¿Quiénes son y qué quieren los golpistas en Venezuela?

OEA, DEPARTAMENTO DE ESTADO Y MACRI DICEN QUE HUBO GOLPE DE ESTADO

Las cancillerías de varios países, comenzando por la de Estados Unidos, denuncian un golpe de Estado en Venezuela. Ese golpe del que hablan, no existe. El que sí tiene entidad real es el golpismo que promueven Washington, la OEA y Mauricio Macri.
EMILIO MARÍN
Una mayoría de medios de comunicación en la región coincidió ayer que en Caracas había tenido lugar un golpe de Estado. Lo habría dado Nicolás Maduro, por lo que esas tribunas interesadas hablaron de “autogolpe”. Y lo fundamentaron en que el bolivariano habría disuelto el parlamento y quitado la inmunidad a los parlamentarios. Así podían compararlo con el dictador Alberto Fujimori que hizo eso en 1992 en Perú y el uruguayo Juan María Bordaberry que se adelantó en 1973.
Esas serían las dos supuestas pruebas del golpe de Estado: que se quitó la inmunidad a los legisladores y se disolvió el Poder Legislativo.
Ya se verá que tales acusaciones son entre sesgadas y falsas, pero al mejor estilo de Joseph Goebbels, los de la Sociedad Interamericana de Prensa y demás medios de desinformación continental remacharon con el título de que hubo golpe. Es mentira, pero de tanto insistir creen que va a ser aceptada como una verdad. Una parte de sus audiencias ya estaba convencida de esas falsedades como si fueran verdades. La difusión de humo tóxico apunta a consolidar ese público propio y avanzar en la deformación de la conciencia del resto, de los que están al medio en esta pulseada. Al grueso de los alineados con el gobierno bolivariano lo dan como perdido.
La primera mentira es que Maduro quitó la inmunidad a los parlamentarios. Quien adoptó esa medida, provisoria hasta que esos legisladores se ajusten a la letra de la Constitución, fue el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, mediante resolución 155, del 28 de marzo. No fue de Maduro sino del más alto tribunal.
Esos legisladores, que son parte de una Asamblea Nacional inválida, habían solicitado a la Organización de Estados Americanos la sanción y expulsión de Venezuela. O sea, como bien los caracterizó el presidente, actuaron como vulgares traidores a la patria, pidiendo que países extranjeros sancionen al propio país. Esas sanciones forman un arco muy amplio de posibilidades, desde la expulsión de la OEA invocando el artículo 21 de su Carta hasta una eventual ocupación militar, pasando por bloqueo económico, sanciones comerciales y financieras, etc.
Los partidos opositores de la Mesa de Unidad Democrática votaron esa resolución injerencista, y el Tribunal Supremo de Justicia les quitó los fueros como forma de invalidar su petición a la OEA. Fue como decir: estos señores no tienen potestad para tramitar sanciones contra el país. ¿Opinión del cronista? Muy bien hecho por el Tribunal Supremo de Justicia.

