Portezuelo divide aguas en Mendoza

Inesperadamente, un gran número de entidades representativas de la provincia de Mendoza le manifestó a su gobierno un duro cuestionamiento a la construcción de Portezuelo del Viento. La represa, promocionada en aquella provincia como «la obra del siglo», es objetada por La Pampa en una postura a la que adhirieron más tarde el resto de las provincias copartícipes del río al advertir el peligro cierto que constituye en las actuales condiciones para el desarrollo armónico de toda la cuenca del Colorado.
Los firmantes de la nota dirigida al gobernador representan una buena parte de las fuerzas económicas y sociales de la provincia y para sostener esa sorprendente oposición se basan en argumentos tales como el evidente deterioro de los caudales del río Grande durante la última década, la incierta posibilidad de trasvase a la cuenca del Atuel, los efectos secundarios que tendría sobre el sur de Mendoza y la relación costo-beneficio de la obra. El documento, calificado como «duro» por la propia prensa mendocina, hasta mereció un editorial de apoyo por parte del diario Los Andes, tradicional vocero de los intereses gubernamentales en materia hídrica.
Curiosamente el documento incluye argumentos que en su momento expusiera nuestra provincia, desdeñados desde siempre en Mendoza, como la considerable bajante del río Grande y su posible continuidad en los años venideros, de lo que se desprende que el llenado del vaso de la represa demoraría mucho más tiempo que el proyectado. El texto incluye una frase definitiva: «en la temporada 2016/2017, si la presa hubiera estado construida, no hubiera podido acumular un solo metro cúbico, por cuanto la cantidad de agua a liberar para el riego aguas abajo, según acta del Coirco del año 2016, fue mayor de lo que efectivamente el río erogó en ese lapso». Tal afirmación le resultará insólita a quienes hayan seguido la actitud mendocina sobre el tema durante los últimos tiempos.
Los firmantes resaltan el hecho de la imposibilidad del trasvase a la cuenca del Atuel y dice, en el pretendidamente ingenuo criterio mendocino, que además la obra no regaría una sola hectárea en el territorio de aquella provincia y sí mejoraría las posibilidades del resto de las que integran la cuenca ampliando sus superficies bajo riego, una afirmación que los abajeños consideran muy discutible.
La carta avala, asimismo, otra de las objeciones centrales presentadas por La Pampa: la generación de energía eléctrica no cubriría los costos de la construcción sino después de más de 40 años. A esto se agrega que el precio cotizado por el único oferente supera con creces el presupuesto oficial, lo que torna «altamente inconveniente la adjudicación» a esa empresa. También señalan que el monto presupuestado «está por encima del valor real de la obra» y que no se ha producido «la condición de sana competencia que una obra de estas características exige».
Y hablando de la inversión, los firmanes hacen notar que el dinero que demandaría el embalse no se traduciría en mejoras sustanciales para la provincia y proponen, en su reemplazo, una larga lista de obras alternativas que, afirman, serían de mucho mayor utilidad, entre ellas el mejoramiento de la eficiencia de riego, un reclamo largamente sostenido por La Pampa en el caso concreto del río Atuel.
Por último cabe señalar que, por más que asombre el mensaje en cuestión, un análisis más detallado deja en evidencia que los actores no abandonan la contumacia que les conocemos. La carta sostiene que la obra beneficiaría principalmente a las provincias de aguas abajo, y propone que ellas, entonces, se hagan cargo proporcionalmente del costo. En esa desconsiderada afirmación no hay ni una palabra del estudio de impacto ambiental sobre la extensión total de la cuenca que, precisamente, reclama el resto de las jurisdicciones.