Quieren que declaren Magnetto y Mitre en la causa Papel Prensa

ACUSADOS DE DELITOS AMPARADOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO

Después de años hubo informe de peritos de la Corte Suprema en la causa Papel Prensa. Corroboraron que fue vil el precio pagado por los dueños de Clarín y La Nación por Papel Prensa. Quieren que éstos declaren.
EMILIO MARIN – La justicia que llega tarde no es verdadera justicia, pero es mejor que la que falla mal y en contra de los intereses populares como suele ocurrir con buena parte del Poder Judicial, incluso su máximo tribunal (su correcto fallo contra el tarifazo del gas no lo exime de la crítica en tantos otros asuntos sometidos a su consideración).
Y aunque los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se demoraron más de la cuenta, dos años y medio, su informe sobre Papel Prensa fue muy positivo.
Es que el juez Julián Ercolini había recibido desde 2011 varios pedidos de la querella para indagar a los directivos de “Clarín” y “La Nación” sobre la apropiación de la papelera fundada por David Graiver y apropiada por aquéllos en noviembre de 1976. El magistrado no quiso acceder a esa demanda de que los citara a declarar pese a que la indagatoria es un derecho de los imputados para defenderse ante la Justicia.
En marzo de 2015 el pedido de citación fue planteado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, al que “La Nación” buscó desacreditar colgándole el sambenito de “fiscal de Justicia Legítima”. Con ese mismo maccartismo quisieron descalificar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y a fiscales como Félix Crous, Carlos Gonella y Javier De Luca, en otras causas que molestaron al poder económico y mediático.
Para Gómez Barbella había suficiente material para citar por la apropiación de Papel Prensa a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, directivos de aquellos diarios, y al ex secretario de Comercio de la dictadura, Raimundo Podestá.
Es que las declaraciones de las víctimas, básicamente Lidia Papaleo, viuda de Graiver, Rafael Iannover, ex directivo del grupo platense, y de otros testigos, como el periodista Osvaldo Papaleo, eran muy sólidas en su acusación de que esos monopolios privados los habían forzado a vender la empresa mediante presiones, amenazas, secuestros y torturas.
Esa historia del robo fue documentado en un informe de la Secretaría de Comercio, por entonces de Guillermo Moreno, titulado “Papel Prensa, la verdad”, incorporado a la causa. Moreno conocía bien la interna de la empresa porque representaba allí al Estado, accionista minoritario en PP, y contaba con información fehaciente. Se recordarán sus intervenciones en las asambleas de accionistas de “Clarín”, impugnando a Lucio Pagliaro y José Aranda, directivos que representaban a Magnetto y la señora de Noble.
Lamentablemente la solicitud de Gómez Barbella no tuvo éxito. En menos de 24 horas el juez Ercolini la denegó con el argumento falaz de que no había suficientes elementos para la indagatoria.

Hacete amigo del juez…
Como parte de su negativa, el juez que tenía la causa Papel Prensa desde 2011, bien que adormecida en algún cajón de su despacho, bajo siete llaves, argumentó que había pedido una pericia contable a la CSJN para determinar si el precio abonado por los adquirentes era el correcto o no. Magnetto y sus socios juraban que habían abonado el precio exacto que valía la empresa; las víctimas del despojo, amén de denunciar la violencia sufrida, añadían que el precio fue muy inferior al valor real.
Por entonces hacía cinco años que entre los querellantes actuaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con los doctores Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén, continuada -luego del fallecimiento del primero- por su reemplazante Martín Fresneda.
Esta dependencia aportó ya en 2010 informaciones muy valiosas para este expediente, entre otras algunas actas secretas de la Junta Militar encabezada por el genocida Jorge Rafael Videla. Allí se documentaba que el general de brigada Oscar Gallino, jefe de los militares que interrogaban a la familia Graiver-Papaleo en su cautiverio ilegal en Puesto Vasco, tenía conversaciones con los directivos de los diarios apropiadores para recibir información y acordar cómo presionar a los secuestrados para poder abrochar el traspaso.
“Recuerdo sus amenazas a mí y a mi hija, recuerdo su mirada, decía que debíamos firmar o perdíamos la vida mi hija o yo, eran amenazas de muerte” y agregó Lidia Papaleo en su declaración judicial de 2012 en La Plata. Explicó que por esas amenazas, “no había opción a que no se vendiera Papel Prensa”. Su hija tenía 2 años y medio de edad.
No obstante todo ese material, Ercolini falló el 12 de marzo de 2015 en contra de la citación a indagatoria, rechazando el pedido de Gómez Barbella. Dijo que “no hay pruebas que involucren a los directivos de ‘Clarín y La Nación'”.
El fiscal desairado cuestionó el argumento de que hacía falta la pericia contable sobre la venta. Dijo que se trataba de un delito cometido al amparo del terrorismo de Estado y en el marco de crímenes de lesa humanidad. Eso era lo determinante en esta historia, lo del precio era accesorio.
El trío Herrera de Noble-Magnetto-Mitre logró entonces en 2015 un gran respiro judicial y político, cuando estaba contra las cuerdas. Venía de lograr otra victoria anterior, en 2013, cuando sus abogados lograron el apartamiento del fiscal Eduardo Freiler, partidario de citarlo a indagatoria y que fue apartado por decisión dividida de la Cámara Federal, donde el único voto correcto fue el de Jorge Ballestero. Freiler fue objetado de tener animadversión y prejuicios contra el monopolio que toca el Clarinete. El fiscal Germán Moldes, otro integrante del Partido Judicial, también dictaminó que no había mérito para la citación de los empresarios.
Una vez más se comprobaba el lamentable acierto del consejo gauchesco de “hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse”. “Clarín” se rasca en el palenque de Avenida Comodoro Py 2002, con buena parte de la corporación judicial. Quedó demostrado en esta larguísima demora en tomarle declaración y, antes y durante la misma, las constantes cautelares contra la plena aplicación de la ley de medios. La justicia corporativa le hizo el aguante a “Clarín” hasta que llegara Mauricio Macri, un gobierno más que amigable con el holding, como lo fue la Junta Militar de 1976.

