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Qué salud queremos

I. Es uno de los temas de fondo que no se quiere debatir, como la reforma constitucional o la judicial, porque afecta intereses muy pesados y «pianta votos». Pero lo cierto es que el sistema de salud del país presenta graves problemas y la clase política le debe a la sociedad una respuesta. No son problemas desconocidos pero su abordaje es complejo y su solución excede el período de una gestión de gobierno.
La Vicepresidenta de la Nación puso el tema sobre la mesa y se armó revuelo, fogoneado por la prensa porteña, desde luego. Habló de una «reformulación del sistema de salud», de una «integración entre lo público y lo privado» y de «optimizar recursos». También dijo que el actual gobierno recibió del anterior «un sistema de salud abandonado» y que ante esa realidad «no se puede emparchar o dar soluciones parciales».
Con la desregulación del sector durante el menemismo la población de altos ingresos migró hacia la medicina prepaga, en tanto el sistema público y las obras sociales tuvieron que hacerse cargo de las enfermedades más onerosas, de los expulsados del privado y de los trabajadores de bajos ingresos. Es decir, en aquel período neoliberal se incrementó la desigualdad con unos pocos que ganaron y muchos que perdieron.
Hoy el sistema de salud insume casi el 10 por ciento del PBI, es el nivel de inversión más elevado de América Latina y está a la altura de los países desarrollados aunque sus prestaciones no lo reflejan.
Según datos oficiales, en el sector de la salud privada se atienden alrededor de 20 millones de personas a través de las obras sociales y 6 millones mediante las prepagas. Las restantes 18 millones acuden al sistema público de salud. Además el subsector de las prepagas está muy concentrado con apenas 10 empresas que absorben el 75 por ciento del mercado.
II. Como sucede con frecuencia en nuestro país, el debate se inició con muchos de sus protagonistas priorizando en exceso intereses sectoriales y con fuerte interferencia de la coyuntura política. En el ámbito sindical hubo quienes reconocieron la necesidad de un cambio y se mostraron de acuerdo en afrontar la discusión, pero lo hicieron en voz más baja que los que salieron a gritar contra la Vicepresidenta. Eso sí, no se privaron de pedir más fondos públicos para continuar sobreviviendo en el tembladeral. La mezquindad y la mirada de bajo vuelo son escollos que entorpecen el debate sobre las reformas estructurales que el país necesita en favor de la equidad, la calidad de vida y la inclusión de los sectores sociales que permanecen marginados de beneficios que son habituales para otros.
En la medicina privada hubo también quejas y se elevó un planteo para que el Estado las alivie de algunas prestaciones obligatorias consideradas «enfermedades antieconómicas» como obesidad, adicciones y discapacidad. El sector privado pretende que estas «cargas» sean afrontadas por el Estado mediante aportes mensuales de los asociados y de toda la población a través de la recaudación impositiva.
Como se puede apreciar buena parte de las obras sociales sindicales como el empresariado privado coincide en un punto: quieren tener de socio al Estado para cubrir las pérdidas pero no quieren integrarse a un único sistema nacional constituido con representantes de todos los sectores.
III. Países tan capitalistas como Canadá y el Reino Unido entre otros tienen sistemas públicos de salud como el que aquí se quiere debatir. Lo llamativo es que muchos de los admiradores de esas naciones miran para otro lado cuando se los menciona.
En el fondo, lo que se trata es definir si se quiere considerar a la salud de la población como un servicio o como un negocio. En el mundo empresarial muchos ven al Estado como un enemigo, y en el mundo gremial muchos se han convertido en empresarios de la salud. Desmontar esas distorsiones con el objetivo de lograr el bienestar general, tal como lo que exige la Constitución, no es tarea fácil; pero igual debe hacerse.