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Piden indulto para Amado Boudou

ES UN MECANISMO CONSTITUCIONAL

La solicitada publicada con más de 5.000 firmas pidiendo a Alberto Fernández el indulto para el ex vicepresidente Amado Boudou abrió el debate sobre esta facultad que la Constitución Nacional le otorga al presidente.
IRINA SANTESTEBAN
«Es una rémora monárquica», dijo Fernández, para fundamentar su negativa a utilizar el mecanismo del indulto previsto en el artículo 99 inciso 5 de la Carta Magna. La norma establece entre las atribuciones del Presidente, la de «indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente».
Para el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, el indulto es una herramienta republicana que está presente en todas las constituciones de los estados modernos. En el programa de Víctor Hugo Morales en la radio AM 750, consideró que el jefe de Estado debe hacer una evaluación sobre la «conveniencia» o no de otorgarlo, de acuerdo al contexto político, pero que no constituye un resabio de la monarquía ya que es claramente constitucional.
La solicitada que pide la libertad de Amado Boudou fue firmada por siete ex presidentes de la región, algunos de ellos, como el brasileño Lula da Silva o el ecuatoriano Rafael Correa, víctimas también de la persecución mediático-judicial.

Excluidos.
La reforma de 1994 dejó establecido que quienes atenten contra el orden institucional y el sistema democrático quedarán excluidos del indulto (nuevo artículo 36 de la CN), incluyendo a los condenados por delitos graves contra el Estado que conlleve enriquecimiento.
A Boudou no se le pudo probar enriquecimiento ilícito. Como ya se planteara en esta columna (La Arena, 09/12/2020), la única prueba en su contra fue la declaración del arrepentido Alejandro Vanderbroele, a quien se le pagó dinero por esa declaración, con el que éste instaló una hostería en Mendoza.
Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de «negociaciones incompatibles con la función pública» y «cohecho pasivo» (coimas). Para el Tribunal que lo condenó, hubo prueba suficiente de que el ex vicepresidente había comprado, a través de un prestanombre, la empresa Ciccone Calcográfica que había contratado con el Estado para imprimir billetes. Sin embargo, no se pudo acreditar el enriquecimiento ilícito, ni el pago de coimas, ni que el ex vicepresidente tenga propiedades o cuentas bancarias en el país ni en paraísos fiscales.

Apelación.
La abogada del ex vicepresidente, Graciana Peñafort, va a presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que su condena sea revisada, así como la revocatoria de su arresto domiciliario, dispuesta por el juez Daniel Obligado. Este mismo magistrado le otorgó a Boudou la prisión domiciliaria, en abril del año pasado, y a criterio de la abogada defensora no se entiende cuáles son los cambios que motivaron que hoy se le revoque ese beneficio.
Según Peñafort fueron dos tapas de Clarín durante diciembre, las que motivaron el cambio en la decisión del juez Obligado, quien además firmó su resolución el último día hábil judicial. Quienes defienden a Boudou y al gobierno nacional sostienen que la noticia sobre el posible regreso del ex vicepresidente a la prisión sirvió a la prensa hegemónica para «tapar» las buenas noticias de la sanción de la legalización del aborto y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19.

Juicio a la Corte.
El indulto divide aguas en el gobierno nacional, entre quienes lo exigen como una «solución política» y la negativa de AF de concederlo.
La posición ante la Corte Suprema de Justicia es otro motivo de discrepancias. La vicepresidenta hizo pública una carta un día antes de cumplir un año de mandato, y apuntó durísimo contra el Poder Judicial y la Corte Suprema en particular, mencionando uno por uno a sus miembros, incluidos los designados durante el gobierno de Néstor Kirchner. Los acusó de ser los propiciadores del lawfare o «guerra judicial» desatada contra ella misma y ex funcionarios suyos.
Pero no hay señales desde la presidencia acerca de modificar la actual conformación del máximo tribunal. Se habla de incorporar algunos miembros, un par de ellos de la oposición. Y eso no sería nada bueno.
Los cortesanos vienen desafiando la autoridad presidencial, cuando aceptaron tratar mediante per saltum el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. En cambio la condena a Boudou fue confirmada por la CSJN sin fundamento, utilizando el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales de la Nación. Esto fue una provocación, que puso a AF en la incómoda situación de tener que negarse a recurrir al indulto, y así promover una discusión política y división al interior del Frente de Todos.

Frente judicial.
El domingo pasado, Clarín publicó un nota de opinión de Eduardo Van der Kooy, basada en una entrevista que mantuvo con el presidente en la quinta de Olivos. No fue publicada como reportaje sino que el columnista matizó su artículo, de conocidos puntos de vista opositores al gobierno nacional, con algunas frases de AF, obviamente elegidas por el autor de la nota.
Van der Kooy se explaya sobre las diversas causas que afrontan algunos ex funcionarios K y se detiene en las que pesan sobre Cristina, planteando que la obsesión de la ex presidenta es desactivarlas ya. Sin embargo, en Página/12 de ese mismo día, Raúl «Tuny» Kollman desmenuzó los procesos judiciales que afronta CFK, explicando que se van decantando las pruebas aportadas por las respectivas fiscalías. Por ejemplo, en el juicio por la obra pública de Santa Cruz, la pericia oficial demostró que no hubo sobreprecios; y según la defensa de la vicepresidenta las acusaciones se han ido cayendo con los testigos aportados por la fiscalía, faltando aún los de la defensa, entre los que figura el propio presidente, como ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina durante los hechos que fueron motivo del proceso.
Lo mismo con la causa por dólar futuro, donde los peritos de la Corte Suprema determinaron que no hubo perjuicio para el Estado, y que en realidad quienes se beneficiaron no fueron los ex funcionarios K acusados sino empresarios que luego fueron ministros de Mauricio Macri, en una operatoria habitual en la Argentina y otros países.
Y así con los restantes juicios, que a juicio de Kollman van «camino al naufragio».
En definitiva, el frente judicial es uno de los más sensibles para el gobierno, tal como lo fue para el de Cristina, y no así con el de Macri, quien a pesar de haber asumido con más de dos centenares de causas, éstas fueron «mágicamente» desactivadas. Hoy, a pesar de los múltiples procesos abiertos en varios tribunales (Correo, peajes, parques eólicos, etc.) el ex presidente no ha sido siquiera molestado con citaciones o indagatorias, como lo fue CFK, demostrando en qué dirección se mueve Comodoro Py.
Mientras tanto, no habrá indulto presidencial a Boudou, y tampoco parece que habrá una reforma judicial que ponga a este Poder a tono con lo que la Constitución dispone: investigar, juzgar y eventualmente condenar a los que cometen delitos, y no a perseguir con pruebas falsas a quienes los poderes económico y mediático consideran sus detractores.