Portezuelo: una novela de intrigas

El informe “secreto” sobre el impacto ambiental de Portezuelo del Viento que había realizado Mendoza en 2012 y que se guardaba celosamente en un cajón de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación es una muestra de cómo operan algunos actores en este debate crucial en el que hoy se juega el futuro del río Colorado. Nadie sabía de la existencia de ese informe hasta que La Pampa lo mencionó en la última reunión del Coirco y ahí comenzaron a aflorar en la superficie muchas cosas que habían permanecido en la oscuridad.
Por qué no lo dio a conocer Mendoza y por qué Nación siguió el mismo juego de ocultamiento es un interrogante que alguien debería responder. En la búsqueda de alguna respuesta se podría conjeturar que ciertos tramos de ese trabajo, que fue realizado por la Universidad Nacional de Cuyo por encargo del gobierno mendocino, no favorecen la postura de esa provincia sino, paradójicamente, a su más serio rival en estas conversaciones: La Pampa.
La expresión “caudal ecológico”, por ejemplo, no es del agrado de los cuyanos como ya se ha visto en el pleito por el Atuel. De ahí su reemplazo por “caudal mínimo” en una suerte de manipulación terminológica arbitraria que pretende subordinar la realidad de los hechos a las necesidades de los intereses sectoriales.
El reconocimiento del alto “impacto negativo” que tendrá la presa en el resto de la cuenca es otro punto crítico que no le cae bien a Mendoza quien ha minimizado este aspecto al extremo de sostener que no hace falta un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca sino únicamente del entorno del embalse. El informe sostiene que la presa no solo afectará la cantidad de agua que escurrirá aguas abajo sino también su calidad lo cual generará “inconvenientes” en las provincias condóminas. Pero inmediatamente de reconocer este grave problema la sugerencia que realiza la UNC es insólita: invierte absolutamente el peso de las prioridades y sostiene que los aprovechamientos productivos y de agua potable de las provincias abajeñas deberán ajustarse a los nuevos valores que impondrá el embalse en lugar de exigir lo contrario: que la presa, en su función primordial de regular los caudales, ajuste su funcionamiento para preservar -incluso mejorar- las condiciones de uso del recurso interprovincial. Ese es, o debería ser, precisamente, el papel fundamental de toda obra hidráulica: adaptar su regulación para optimizar el uso del agua y no al revés.
Pretender luego el “acostumbramiento” al deterioro del recurso ya es el colmo del cinismo. En esta “recomendación” que formula el estudio se advierte, otra vez, una inversión de las prioridades y una clara subordinación de los factores ambientales a los intereses políticos y económicos de una sola de las cinco provincias de la cuenca.
El abrupto cambio de la postura de Mendoza, que en 2012 avalaba al Coirco como protagonista del manejo de la presa y ahora pretende degradarlo a un simple actor de reparto y asumir ella esa función primordial, es otro punto oscuro en esta novela de intrigas.
En este escenario en donde otra vez queda al descubierto el modo en que opera Mendoza y su pretensión de imponer sus intereses a expensas de los de las otras provincias, no se advierte que Nación asuma el rol que cabría esperar de ella. El rol pasivo que hasta ahora han mantenido Buenos Aires y Río Negro, a pesar de lo mucho que tienen para perder a causa de sus múltiples desarrollos agronómicos con aguas del Colorado, también resulta sugestivo. Recién ahora, con el destape de este informe escondido, esas dos provincias comenzaron a manifestar algunas inquietudes. Por el momento, la solitaria voz de La Pampa fue la única que se opuso a avanzar por el camino que no garantiza la equidad ni los derechos de todos los Estados provinciales que integran la cuenca del Colorado.