Poder Judicial, no siempre sinónimo de Justicia

PUNTO DE VISTA

MIGUEL RODRIGUEZ VILLAFAÑE*
Simón Bolívar dijo que “la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad que son las columnas de este edificio”. En aras de garantizar dicha virtud se organiza el Poder Judicial independiente para buscar que se dé el valor “Justicia” desde la ley, garantizándola a toda la sociedad. Además tiene la misión de contribuir a un verdadero equilibrio entre los tres poderes del Estado asegurando la vigencia de las garantías y otorgando los derechos que corresponden, en igualdad y equidad para todos. En esto también se busca que los jueces protejan a los débiles y a las minorías.
Pero la realidad demuestra que la sociedad argentina experimenta una sensación de desilusión, ante la impotencia que surge de constatar la gran distancia que existe entre el sistema institucional querido y anhelado y la realidad institucional que se siente opera en los hechos.
El concepto de independencia judicial implica que los magistrados no tengan que resolver bajo dependencia de otros poderes del Estado o fuera de él. Tampoco que deban conducirse en base a presiones de medios de comunicación. Su única subordinación debe ser a la ley y al objetivo de desentrañar la verdad y decidir en justicia. Para la tarea es imprescindible hombres y mujeres éticamente respetables y técnicamente capaces, designados mediante procedimientos transparentes, en los que se garanticen la igualdad de oportunidades y la selección por la idoneidad.

Presiones inaceptables.
No puede aceptarse que se quiera transformar al Poder Judicial en un tablero de ajedrez en el que, como peones o alfiles, los fiscales o jueces respondan a la estrategia de los políticos que manejan las piezas. La existencia de jueces independientes, idóneos e imparciales es un derecho humano que es obligación asegurar a la sociedad y garantizar con ello la genuina vigencia de la república que pregonaba Bolivar.
Pero la sensación social negativa se potencia cuando se advierte que ahora el gobierno está presionando a jueces y fiscales con juicios políticos y otros aprietes si entiende que su accionar lo perjudica, como se obligó a renunciar a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. De manera que ni el propio Poder Judicial ni el Ministerio Fiscal tienen garantizada una gestión adecuada. Hoy casi nueve de cada diez argentinos no confían en el Poder Judicial y advierten el cáncer profundo del sistema, como es la impunidad de los que detentan el poder político y el económico.
Todos estos graves desatinos institucionales se potencian negativamente cuando la Corte Suprema de Justicia termina siendo, por acción u omisión, la fuente de la esterilización del accionar de los jueces de las instancias inferiores. Hoy el gobierno apela todas las sentencias hasta llegar a la Corte Suprema y lograr que ésta le dé un tiempo indefinido para cumplir con las resoluciones o haga sospechar que las sentencias que se dictan son producto de negociaciones con los magistrados del cuerpo, incompatibles con la función judicial. El máximo tribunal del país debe volver a prestigiarse y no transformar al resto de la justicia en un placebo cívico.

Justicia mediática.
A lo dicho se suma la actitud de periodistas que se erigen en jueces que juzgan y condenan buscando verdaderos linchamientos mediáticos, incompatibles con actos de justicia. A eso hay que agregar los jueces y fiscales que entran en el juego de los medios y sus decisiones las hacen depender de ello más que de la realidad jurídica de las causas. Así detienen a presuntos culpables sin respetar garantías previstas en pactos internacionales, diciendo que se dicta prisión preventiva a determinados sospechosos de delitos porque pueden afectar la investigación sin mayores fundamentos como en los casos de Milagro Sala o Amado Boudou. Pero esa medida de prisión preventiva no la adoptan los jueces cuando se trata de figuras del actual gobierno investigadas penalmente y que tienen real poder para afectar las investigaciones en casos graves de denuncias por corrupción.
También hay figuras políticas que desprestigian gratuitamente al Poder Judicial como la diputada Elisa Carrió quien afirmó que hay “militares condenados sin pruebas” en causas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívicomilitar sin dar nombres ni casos puntuales.
Solo con un Poder Judicial independiente, idóneo e imparcial será posible pensar en una democracia creíble y querible, de lo contrario hasta lo bueno que existe puede desgranarse para mal.

*Ex juez federal y abogado constitucionalista.