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Por qué no debatir sobre los jueces

I. El Presidente de la Nación habilitó una polémica muy saludable al plantear un antiguo -pero siempre vigente- problema: la duración del mandato de los jueces. En tiempos de debates de bajo vuelo -acicateados especialmente por una televisión banal y prisionera del rating- el jefe de gobierno levantó la vara de la discusión política poniendo sobre la mesa un tema de fondo, de enorme relevancia institucional.
El Poder Judicial se encuentra entre las instituciones más desprestigiadas del país, tal como lo muestran innumerables encuestas. De los tres poderes del Estado es el más elitista, el menos democrático. Sus integrantes no rinden cuentas de sus actos periódicamente como deben hacerlo ante el soberano los del Ejecutivo y el Legislativo. El diseño del Poder Judicial que tenemos en la Argentina nos llega desde los Estados Unidos, cuando la clase política que gobernaba aquel país, que acababa de independizaba de la corona británica, hace casi dos siglos y medio, decidió configurar una estructura burocrática para «impartir justicia» lo más alejada posible de la soberanía popular. Se entiende, buena parte de los constitucionalistas norteamericanos eran poderosos comerciantes o hacendados esclavistas y recelaban profundamente de lo que algunos de ellos llamaban «excesos» de la democracia representativa. Ese espíritu fundacional ha resistido el paso del tiempo y continúa casi intacto hasta nuestros días al amparo de las gruesas murallas que lo resguardan del barro de la política.
II. La persistencia de la solemnidad en las fórmulas ceremoniales y discursivas es uno de los rasgos que denuncian la estirpe aristocrática de un poder del Estado celoso de sus privilegios. Sus integrantes perciben las remuneraciones más elevadas -por lejos- de la administración pública, gozan de irritantes exenciones impositivas y por si no bastara desempeñan sus cargos en forma vitalicia.
Los cuatro años de gobierno de la derecha macrista mostraron, como nunca antes, la extrema debilidad del Poder Judicial para resistir la colonización de buena parte de sus estructuras. Las obscenidades que tuvieron lugar en ese cuatrienio: la llamada «mesa judicial», el relevo y la designación a dedo de jueces según su afinidad con el gobierno, las escuchas ilegales y el espionaje a adversarios políticos y empresarios, su encarcelamiento sin condena previa, las visitas furtivas de jueces al entonces presidente, entre muchas otras maniobras escandalosas dejaron al descubierto las oscuras relaciones entre las elites judiciales y las económicas. Quizás haya que agradecer que esa calamidad sucediera para que muchos pudieran ver lo que muy pocos venían denunciando desde hace tiempo.
III. Por esta y muchas otras razones es que resulta valiosa la propuesta presidencial de empezar a discutir al menos una de las aristas conflictivas del Poder Judicial: la duración del mandato de los jueces. La sola mención del tema desató la furia de los sectores más reaccionarios. Es comprensible: ellos creen que el Judicial es «su» poder, el que tiene como objetivo último -tal como lo plantearan los constitucionalistas estadounidenses- defender a los pocos privilegiados de un sistema socioeconómico que tiene muchos postergados. Es imposible no recordar ahora que el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen fue legitimado por una acordada de la Corte Suprema, antecedente ominoso que fue esgrimido para derrocar gobiernos constitucionales a lo largo del siglo XX.Los mandatos vitalicios son rémoras monárquicas incompatibles con el sistema democrático. Que todavía persistan en el Poder Judicial es producto de una ideología y de una organización arcaicas, premodernas. Este es un debate de fondo, imprescindible y urgente. Ya vimos de sobra a qué se expone un poder del Estado cuando sus miembros se creen intocables y ajenos a toda rendición de cuentas ante el soberano.