¿Disolución de la Asamblea?
La segunda falsificación que amplifican Clarín, La Nación y toda esa escudería mediática afín al Departamento de Estado, es que Maduro disolvió el Parlamento.
En rigor lo que sucedió fue que la Sala Constitucional del TSJ resolvió el 30 de marzo, mediante disposición 156, asumir temporalmente algunas funciones propias del legislativo, a fin de impedir el descarrilamiento institucional. Esto está previsto por el artículo 336, numeral 7, de la Constitución. Por ejemplo, el Estado debía firmar convenios de empresas mixtas petroleras con firmas privadas. Y según la ley, tales acuerdos deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. Como ese órgano ha incurrido en gravísimas faltas y parálisis, al punto que la justicia la declaró en desacato, el TSJ asumió temporalmente esas facultades para que dichos contratos puedan firmarse. De eso dependen negocios que pueden reportar muchos millones de dólares de ingreso estatal, muy necesarios en estos tiempos de crisis económico-social.
O sea que no fue el jefe de Estado quien tomó la decisión sino el Poder Judicial. Y la determinación del 30 de marzo estuvo precedida de muchos fallos que invalidaban el accionar ilegal de la Asamblea Nacional. Esta no se ajustó a derecho en el 2016, cuando estaba presidida por Henry Ramos Allup y no lo hizo en lo que va de 2017 bajo la titularidad de otro miembro de la MUD, Julio Borges.
Entre muchas irregularidades del Legislativo estuvo el haber incorporado a tres diputados de Amazonas, pese a que sus mandatos estaban invalidados por fallos judiciales que los fulminaban por fraude electoral. La Asamblea Nacional los juramentó lo mismo, pese a la resolución en contrario del Consejo Nacional Electoral y las advertencias y fallos del TSJ. Se le dijo a Ramos Allup y Borges: no pueden incorporar a esos legisladores porque será nulo todo lo que se vote en el recinto. Y lo mismo siguieron adelante en la colisión de poderes.
No se trata de una falla del Legislativo en marzo de 2017. Desde la victoria opositora en diciembre de 2015 y la conformación de la Asamblea en enero de 2016, su funcionamiento fue reprochable legal y políticamente, pues fue el ariete de las campañas de destitución contra el gobierno de Maduro.
La desesperación y violencia alcanzaron el punto de máximo aventurerismo en enero pasado. El 10 de ese mes Maduro cumplía la mitad de su mandato y era el límite temporal para que la oposición pudiera haber ganado eventuales elecciones dentro de un referendo revocatorio para deponerlo. No lo lograron porque les faltó apoyo social y porque a falta de firmas reales falsificaron centenares de miles para acceder al piso del padrón para poner en marcha el revocatorio. Y una vez conseguido ese piso, y lanzados a la segunda parte de ese operativo, donde precisaban el 20 por ciento del padrón, fueron fulminados por resoluciones adversas del organismo electoral y el poder judicial.
El 10 de enero fue día de furia de la oposición recargada. No habían conseguido su propósito. Y por eso, en vez de dar un paso al costado, dieron uno hacia el abismo, al resolver apartar al presidente Maduro de su cargo. Tamaña decisión golpista no fue convalidada por el TSJ, de modo que Maduro debió rendir su informe anual ante ese ámbito judicial, por obstrucción de la Asamblea Nacional.
Esta es la segunda mentira de Washington, Luis Almagro (OEA), Mauricio Macri y otros presidentes de la región. Maduro no disolvió el parlamento. En dos días, Ramos Allup podría convocar a nueva sesión plenaria, depurar a los tres legisladores de Amazonas y elegir las autoridades de la Asamblea, Borges o quien les plazca. Así arreglarían al menos formalmente el desarreglo brutal que cometieron contra Maduro y el TSJ, pero en definitiva contra el pueblo venezolano.

Doble rasero.
Los que deforman la realidad y acusan de golpe de Estado a Caracas, en cambio, no cuestionaron el golpe de estado de un Senado corrupto, en Brasil, contra Dilma Rousseff. Tampoco fueron solidarios con Manuel Zelaya, el presidente depuesto en Honduras en 2009, ni con Fernando Lugo, el ex sacerdote derrocado por golpe en 2012 en Paraguay.
Todo es según el cristal con que se mire, o de los ojos de quienes miran. Por ejemplo, en la SIP son directivos Bartolomé Mitre, de La Nación, y varios de Clarín, que apoyaron el terrorismo de Estado en la Argentina, golpe de Estado incluido. También está Claudio Paolillo, del semanario Búsqueda, medio fundado por Danilo Arbilla, ex director de prensa del golpe cívico-militar uruguayo. Otro directivo de la SIP es el hondureño Jorge Canahuati, de La Prensa, una de las diez familias que financiaron el golpe contra Zelaya. Además son directores miembros de la familia Edwards, propietaria de El Mercurio de Chile, vocero del golpe pinochetista de 1973. ¿Estos elementos contrarios a la democracia y la soberanía popular son los críticos de un supuesto golpe en Caracas que no ha tenido en estos días ningún muerto, ningún herido y ningún preso?
Volviendo a Venezuela, los que han derramado la sangre de su población son los gobiernos de la IV República (con la que terminó Hugo Chávez). Por caso, Carlos Andrés Pérez causó al menos 300 muertos en el Caracazo de 1989 (otra estadística dice 2.000).
Los golpistas son los que en abril de 2002 dieron un golpe cívico-militar contra Chávez, mataron personas y casi fusilan a su rehén en la isla de la Orchilla.
Esos golpistas, los únicos reales en ese país petrolero, se maquillan como democráticos. Macri recibió el 30 de marzo en la Casa Rosada a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, detenido en el Penal de Ramo Verde, como antes Donald Trump en la Casa Blanca y Luis Almagro en la OEA. Y allí cantan loas al “preso político” López, poniéndolo de ejemplo que Maduro es un déspota.
Falso. López está preso porque fue el promotor del plan golpista “La Salida” (la salida de Maduro de Miraflores), que en 2014 causó 43 muertos, 900 heridos y destrucción de edificios públicos. La justicia, no Maduro, lo condenó a casi 14 años de prisión por esos graves delitos.
¿Que el presidente venezolano debería haber impulsado más y en la práctica el Parlamento Comunal Nacional que ya existe, por oposición al dominado por la MUD? Es posible que haya habido vacilaciones al respecto, de no atreverse a profundizar la revolución bolivariana. Que debía apoyarse más en la movilización popular, también. Pero a no engañarse, a Maduro no lo están queriendo derrocar por sus errores, que los tiene, sino por sus buenas acciones de gobierno, que siguen en lo fundamental la huella de Chávez.

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