Problema de patrocinio

Los Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse en Buenos Aires en 2018, acaso traigan algún prestigio al gobierno pero, de momento, aportan un problema de consideración. Es que en medio del caos económico y las sacudidas sociales que enfrenta el país, más de doscientas organizaciones nacionales e internacionales que tienen relación con estudios y proyecciones sobre la salud humana (varias sociedades nutricionistas y de pediatría entre ellas) han solicitado al gobierno porteño que haga a un lado el patrocinio del evento por parte de una conocida firma de bebidas sin alcohol, de proyección mundial.
La solicitud se apoya en que la firma que obrará como promotora produce una bebida con alto porcentaje de azúcar, una sustancia generadora de graves problemas y cuyo consumo indiscriminado ha sido impugnado por la Organización Mundial de la Salud. Basados en esa condición el grupo ha hecho saber que, de no haber una respuesta positiva del gobierno, recurrirá a la justicia; hace notar simultáneamente que la Argentina es uno de los grandes consumidores mundiales de bebidas gaseosas, con las consecuencias del caso.
El planteo ha significado un duro e inesperado golpe, tanto para el gobierno porteño -que ve seriamente cuestionado a un muy importante promotor- como también para la empresa en cuestión por la mala publicidad que implica. La compañía productora de la bebida ha aceptado su responsabilidad en el tema, extendiéndola con astucia al Estado y la sociedad civil y promoviendo, de paso, sus nuevos productos de mejor condición al respecto.
Los peticionantes cuentan con un argumento de mucho peso, como es el que acota la publicidad sobre tabacos, prohibida en eventos deportivos. La declaración que fundamenta el pedido es terminante: “el consumo de productos no saludables con altos niveles de nutrientes críticos, como el azúcar agregado, es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y que son la principal causa de muerte en el mundo y en Argentina”.

Retrógradas concepciones
Francisco Franco fue el militar que en 1936 se levantó contra el legítimo gobierno republicano, causándole a España alrededor de un millón de víctimas entre muertos y exiliados (alrededor de 150 mil de ellos por ejecuciones sumarias). Creyó que su gloria sería eterna al haber generado “la reserva espiritual de Occidente”, para preservarlo del socialismo. Fue una creencia efímera. A pocas décadas de su muerte, acaecida en 1975, el país era ya una monarquía parlamentaria moderna, con un rey como figura decorativa.
Pero en previsión de lo que creía su inmarcesible gloria, el dictador se hizo construir todavía en vida una tumba grandiosa: el Valle de los Caídos, realizado mayoritariamente por los prisioneros del derrotado Ejército Republicano. Aunque las paredes del valle están plenas de tumbas de los soldados de ambos bandos (se estima que superan los 30.000), Franco reservó para sí una lápida solitaria en medio del grandioso templo excavado en la montaña, un lugar apenas compartido con José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española.
La grandiosidad de la obra, con una monumental cruz que se alza por encima de los cien metros de altura, es acorde con las retrógradas concepciones franquistas acerca del “imperio” español.
Franco, tan fanáticamente religioso, debió haber tenido presente la frase del Eclesiastés, que señala que “todo es vanidad”. Ahora, apoyando la bíblica aseveración, por un decreto ley del actual gobierno de España, los restos serán retirados del mausoleo. Pese a las previsibles protestas de la derecha peninsular, las razones son sólidas: “Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española”.