Portezuelo, el FMI y las elecciones

Que La Pampa siempre ha sido consecuente en su postura en torno al aprovechamiento del río Colorado no constituye una novedad. Desde los lejanos tiempo previos al Tratado que debería regir el uso del río nuestra provincia siempre tuvo una posición equilibrada, regionalista e integradora de la Patagonia norte al resto del país. Y muchas veces debió defender esa posición en una soledad absoluta.
Sin embargo, ante las reiteradas muestras del tratamiento político privilegiado con que Nación distingue a Mendoza y que refuerza la ya conocida postura autista de la provincia cuyana, han aparecido aspectos de carácter integral (técnicos, económicos, políticos, sociales...) que cualquier análisis ecuánime sobre el problema no puede dejar de considerar.
El primero, y más sorprendente, está relacionado con la toma de conciencia que ha surgido en los habitantes no pampeanos de la costa del río. Un inesperado reclamo -basado en el temor cierto que inspira un manejo de Portezuelo del Viento por parte de Mendoza- ha impulsado a las fuerzas políticas y sociales de las poblaciones ribereñas, regantes especialmente, a compartir de hecho la posición pampeana sobre la represa. Dentro de esta nueva posición resulta llamativo el desconocimiento confeso por parte de esos pobladores de aspectos técnicos esenciales, que fueron solicitados a La Pampa. Lo mismo puede decirse de la toma de conciencia en cuanto a la escasa buena fe mendocina en lo que concierne al manejo de los ríos, previniéndose en el ejemplo de nuestra provincia. Zonas que hasta no hace mucho tiempo eran poco menos que indiferentes, como lo es el caso del valle inferior del río, se expresan ahora en manifestaciones y reclamos impensables algún tiempo atrás.
El otro suceso relativo al polémico embalse y sus repercusiones en el resto del curso fluvial está directamente relacionado con la situación general del país y la forma de actuar del gobierno nacional. A la luz de la gravísima crisis económica que atraviesa la Argentina el acuerdo para que Mendoza reciba del Tesoro nacional 1.023 millones de dólares a fin de llevar a cabo el proceso de licitación de la obra sobre el río Grande, principal afluente del Colorado, no aparece como demasiado firme.
Es que el convenio firmado por el presidente Macri, por más que esté destinado a beneficiar en exclusiva a un aliado político de importancia, choca de frente con los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto a la Argentina, con férreas directivas que apuntan a la reducción del gasto público. Dicho de otra forma: una política fondomonetarista que exige reducciones drásticas en salud, previsión social y educación, difícilmente acepte una inversión de nada menos que mil millones de dólares en una represa que, para más, será objeto de fuertes cuestionamientos jurídicos. Por si esto fuera poco los analistas del Fondo -muy cuidadosos a la hora de vigilar el cumplimiento de sus mandatos y de defender sus intereses- no pueden ignorar las muy serias objeciones técnicas que tiene la obra, surgidas no ya de controversias políticas interprovinciales sino de muy autorizadas opiniones profesionales.
Las autoridades mendocinas, urgidas por este escenario, se apresuraron en informar que los pliegos del llamado a licitación estarán listos en algunas semanas. Resulta imposible ignorar que el país está en vísperas de unas elecciones que plantean serias dudas a la continuidad del actual gobierno quien, en su afán de ganar votos, no vacila en apelar a la manipulación informativa y hasta el falseamiento de la realidad como lo muestran tantos ejemplos.
Frente a este panorama, aunque no hay que confiarse, los rimbombantes anuncios en torno a Portezuelo del Viento, bien pueden formar parte de la ya muy conocida estrategia electoralista del macrismo y sus aliados.