Al fin los números.
Esta semana hubo una novedad muy satisfactoria para la querella: se conoció el informe de los peritos de la Corte. Y el mismo, según declaró Osvaldo Papaleo, dio ampliamente la razón a su denuncia de la apropiación ilegal, en este caso por el lado del precio vil que ni siquiera fue abonado por los adquirentes.
Esos peritos establecieron que el valor total de los bienes apropiados “asciende a la suma de 24.144.521,49 dólares”, lo que dista del precio supuestamente pactado de 8,3 millones de dólares.
Papaleo manifestó anteayer a Télam que “esa suma que ellos declararon que habían pagado nunca existió en realidad; sólo se depositaron 7.000 y 20.000 dólares pagados por el Estado con créditos del Banco Nacional de Desarrollo”.
O sea que simularon pagar una suma irrisoria, pero tampoco cumplieron. Más aún, el informe de los peritos puntualizó que el Estado de aquel tiempo dictatorial dio créditos a los adquirentes, por medio del Banade, por un total de 37.000 millones de pesos para la planta de celulosa.
Quiere decir que la apropiación se confirma por los dos lados: por el precio vil pactado y no cumplido, y porque la dictadura les aportó créditos millonarios para poner en marcha la planta. Como se recordará, muy sonrientes, Videla, Ernestina de Noble y Bartolomé Mitre cortaron la cinta de inauguración.
La dictadura sirvió para que el monopolio se adueñara de lo ajeno, en base a los secuestros y torturas, incluso violaciones como la padecida por la viuda de Graiver. Ella declaró que le inspiraba más terror la mirada de Magnetto, en las reuniones con “aprietes” en las oficinas de “La Nación”, cuando los apremiaban con la venta, que la mirada de los militares que la torturaron y violaron.
Precio vil y la dictadura financiando la puesta en marcha de la planta…
Con esta pericia de los especialistas de la Corte, la familia damnificada pidió al juez que cite a los principales imputados. Ercolini se demoró desde 2011 en tomar cartas en el asunto y los últimos dos años y medio se amparó en que aguardaba ese informe. Pues ahora lo tiene. Las excusas se acabaron.
El magistrado tiene una brasa caliente cerca de su despacho. Es que por la índole de los delitos imputados a esos representantes empresariales, cometidos en el marco de delitos de lesa humanidad, les correspondería la prisión preventiva, luego de su indagatoria. Y es lo que esa parte corporativa de la Justicia quiere evitar a toda costa. Si no querían indagarlo, muchísimo menos piensan imponerles detención preventiva. Mauricio Macri daría la vida por la impunidad de esos crímenes, porque él también fue parte de los monopolios que se enriquecieron en esos años de represión ilegal. De 7 empresas que tenía Socma en 1973 pasó a 51 diez años más tarde, como puntualizó Horacio Verbitsky.
Una reflexión final sobre los tiempos de la Justicia. A Hebe Bonafini le mandaron numerosa policía para llevarla a declarar de prepo en un día; a los dueños de “Clarín” y “La Nación”, imputados por causas mucho más graves, hace seis años que no los citan.