Piden a Cancillería que interceda por Molares

Mediante una nota al canciller Felipe Solá, organizaciones de derechos humanos y sociales pidieron que se tramite la libertad y repatriación de Facundo Molares, detenido en una cárcel de máxima seguridad en Bolivia.
IRINA SANTESTEBAN
El gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez en Bolivia, hoy repudiado por amplios sectores de su pueblo, intenta mantenerse en el poder mientras aumentan las acusaciones por corrupción de funcionarios gubernamentales y militares, así como de violaciones a los derechos humanos.
Esta autoproclamada presidenta prometió cuando asumió, que su gobierno sería «transitorio» y que llamaría a elecciones «sin fraude», en referencia a las acusaciones que le hicieron al presidente constitucional Evo Morales, quien ganó las elecciones el 20 de octubre del año pasado, por más de 10 puntos, en el balotaje contra Carlos Mesa. Los comicios fueron impugnados por mentirosas denuncias de irregularidades, promovidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), y su secretario general Luis Almagro. Se posibilitó así el golpe de la derecha impulsado por Luis Fernando Camacho, los militares y fuerzas policiales, respondiendo a los dictados del gobierno de EEUU, que nunca le perdonó a Evo que expulsara de Bolivia al representante de la DEA y al propio embajador norteamericano, por intromisiones en los asuntos internos de su país.

No hubo fraude.
A principios de marzo dos especialistas del Instituto Técnico de Massachusetts (MIT) realizaron un estudio en el que afirmaron no haber encontrado evidencia estadística de fraude en las elecciones de Bolivia. Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab, concluyeron que «no hay ninguna evidencia estadística de fraude» en las elecciones ganadas por Evo, y calificaron al informe publicado por la OEA como «profundamente defectuoso». Esto fue publicado por el diario norteamericano The Washington Post; luego las autoridades del MIT aclararon que el estudio no era de ese Instituto sino de los especialistas, pero no cuestionaron sus conclusiones.

Detención de Facundo.
En medio de ese clima de represión y golpismo, murió un periodista argentino, Sebastián Moro, en circunstancias todavía no aclaradas. El reportero gráfico Facundo Molares Schonfeld, que estaba cubriendo la situación política en Bolivia, al momento del golpe de Estado estaba internado por una descompensación renal. A pesar de su delicado estado de salud fue detenido, acusado sin pruebas, sometido a una parodia de juicio que no le permitió una adecuada defensa, hasta que finalmente fue trasladado a una cárcel. Se trata de Chonchocoro, un penal de máxima seguridad ubicado a 4000 metros de altura, que agrava el estado de salud de Facundo, por ser hipertenso, se sabe que además ha perdido totalmente la visión de un ojo.

Reclamos por libertad.
Su padre, Hugo Molares, quien reside en la provincia de Chubut, estuvo en Bolivia intentando ayudar a su hijo, pero no tuvo éxito y regresó a Argentina donde aguardó la asunción del presidente Alberto Fernández, para pedir la intervención de la Cancillería argentina, pero no tuvo respuesta. Sí se pronunciaron a favor de su repatriación otras organizaciones las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, etcétera.
Ante la falta de respuesta oficial, Molares padre envió una carta abierta al presidente de la Nación, para pedir por la libertad y repatriación de su hijo Facundo. En ella, le dice que su hijo está en ese penal «hace ya casi seis meses, sin la atención mínima adecuada a su estado de fragilidad física, procesado en forma amañada, en un limbo judicial perverso y ahora con el riesgo cierto y cercano de la pandemia que tiene a la población carcelaria como una de las más vulnerables como bien ha hecho notar la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet».

Reclamo a Cancillería.
En apoyo a ese reclamo, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba) de Córdoba, promovió junto a personas solidarias con la situación del reportero detenido, la redacción de una nota que fue enviada ayer al canciller Felipe Solá. Le piden su intervención y que interceda para que el gobierno de Áñez libere y se pueda repatriar a Facundo, por ser su detención arbitraria, pero sobre todo por su delicado estado de salud, que hace peligrar su vida en las condiciones en las que se encuentra.
El pedido al canciller es urgente, pues la pandemia de Covid-19 que se ha desatado en todo el mundo, hace más peligrosa aún su permanencia en el encierro al que lo ha confinado el gobierno ilegítimo de Áñez.
Sin embargo, el gobierno ilegítimo boliviano se niega a liberar a Facundo, desoyendo la medida cautelar que emitiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA. La intervención de este organismo fue pedida por el padre de Facundo (solicitud de Información MC-1120-19) y la medida dictada fue dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, con un emplazamiento al gobierno para que, en un término de siete días, se informe sobre su situación física y legal.
El reglamento de la CIDH permite que este organismo regional pueda inquirir a los Estados miembros, que aporten información sobre determinadas cuestiones; en este caso el estado de salud de Facundo Molares, su diagnóstico, si está recibiendo tratamiento necesario y si tiene acceso a consultas médicas regulares. También pide que se acompañen certificaciones médicas correspondientes, para corroborar si en su confinamiento habría mejorado, empeorado o si se mantendría estable su estado de salud.
Es de esperar que la cancillería argentina responda favorablemente este pedido humanitario, para que un compatriota y luchador regrese a su país: se encuentra injustamente detenido por un gobierno ilegítimo y que viola los derechos humanos más elementales.