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Portezuelo del Viento en la picota

El proyecto de la represa de Portezuelo del Viento está en la picota y sigue acumulando cuestionamientos. A los ya muy conocidos de naturaleza política y ambiental se suman ahora las protestas contra el pliego de licitación de la obra porque, dicen los denunciantes, existen fuertes sospechas de direccionamiento y una conocida empresa mendocina aparece como «el caballo del comisario».
En las últimas horas se supo que le habrían pedido la renuncia al asesor -y exsubsecretario- del Ministerio de Infraestructura del gobierno mendocino, quien había tenido a su cargo la confección del pliego licitatorio de la presa. Sin embargo esta noticia hasta ayer a la tarde no había sido publicada por los medios de la provincia cuyana, lo cual abre las compuertas a nuevas especulaciones en relación al hermetismo que rodea su situación en el gobierno. El ahora exfuncionario había sido representante titular de Mendoza ante el Coirco durante la administración de Cornejo, y con la llegada de Suárez a la gobernación, pasó a ser el suplente.
Pero antes de desempeñarse en la función pública había ocupado cargos gerenciales en Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y en la brasileña Odebrecht, tanto en nuestro país como en sucursales del extranjero. Su caso sería un ejemplo de lo que se conoce como «puertas giratorias», es decir, altos ejecutivos de compañías privadas que dejan sus puestos para desempeñar cargos gubernamentales de importancia y, al finalizar sus «valiosos servicios prestados», regresan al mundo empresarial. En su paso por el Estado no es raro que promuevan medidas de gobierno tendientes a beneficiar a sus corporaciones de origen. El caso paradigmático en Argentina fue el exministro de Energía, Juan José Aranguren, que desembarcó en esa cartera proveniente de la Shell y, al finalizar su gestión regresó a la actividad privada. Está demostrado que bajo su gestión la poderosa compañía petrolera realizó los negocios más lucrativos en nuestro país y hoy pesa sobre el exfuncionario una imputación por «negociaciones incompatibles con la función pública».
En Mendoza todas las miradas están puestas sobre Impsa porque el pliego licitatorio para construir Portezuelo del Viento parece un traje confeccionado a medida de sus necesidades. A los reclamos de un senador provincial y de varias empresas mendocinas y de otros puntos del país se suma un hecho contundente: a escasas dos semanas de la fecha prevista para la apertura de las ofertas ninguna empresa, a excepción de Impsa, habría comprado el pliego. Por eso ya se habla de postergación de esa instancia. «El 99 por ciento de las empresas no podemos participar», dijo un poderoso empresario de la construcción.
La pregunta que surge por estas horas es: ¿el funcionario que se va, funge de fusible a causa de estos fuertes cuestionamientos que ya trascienden los límites provinciales? El hecho de ser el responsable de la elaboración del pliego de condiciones apuntala esta especulación.
Pero hoy otra pregunta de mayor peso aún: ¿qué hará el gobierno nacional ante semejante panorama? ¿Seguirá financiando una obra que día a día suma nuevos cuestionamientos, y de todo orden? ¿O aprovechará esta oportunidad para barajar y dar de nuevo? Este es el momento de hacerlo si no quiere terminar embarrado en una aventura que solo la clase política mendocina y una elite económica aliada se empecinan en llevar a cabo a cualquier precio. Las arduas disputas interempresariales, que hasta motivaron una protesta de la Cámara Argentina de la Construcción ante el gobierno cuyano, hablan de una falta de transparencia que debería preocupar mucho a las autoridades nacionales.
En síntesis: a las sólidas y fundamentadas objeciones de tipo ambiental, político y económico al proyecto de represa se suman estas que cuestionan la limpidez del proceso licitatorio. Demasiados puntos oscuros.