Proyecto que avanza a paso redoblado

Indiferente a las advertencias lanzadas desde casi todo el arco opositor y los organismos defensores de los derechos humanos, el gobierno nacional sigue firme en su intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. El ministro de Defensa informó que es inminente la derogación del decreto 727/2006 firmado por el expresidente Néstor Kirchner porque, según dijo, ese instrumento limita el accionar de las FF.AA. a tareas de defensa ante ataques provenientes desde el exterior y lo que quiere el gobierno es involucrarlas frente a las “nuevas amenazas” que son el terrorismo y el narcotráfico.
No es nuevo este proyecto del gobierno y está en perfecta sintonía con los lineamientos que bajan desde Estados Unidos a través del Comando Sur en cuanto a “recomendar” a los gobiernos de América Latina esta “actualización” en el uso de las FF.AA. en funciones que conciernen a la seguridad interior.
Debe recordarse que aquel decreto del año 2006 se originó en la falta de reglamentación de la Ley de Defensa Nacional 23.554 sancionada en 1988 por el Congreso de la Nación. Ese decreto, al contrario de lo que sostiene el actual ministro de Defensa, sí contempla la utilización de las FF.AA. en funciones de seguridad interior aunque deja claramente establecido que solo será en casos excepcionales. Lo que hoy pretende el macrismo es que la intervención militar en estas tareas no sea la excepción sino la norma, de ahí que le resulte tan molesto aquel instrumento y vaya por su derogación.
Por fuera del oficialismo existe mucha preocupación por esta insistencia. Hay sobradas razones para rechazar la ingerencia militar en terrenos que son competencia de las fuerzas de seguridad. Nuestro país guarda una experiencia muy ominosa en la materia y la última dictadura fue el caso más extremo, aunque no el único, de los resultados a los que puede conducir esta aventura. En el resto de América Latina las cosas no son diferentes. Los países que decidieron involucrar a sus cuerpos militares en la lucha contra el narcotráfico terminaron en baños de sangre y con sus fuerzas armadas envenenadas por la corrupción. Los casos de Colombia y México son paradigmáticos. Así y todo es la receta que sigue bajando desde Washington, empeñado en una estrategia de intervención cuyos resultados están a la vista de todos. En esos dos países los muertos se cuentan por centenares de miles, por no hablar de los traumas sociales provocados.
Pero no es el único enfoque de la cuestión. En momentos de gran tensión social a causa de una política económica que castiga con especial dureza a las mayorías populares, hablar de intervención de las Fuerzas Armadas hacia el interior del país no es tranquilizador. Y muy especialmente porque desde la llegada del macrismo la represión de la protesta social alcanzó niveles de violencia que se pensaban superados y volvieron a registrarse muertos en manos de las fuerzas de seguridad. Son estos antecedentes, precisamente, los que mencionan muchas fuerzas políticas y los organismos defensores de los derechos humanos cuando expresan su rechazo a este proyecto que el gobierno tracciona con tanto entusiasmo.