En las últimas horas varias informaciones surgidas del ámbito tribunalicio nos colocan otra vez de cara ante un problema de fondo de la democracia argentina: el funcionamiento del Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue demorando una resolución sobre los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli luego del per saltum con el cual le quitó la causa a la Cámara de Casación. Ese instrumento de excepción -la Corte lo ha utilizado en muy pocas ocasiones- se justifica solo en casos de gravedad institucional para acortar los tiempos procesales y adoptar decisiones que se consideran apremiantes. Pues bien, a pesar del impulso inicial, las semanas pasan sin novedades manteniendo en vilo al sistema político y la presunta urgencia se desdibuja bajo el manto de «los tiempos de la Corte». En tanto los jueces puestos a dedo por el anterior presidente sin intervención del Senado siguen en sus cargos.
Otra información nos llega de la Procuración General de la Nación, cuyo titular Eduardo Casal también fue instalado en su cargo por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado. Un medio porteño acaba de publicar que el expresidente continúa ejerciendo fuerte influencia sobre el procurador, a tal punto que habría logrado que se reanuden las presiones contra la fiscal Gabriela Boquín a quien hostigan con una falsa denuncia por maltrato laboral (la misma excusa usada para forzar la renuncia del juez Carlos Rozansky). Boquín fue quien frenó el ruinoso acuerdo que el Correo -la empresa de la familia Macri- pretendió imponer para licuar su vieja deuda con el Estado. A pesar de no estar en el gobierno ni tener su «mesa judicial» Macri sigue pisando fuerte en la Justicia.
Para ratificar esta última afirmación, ahí está lo que acaba de resolver la Cámara Federal porteña: le quitó la causa por el espionaje ilegal al Juzgado de Lomas de Zamora para llevarla a Comodoro Py, el reducto de los jueces macristas. Es la causa que tiene involucrados al exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y otros por la red de escuchas ilegales armada para espiar a dirigentes políticos opositores y oficialistas, detenidos en Ezeiza, organizaciones sindicales y sociales, familiares de los muertos del ARA San Juan, etcétera. La medida la tomó un solo camarista, Mariano Llorens, que dio vuelta una decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti quien entendió que la investigación debía seguir en Lomas de Zamora. Otra medida a gusto y paladar de Macri.
Por esas horas se produjo el virulento ataque del fiscal procesado Carlos Stornelli contra la Defensora del Público, Miriam Lewin, por organizar un observatorio de informaciones falsas. El fiscal no aportó ninguna prueba para cuestionar el instituto pero apeló a una prosa incendiaria para descalificarlo y bloquear su habilitación.
Pero las malas nuevas judiciales no se limitan solo al ámbito nacional. En nuestra provincia tenemos lo nuestro. Los dos jueces y el fiscal sorprendidos en una cena durante el período de aislamiento social por la pandemia de Covid-19 todavía no declararon. Pasan los meses y la causa se empantana en las idas y vueltas de la burocracia y las chicanas para estirar los tiempos, mientras todos recuerdan cómo un funcionario del Ejecutivo implicado en el hecho fue despedido en 24 horas por el gobernador.
Las notables diferencias que existen entre los miembros del Poder Judicial y los otros quedaron aquí, otra vez, expuestas en forma palmaria. Que el Poder Judicial es el menos democrático de los tres poderes del Estado es una triste realidad que ya casi nadie discute. Sus miembros detentan cargos vitalicios, cobran sueldos extra-large -los más altos de la administración pública- exentos del Impuesto a las Ganancias y tienen que cometer alguna tropelía demasiado resonante para poner en riesgo sus sillones, entre muchos otros privilegios que no conocen los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Poder que atrasa
