Pobreza: hay que ver toda la película

DATOS QUE CONTRADICEN EL DISCURSO

El gobierno intentó mostrar la pobreza como una foto, atribuyendo la imagen a la gestión anterior. Pero si se
mira la película vemos que las medidas tomadas en 2016 tienen mucho que ver con la cifra de 32,2% de pobres.
JUAN CRUZ LUCERO*
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó días atrás los indicadores referentes a la medición de pobreza e indigencia en grandes centros urbanos. El gobierno de la Alianza Cambiemos expuso que la pobreza se ubicó en el 32,2% y la indigencia en el 6,3%. Pasándolo a números concretos, estas cifras implican sostener que en Argentina hoy hay 8,8 millones de pobres y 1,7 de indigentes.
Si bien los elevados números presentados por el director del Indec generaron una serie de cuestionamientos al actual gobierno, una ordenada estrategia comunicacional gubernamental -como es costumbre- puso el foco en lo que ya es conocido como “pesada herencia” y no tanto en las políticas accionadas por la actual administración. El mejor ejemplo de dicha estrategia fueron las palabras del presidente en una conferencia de prensa: “este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente”.
Más allá de lo que pueda pensar el lector y el modo en que se comunica, más parecido a un eslogan publicitario que a información de público interés, resulta central entender las causas y desmenuzar los motivos por los cuales estamos otra vez en una situación de crisis y conflictividad social. Es innegable que las políticas del macrismo han generado un aumento en la pobreza y en la indigencia. Los sectores populares están peor de lo que estaban -lo que no quiere decir que antes se viviera en un país idílico- y a medida que pasa el tiempo, lamentablemente, esa situación se deteriora aún más.

Cambiemos… de época.
Con la victoria de Mauricio Macri, el cambio en la aplicación de política económica fue brusco, pese a que desde ciertas usinas periodísticas se habla de un supuesto gradualismo que evitó una crisis y empezó a resolver los problemas heredados. La primera gran medida que planteó el gobierno fue liberalizar el control sobre las divisas, lo que implicó una devaluación de alrededor del 60%. Al salto cambiario se lo acompañó con la quita y reducción de retenciones al agro y la minería. Los resultados fueron un desfinanciamiento de los ingresos del Estado y una caída importante de los salarios argentinos en dólares. El salario real en dólares promedio de los trabajadores en el sector registrado experimentó una caída del 34% entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. En los salarios industriales registrados, la caída fue mayor: del 37%. En junio del 2016, el salario registrado privado promedio real cayó un 11% con respecto a octubre del 2015, ubicándose en niveles similares a los de 2011. En el mismo sentido, el salario mínimo vital y móvil se ubicó por debajo de los de 2008.
Al mismo tiempo, la devaluación impactó en los precios de la economía, especialmente los alimentos, pese a que el ministro de Hacienda afirmó que los precios ya estaban “acomodados” a un dólar de 15 ó 16 pesos. Este incremento también impactó de lleno en los ingresos de los sectores populares. Luego de realizada la devaluación, desde el gobierno se impulsó una política monetaria de contracción, de suba de las tasas de interés y de habilitación de paritarias y programas sociales por debajo de los niveles generales de inflación que se ubican entre el 40 y 45% anual.
La pérdida del poder adquisitivo generó que muchas empresas pequeñas y medianas -como también los actores de la economía social- encontraran rápidamente problemas de ventas al depender, en gran parte, del mercado interno. Los despidos y suspensiones en el sector formal y registrado al mes de septiembre se acercaron a los 300 mil. De ese total, casi 200 mil corresponden al ámbito privado, donde la industria es la más perjudicada de los sectores productivos privados. En línea con lo que venimos analizando desde el CEPA, según el Indec, al término del segundo semestre, el desempleo trepó al 9,3%.

