Piden la libertad de Facundo Jones Huala

El lonko mapuche enfrenta una resolución para ser extraditado a Chile. El Estado argentino y la Justicia se niegan a reconocer los derechos ancestrales de su pueblo.
IRINA SANTESTEBAN
Luego de la huelga de hambre que realizara durante más de 20 días, en la cárcel de Esquel, reclamando su derecho a realizar la celebración del Wiñoy Tripantu (Año Nuevo mapuche), Jones Huala pudo cumplir con ese rito del pueblo mapuche. Su situación procesal se encuentra en manos de los tres jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, donde se realizó una audiencia el martes 3 de julio. Allí, su abogada Sonia Ivanoff invocó los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Convenios de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, para sostener la legitimidad del reclamo que realiza la comunidad mapuche.

Justicia "huinca".
Los descendientes de nuestros pueblos originarios se quejan que el Estado argentino y el Poder Judicial no respetan las normas que les otorgan un status jurídico especial, de respeto hacia sus costumbres, cultura, creencias y el derecho a la propiedad ancestral sobre los territorios que les fueron usurpados. Tanto la Constitución Nacional de 1994 como los Convenios internacionales que ha suscripto Argentina reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, no son ni aplicados ni conocidos por la mayoría de los magistrados y tribunales que los juzgan como si fueran "usurpadores".
Para los voceros de la comunidad mapuche, los jueces ni siquiera se molestan en estudiar el derecho que deben aplicar cuando tienen bajo estudio, una cuestión que les atañe.
Y es que, en el largo conflicto territorial que enfrenta a la comunidad mapuche con la Compañía de Tierras del Sud, del grupo empresario textil Benetton, la mayoría de las veces, el Poder Judicial ha resuelto favorablemente los pedidos de este poderoso holding italiano.

Patagonia ajena.
Son muchos los argentinos que opinan que la Patagonia es "nuestra" y no de "los mapuches". A lo que Facundo Jones y su comunidad contestan que, en realidad, hoy la Patagonia no es ni de los argentinos ni de los mapuches, sino de empresarios como Luciano y Carlo Benetton, Joe Lewis, etc., todos extranjeros.
La Compañía de Tierras del Sud Argentino, de los Benetton, es continuidad de The Argentinian Southern Land Company Limited, que se fundó en Londres el 1 de mayo de 1889 para administrar las posesiones de un grupo de ingleses, que habían recibido esas tierras como parte de pago del Estado Argentino a la Corona Británica por haber financiado la campaña militar "Conquista del Desierto" entre 1878 y 1885. En "Historia de la Crueldad Argentina", Osvaldo Bayer narra cómo los sobrevivientes de esa "conquista" fueron llevados a Buenos Aires, y las mujeres y niños eran exhibidos en el mercado para que las familias tradicionales pudieran abastecerse de personal doméstico.

Los dueños de la tierra.
En esas tierras de las que la compañía de los Benetton dice ser su titular dominial, vivían los pueblos mapuches-tehuelches y sus descendientes las reclaman como propias.
En mayo de 1982, la compañía pasó a llamarse "de Tierras del Sud Argentino S.A.", en plena guerra con Gran Bretaña por las Malvinas. Y en 1991, sus acciones pasaron a manos del italiano Edizione Holding International N.V. del Grupo Benetton. Al frente fue designado Carlo Benetton, hermano menor del jefe del grupo, Luciano.
Según Andrés Klipphan, autor del libro "Tierras S.A., crónicas de un país rematado", escrito junto al periodista Daniel Enz, de Editorial Aguilar (Infobae, 10/09/2017), la Compañía de Tierras del Sur posee en Argentina las siguientes posesiones: 900.000 hectáreas en campos en Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz; 290.000 ovejas; 16.000 cabezas de ganado; 5.200 hectáreas forestadas y 8.000 hectáreas destinadas a la agricultura en provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la producción textil, el 10% de la lana utilizada como materia prima en Benetton, proviene de la Patagonia.
Las ocho mejores estancias de la Patagonia son de Benetton, entre ellas Leleque y El Maitén, en Chubut.

Un preso que molesta.
A pesar de su juventud y de representar el reclamo de un pueblo tradicionalmente discriminado, la detención de Facundo Jones es muy molesta para los gobiernos nacional y de Chubut.
Y por eso les preocupa la posibilidad de una pronta resolución sobre el pedido de libertad que realizó su abogada. Definirán dos de los jueces, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, del sector "garantista" de la Justicia. El tercer miembro del Tribunal, Eduardo Riggi, pertenece al "ala dura".
El fiscal Javier De Luca hace siete meses dictaminó para que Facundo siguiera preso mientras se sustanciara su juicio por la extradición a Chile. Ahora, solicitó la "morigeración" de las condiciones de detención del lonko, ya que hace más de un año que se encuentra preso en Esquel, a la espera de la resolución sobre el pedido de extradición, en una causa en la que ya no hay detenidos en el país trasandino, pues los jueces no pudieron fallar en su contra. Antes, el juez federal de Chubut, Guido Otranto, había desestimado el pedido de extradición porque en la causa de origen los testimonios que lo incriminaban habían sido tomados bajo torturas.
En marzo de este año, otro juez, Gustavo Villanueva, hizo lugar a la extradición, fallo que fue recurrido por la defensa de Facundo y que ahora se encuentra a resolución de la Cámara de Casación Penal.
Es probable que sin aceptar la excarcelación que pide Ivanoff, los jueces, por mayoría, resuelvan por la prisión domiciliaria. Eso molesta a las autoridades nacionales, en particular a la ministra Patricia Bullrich, quien ha catalogado a los mapuches como "terroristas".
Si Facundo tuviera prisión domiciliaria, podría cumplirla donde reside, en la Pu Lof Cushamen, que está en la estancia Leleque, el centro de la disputa con Benetton.
Es evidente la desigualdad entre los contendientes de este largo conflicto territorial. Por un lado, el grupo Benetton, apoyado por la Sociedad Rural de Chubut, que desconocen el reclamo ancestral del pueblo mapuche, con el visto bueno de un Poder Judicial que recepta todos sus pedidos de desalojos.
Por el otro, una comunidad pobre, pero convencida de la legitimidad de su lucha, que tiene mucho del derecho a su favor, comenzando por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, pero que no puede hacerlos valer, por un Poder Judicial que, muy a menudo, es implacable con los humildes y genuflexo ante los poderosos.