawfare, guerra con la ley, ha sido denominado y también lo sufre Lula da Silva, Vilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa y tantos otros dirigentes políticos latinoamericanos.
La causa que se está tramitando es un compendio de operaciones judiciales con un único objetivo: limar la imagen pública de CFK y hacerle creer a una porción de la sociedad que su gobierno fue un antro de corrupción. Nada que no se conozca. Los líderes políticos citados y muchos otros vienen sufriendo la misma ofensiva. Ya en 1964 Arturo Frondizi denunciaba este sistema de persecución en un libro que citaba casos emblemáticos de la historia argentina. Siempre la derecha atacó a los gobiernos populares y a sus dirigentes con la lanza de la corrupción. El objetivo es no solo enlodarlos sino ocultar sus propios negociados bajo la sombra de los inventados. El actual gobierno argentino es un caso paradigmático. Cualquiera de los casos que hoy salpican al presidente y su gabinete es, por sí solo, mucho más resonante y escandaloso que los muchos que la prensa oficialista pueda enarbolar sobre el pasado kirchnerista. Ahí está la razón última de este nuevo acto de vulneración de derechos que le impidió a la expresidenta dar a conocer en vivo y en directo su alegato. Sabedores de que su alocución no iba a ser solo jurídica sino, esencialmente, política, se encendieron las alertas de Comodoro Py hoy colmado de jueces que deshonran la función. Si hay un rasgo del macrismo que perdurará en la memoria de los argentinos, además de las penurias económicas que provocó al por mayor, será la de haber sumergido al Poder Judicial en un abismo de degradación como nunca se había visto desde la recuperación de las instituciones democráticas.
Hoy quedó confirmado, una vez más, que lo que vulgar e inmerecidamente se llama Justicia, en la Argentina de nuestros días no es más que una oficina que reporta a la Casa Rosada. Una caricatura de lo que esa palabra significa.