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Por la vigencia plena de los Derechos Humanos

24M: 45 AÑOS DEL GOLPE

El año pasado no hubo marchas, por la pandemia de coronavirus. Este año, el gobierno nacional pidió «no marchar» por el contexto sanitario.
IRINA SANTESTEBAN
La mayoría de los organismos de Derechos Humanos acatará la orientación del presidente Alberto Fernández y no convocan a movilizar hoy, ante un nuevo aniversario del golpe de estado genocida que dejó el saldo de 30.000 personas desaparecidas, una enorme deuda externa y otras calamidades sociales, políticas y económicas. Sin embargo, este 24M, a 45 años del golpe de Estado militar, con viejos y nuevos reclamos por los DDHH, en muchas ciudades habrá movilizaciones.
La crisis sanitaria por la pandemia sigue vigente y algunos especialistas anuncian que la «segunda ola» del virus estaría ya presente en Argentina; el plan de vacunación no avanza como se esperaba y hasta se evalúa retrasar las segundas dosis para poder vacunar a más personas con la primera.
Aún teniendo en cuenta estas dificultades, es una necesidad salir a las calles, con cuidados (barbijos, distanciamiento), por las demoras en los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque el 70 por ciento de los condenados se encuentra en prisión domiciliaria y los recursos ante la Corte Suprema demoran años en dejar firmes las condenas.
El 24M también es propicio para poner en la calle otras demandas de los movimientos populares en relación a los Derechos Humanos, entendidos en una concepción más amplia: la defensa del ambiente, el derecho a la tierra, al agua y a los recursos naturales, a una vida digna y libre de violencias. Los desalojos de familias humildes que ocupan terrenos para tener un techo donde vivir, la represión contra quienes protestan contra los proyectos de la megaminería contaminante, los femicidios (el 20% cometidos por uniformados), los constantes aumentos de precios de productos de consumo popular que arrojan a más personas bajo la línea de pobreza, etc.; son violaciones a los Derechos Humanos. No hay centros clandestinos de detención, pero la violencia económica, institucional, de género, etc., configuran situaciones de violación de derechos, en particular de los sectores más vulnerables. Y el Estado debe responder ante esa legítima demanda: no puede mirar para otro lado, aún en tiempos de pandemia.

Juicios lentos.
Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2017 se verifica una lentificación en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde 2006 y hasta el 4 de diciembre de 2020, se dictaron 254 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas, mientras que 121 fueron condenados también por delitos sexuales. Según la agencia Télam, en 2020 hubo 13 sentencias, con 95 condenas y 13 absoluciones; así se confirma la tendencia a la baja que viene imperando en el avance de estos procesos.
El 70 por ciento de las sentencias está en curso de revisión, sea ante la Cámara Federal de Casación Penal, sea ante la Corte Suprema de Justicia. El promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia ante la CSJN es de 5 años y 2 meses, desde el momento que se formula el requerimiento de elevación a juicio; hoy se encuentran en la Corte 101 recursos sin resolver, que involucran a 150 condenados en 39 causas.
De las 863 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, sólo 225 se encuentran en cárceles o establecimientos similares; ya que 638 están detenidas en sus domicilios. Como lo expresara el abogado Pablo Llonto, querellante en la causa Controfensiva Montonera, «el paso del tiempo asegura la impunidad»: de los 904 imputados fallecidos en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.
En 2017 se dictó sentencia en 27 causas, mientras que al año siguiente esta cifra disminuyó a 18; en 2019 hubo 19, hasta llegar a las escasas 13 del año 2020. Otro dato que surge del informe de la PCCH, es que hay 29 prófugos.

Sin indulto.
En el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia es pertinente reclamar por la libertad a los presos y presas políticas, teniendo en cuenta que la dirigente jujeña Milagro Sala lleva más de 5 años detenida. Es más tiempo que la condena que recibiera, en el Juicio a las Juntas de 1985, uno de los tres militares que dio el golpe de Estado hace 45 años, el brigadier Orlando Ramón Agosti, condenado a 4 años y 8 meses de prisión.
El presidente Fernández niega la posibilidad de un indulto, que beneficiaría a quienes se encuentran detenidos en procesos irregulares armados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando funcionaba la ilegal «Mesa Judicial». Esos juicios se llevaron adelante con dudosas pruebas como los testimonios de testigos arrepentidos, de los cuales no hubo registros, pero sí tuvieron una amplia cobertura mediática de los medios hegemónicos que apoyaron a ese gobierno y hoy se encuentran en una férrea oposición al gobierno actual. Aún así, siguen recibiendo la mayoría de la pauta oficial.

Reforma judicial.
Aunque pocas, hubo causas contra magistrados por su complicidad con el terrorismo de Estado. Sin la venia del Poder Judicial no hubiera sido posible el genocidio que se cometió en la Argentina durante la dictadura y aún antes, con la actuación de la Triple A de Isabel y López Rega.
A 45 años del golpe de Estado, es imprescindible que se reclame en las calles las transformaciones democráticas que deben imponerse en un poder conservador y cuasi monárquico, que ha resistido todos los intentos de introducirle cambios progresistas.
El gobierno nacional amaga con tibias reformas, pero no avanzan; denuncia a funcionarios judiciales por graves irregularidades, pero no se activan los mecanismos para que sean removidos. Y en la cúspide de ese poder, sigue reinando el grupo de 5 de la Corte Suprema de Injusticia.
Los procesos que han traído aires de justicia fueron precedidos de la movilización popular. Así sucedió con los juicios por los crímenes de lesa humanidad, que tardaron 30 años en comenzar; también los femicidios fueron introducidos como delitos en la legislación penal y plasmados en sentencias, aún con resistencias, por la enorme movilización del movimiento de mujeres y diversidades.
Memoria, Verdad y Justicia, no resultan completas si no se aceleran las causas por los delitos de lesa humanidad, si no hay cárcel común y efectiva para los genocidas, si no se juzga también a los cómplices civiles (empresarios como Carlos P. Blaquier, de Ledesma) del terrorismo de Estado, si no se asegura la plena vigencia de todos los Derechos Humanos y si no se promueve una profunda reforma democrática en el Poder Judicial. Para ello no basta con actividades virtuales, es necesario que la genta haga sentir su voz en las calles.