Más conflictividad.
Uno de los indicadores más interesantes para analizar el clima social tiene que ver con la conflictividad laboral. El Observatorio de Conflictividad Social y Laboral del CEPA registró un 77% más de conflictos laborales en agosto (en comparación con el mes anterior), de los cuales el 60% ocurrió en el sector público, con preeminencia de las reclamos a los Estados provinciales.
Cuando se desagregan los conflictos por ramas, se puede observar que la mayor proporción se da en el sector industrial (36%), seguido por el sector de servicios (22%), transporte (16%), el sector de petróleo y energía (15%), comercial (7%) y la construcción que representa sólo el 4%, siendo uno de los rubros más castigados por las políticas económicas del macrismo. Los principales motivos fueron por la cuestión salarial o la reapertura de paritarias (58%), por despidos (22%), por mejoras en las condiciones laborales (12%), por persecución político/sindical (4%) y por otras razones (4%). La delicada situación laboral se expresa en las calles y en los reclamos de los diferentes sindicatos o representantes de los sectores trabajadores.
Ahora bien, para disminuir la conflictividad social, el gobierno anterior tomó una de las medidas más reconocidas por propios y ajenos: la aplicación de la Asignación Universal por Hijo. La AUH se constituyó como un ingreso a los sectores más postergados que, además de ser una medida de orientación social, tuvo un efecto multiplicador en términos del consumo de los sectores populares.
Hoy en día se otorgan alrededor de 3,8 millones de AUH y asignaciones por embarazo, siendo 2 millones de familias las alcanzadas por estos beneficios. Se entregan contra comprobante de escolaridad y salud de chicos y jóvenes, orientado a impulsar la salud y la escolaridad de todos los chicos.
Si bien no se redujeron, en verdad hubo una ampliación de beneficiarios, el problema de fondo radica en que los aumentos otorgados a la AUH están casi 10 puntos por detrás de la inflación -situación similar a lo que ocurre con los salarios registrados-. Lo mismo ocurrió con los incrementos a las jubilaciones, que se ubicaron en niveles similares a los de las AUH, siempre por detrás de los niveles de incremento de precios. Esta caída en los ingresos de los sectores populares profundiza la caída de la actividad económica y, por supuesto, pone en situación de alto riesgo a casi cuatro millones de personas que son beneficiarios de estos programas. Este combo de caída de los niveles de actividad, aumento constante de los despidos y suspensiones, descenso de los niveles de ingresos y caída del poder de compra de los sectores populares implicó un aumento en los indicadores de pobreza e indigencia.

Lo que dejó una década.
Si se analiza lo que sucedió en la década anterior en los países de América Latina y, sobre todo, en los de Sudamérica, encontrará que fueron años de enormes avances, grandes desafíos, fuertes contradicciones y muchas discusiones. Sin lugar a dudas, los avances pasaron por el plano socioeconómico. El caso de Argentina no fue diferente.
Esa década, que en el continente se inició en 1998 con el arribo de Hugo Chávez al gobierno venezolano, en nuestro país se inició en el año 2003, con la renuncia al ballotage de Carlos Menem y la victoria de Néstor Kirchner, con tan solo los votos de 1 de cada 5 ciudadanos. El proceso político se inició luego de la crisis política, social y económica más grande de la segunda mitad del siglo XX. El resultado de esa crisis fue que uno de cada dos argentinos estaba por debajo de la línea de pobreza.
El ciclo kirchnerista enfocó su política económica en la escuela keynesiana, con el consumo y la inversión pública como pilares centrales. Además, los gobiernos se pusieron como meta impulsar un proceso de reindustrialización y generar crecimiento con inclusión. A partir de impulsar un modelo de fuerte expansión de la demanda agregada, apuntalando la inversión pública y el fomento a la producción, que coincidió con el auge de los precios de los commodities agrícolas, se marcó un proceso de crecimiento que se mantuvo casi por todo el período a tasas chinas. Sobre el final del segundo período de CFK se encontraron limitaciones al modelo, enmarcado en lo que se conoce como restricción externa.
A lo largo de todo el período, se crearon más de cinco millones de puestos de trabajo, el crecimiento de la producción industrial de más del 100% y una mejora sostenida y contundente de todos los indicadores sociales que van desde el índice de Gini (medido por el Banco Mundial), pasando por una sustancial mejora salarial -de la mano de la reapertura de paritarias-, la incorporación de 3,5 millones de jubilados nuevos, la universalización de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) entre otros, generando un brusco descenso de la pobreza e indigencia.
Por todo lo mencionado, para poder explicar la foto de hoy, es importante conocer toda la película. (Nuestras Voces).

*Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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