¿Quién controla a la Justicia?

Los movimientos de funcionarios judiciales y la posibilidad cierta de que la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica pierda un cargo motivó ayer un informe de este diario. El problema surgió a partir del atraso en la tramitación de los expedientes que están a cargo de una integrante del Superior Tribunal de Justicia, y los recursos humanos que se pondrían en movimiento para «ayudar» a la jueza a ponerse al día con su trabajo.
No es la primera vez que un magistrado, o un tribunal, registra acumulación de causas con las complicaciones que ello significa para el común de los mortales. Lo que no sería tan común es que se desmantele una oficina que, por estos días, debería tener mucho trabajo en virtud del recrudecimiento de casos de violencia de género tal como lo vienen registrando los medios de comunicación locales.
Estos movimientos, como así sus causas, han despertado malestar en la trastienda de la judicatura aunque solo circularon conversaciones en estricto «off the record». El hermetismo sigue dominando en el ámbito de los tribunales y las declaraciones públicas y a cara descubierta no abundan tal como ocurren en los otros dos poderes del Estado.
La lentitud en la tramitación de expedientes no es nueva. Los tiempos interminables de la burocracia judicial concitan los cuestionamientos más frecuentes que se escuchan desde la sociedad. A esa «normalidad» hay que añadirle los casos crónicos que incluso llamaron la atención del propio STJ. Son recordables los (malos) ejemplos de algunos jueces que tuvieron trascendencia pública como también de una cámara que debió ser auditada por la extrema lentitud de su desempeño. El informe de ayer recordó que la investigación interna mostró una doble frustración: el funcionario que la llevó a cabo renunció a causa de las presiones y sus reemplazantes terminaron su tarea con, apenas, unas recomendaciones voluntaristas.
¿Quién controla a la Justicia? Esta es la pregunta crucial a la que siempre se vuelve. Y no es casualidad que, a nivel nacional, estemos presenciando un arduo debate sobre el tema. Desde luego, los problemas de la Justicia pampeana están muy lejos, por cantidad y calidad, de las groseras irregularidades -espionaje ilegal, armado de causas, «doctrina Irurzun», etc.- que presenta su par federal en la capital del país.
Sin embargo el núcleo del problema es el mismo. En el sistema republicano los tres poderes deberían controlarse mutuamente y ninguno de ellos pretender ubicarse por fuera del escrutinio público. Dos de los poderes, Ejecutivo y Legislativo, deben rendir examen ante la ciudadanía (cada cuatro años en La Pampa). No ocurre lo mismo con el Judicial, en donde los cargos son vitalicios y solo pueden interrumpirse mediante el complejo y burocrático mecanismo del jurado de enjuiciamiento ante inconductas extremas.
Cuando la Asociación de Magistrados nacional -que no abrió la boca en tiempos de Macri y su «mesa judicial»- salió a cuestionar al Presidente de la Nación y a rechazar el control legislativo, reflejó cabalmente el espíritu de cuerpo y las dificultades para aceptar las reglas de juego de la democracia que imperan en el menos democrático de los poderes del Estado.