Qué hacer con las casas desocupadas

La ocupación de viviendas deshabitadas por parte de personas -mujeres en su mayoría- con hijos pequeños ha dejado al descubierto un problema doble. Por una parte, la presencia de sectores vulnerables castigados por las políticas de exclusión del gobierno nacional y empujados a situaciones de extrema carencia. Y por la otra, la proliferación de viviendas vacías construidas por el Estado -o no- que no son habitadas. No es un problema nuevo pero se ha agudizado en los últimos tiempos con el crecimiento del desempleo, el derrumbe de salarios y jubilaciones frente a la inflación, los tarifazos, etc.
Por otro lado, entidades que nuclean a inquilinos -que deben alquilar porque no pueden acceder a la propiedad de una vivienda- también han levantado sus voces ante lo que consideran exigencias desmedidas por parte de los propietarios o las inmobiliarias. Frente a este problema acuciante no está de más observar cómo han encarado el problema de las viviendas ociosas en otras sociedades. Y algunos ejemplos interesantes pueden encontrarse en los países europeos.
Informes periodísticos del Viejo Continente permiten conocer que en los últimos lustros una nueva legislación ha comenzado a atender el problema de las viviendas desocupadas y la creciente demanda de techo. Este conflicto se ha encarado rescatando la tradición del Estado de bienestar, tan arraigado en Europa, al ver que el mercado por sí solo no podía resolverlo. Así fue desarrollándose un conjunto de normas legales que penan severamente a los propietarios que mantienen sus viviendas desocupadas y sin alquilar. Los ejemplos son contundentes. El caso más extremo es el de Holanda en donde -según un artículo del diario El País, de España- es legal incluso la ocupación de viviendas que hayan estado vacías durante más de un año; y éstas son devueltas a sus propietarios solo si se comprometen a no mantenerlas desocupadas. En Francia se aplican fuertes tasas progresivas según el período que parmanezcan deshabitadas las propiedades; además está previsto que las viviendas puedan ser requisadas durante seis años -extendibles a doce- si permanecen 18 meses desocupadas. En Dinamarca se aplican fuertes multas si las viviendas permanecen vacías apenas seis semanas. En Gran Bretaña se llega a contemplar la incautación de viviendas si han estado vacías por más de seis meses. Los municipios están obligados a publicar listados de viviendas disponibles y desde 2007 se han puesto en práctica medidas fiscales contra este fenómeno. Existe incluso una Agencia Estatal de la Vivienda Vacía que lucha contra esta situación. En Italia han agravado las penalizaciones fiscales contra las viviendas deshabitadas y en Alemania se contemplan multas, expropiación temporal y alquiler forzoso e incluso expropiación definitiva.
Esta somera descripción permite ver que existen soluciones para este problema y que solo hace falta voluntad política para encontrarlas. Queda claro que aún dentro del sistema de economía de mercado en el que vivimos el Estado cumple un rol insustituíble a la hora de garantizar el bienestar general que promueve la Constitución para todos los habitantes de nuestro suelo.