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Querella en medio de la pandemia

LA SEMANA PAMPEANA

I – El dramático aumento de casos de coronavirus positivo en La Pampa a partir de los encuentros sociales ilegales en Catriló enfrentó en la semana a La Pampa a su hora más difícil. Salvando las distancias de todo tipo en la índole de la emergencia, para poder dimensionar el nivel de impacto que tiene en la población el empinamiento de la curva de contagios, hay que remontarse a la crisis de 2001-2002, a la guerra de Malvinas o a los años de la dictadura para encontrar una crisis que envuelva de tal manera a todos los habitantes de la provincia y del país.

II – La vuelta a fase 1 ha sido esta vez más difícil porque, luego de meses de lograr contener la diseminación del virus con una gran disciplina social, decididas medidas de salud y decisión política de contención económica, los pampeanos llegamos a creer que le habíamos encontrado la vuelta al problema. Pocos imaginaron que incubábamos el huevo de la serpiente agazapado en las reuniones sociales ilegales realizadas al amparo de alguna supuesta impunidad, en las pequeñas y cotidianas desobediencias como tomar mate en lugares de trabajo o en una relajada forma de convivencia con personas del entorno que habían estado en zonas rojas y no lo declararon.

III – Tan fuerte como el impacto del crecimiento de casos y la obligación de volver al aislamiento lo fue la noticia de la reunión social donde el virus tuvo su oportunidad de diseminarse que ha dado en llamarse la «cena judicial». Allí, contra todas las normas para contener la pandemia en la provincia, un grupo de expectables personajes de la sociedad pampeana, entre ellos dos jueces y un fiscal general, se reunieron a cenar para celebrar el «día del amigo». La noticia trascendió a partir del relato de uno de los participantes que dio positivo un día después de la «cena judicial». El protagonista del ahora conocido como caso de General Acha, contó que participó el domingo 19, también en contra de las disposiciones de la cuarentena obligatoria, de un cumpleaños en un campo de la localidad de Pellegrini donde concurrió aprovechando su condición de exceptuado por su actividad relacionada al negocio agropecuario. No contento con eso, al día siguiente participó en Santa Rosa, en la casa de un camarista, de la cena.

IV – Ese impacto social y político de comprobar que quienes deben estar custodiando el comportamiento del conjunto para preservarnos de la pandemia habían faltado a ese deber golpeó fuerte en la necesaria confianza que la ciudadanía debe tener en su justicia y levantó una ola de indignación. La pereza judicial por entender que tenía sobre sí los ojos de los pampeanos en una causa que no es una más de las miles que se han levantado por cuestiones similares, obligó al gobierno de la provincia a presentarse como querellante. Que lo haga deja en claro que el gobierno participa de la desconfianza que la sociedad tiene en la voluntad que la propia justicia tenga de actuar con el mismo rigor que se le conoce cuando los imputados son pobres diablos «minoristas». La honda repercusión del caso tiene relación, no solo porque se trata de magistrados y funcionarios judiciales, nada menos y con la nula responsabilidad social que exhibieron en estas horas críticas, sino también, y tal vez principalmente, con la sospecha de que lo hicieron porque los participantes parecen actuar así por creerse portadores de una cierta impunidad.

V – Diez días después de producido el hecho y cinco después de la denuncia, nada ha avanzado la justicia en dar respuesta a la ciudadanía entretenida como suele hacerlo cuando no tiene voluntad de llegar al fondo de la cuestión. Un fiscal que tarda dos días en excusarse, un procurador que tarda en salir a explicar lo que está haciendo el Ministerio Público Fiscal encargado de la investigación y pareció más preocupado en polemizar sobre cuestiones procesales con el presidente del Superior Tribunal de Justicia que fue el único que salió inmediatamente después de conocido el vergonzoso suceso. Los señalados han salido a decir que la cena fue a las 5 de la tarde y que se extendió solo hasta las 20.30. Si se comprueba su coartada (habría que preguntarse si con la cantidad de causas que tiene la justicia puede ser real que en un día laborable sus señorías estuvieran de festejo y no trabajando en esas horas) la falta habría sido de media hora pues el horario permitido era solo hasta las 20. Las cámaras y celulares dirán más temprano que tarde quién dice la verdad y quién miente. (LVS)