viernes, 18 septiembre 2020
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Reforma Judicial no aborda los principales problemas

MUCHO RUIDO, POCAS NUECES

La tan esperada reforma judicial, anunciada por Alberto Fernández desde su asunción, se queda corta a la hora de producir los cambios que necesita el Poder Judicial.
IRINA SANTESTEBAN
El gobierno viene haciendo anuncios que, luego de ser resistidos por la oposición y la prensa hegemónica, hacen agua y son descartados. Así sucedió con la expropiación de la cerealera Vicentin, donde ni siquiera se avanzó con la intervención, rechazada por el juez del concurso de ese monopolio.
El impuesto a las grandes fortunas, si bien no ha sido desechado, viene demorado hace meses, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha dicho que será tratado junto con el presupuesto 2021. O sea, si se aprueba, su aplicación será recién para el año que viene, cuando la crisis sanitaria y social agravada por la pandemia reclamaba urgencia para su implementación.

La reforma.
Los lineamientos generales fueron expuestos por el presidente en conferencia de prensa, junto a la ministra de Justicia Marcela Losardo, el ministro del Interior Wado de Pedro y la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. En la redacción del proyecto también participó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. AF designó a los integrantes de una Comisión Asesora, de once juristas especializados en distintas ramas del Derecho que deberán abordar la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio. Estos miembros son: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Es una conformación heterogénea que aún así concitó el rechazo de Juntos por el Cambio, por considerar que tiene «preeminencia de juristas pro K». El gobierno propuso a Federico Pinedo para integrarla, pero declinó por orden de su jefa política Patricia Bullrich.
Para el periodista militante de la oposición, Joaquín Morales Solá, la comisión «no es plural» por la presencia de Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández. Cuando el ex presidente Macri designó a dos miembros de la Corte Suprema por decreto, salteándose los procedimientos constitucionales (uno de ellos Carlos Rosenkrantz, es hoy el presidente) no tuvo mayores reparos. Tampoco en los antecedentes de ese abogado, que representó durante años a firmas multinacionales, entre ellas al multimedios Clarín, en cuyo Canal TN tiene su programa «Desde el Llano», tribuna pro-monopólica.
Otro de los críticos de la reforma es el fiscal Carlos Stornelli, para quien el problema de la Justicia es el «magistrado militante», y afirma que «por ley tienen prohibido cualquier militancia política». Poca memoria la suya, que fue empleado de Mauricio Macri en el club Boca Juniors (como jefe de Seguridad) y también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando aquél era jefe de gobierno. En la Justicia se destacó por ser implacable seguidor de causas contra ex funcionarios kirchneristas, apoyado en espías.

Más jueces, ¿mejor justicia?
Uno de los aspectos salientes de la reforma es la unificación de los doce jueces federales y los once del fuero Penal Económico, que se integrarán en 23 juzgados federales a los que se sumarían otros 23, totalizando 46 jueces federales en la ciudad de Buenos Aires. Una de las críticas a esta medida, es que se creará una «enorme infraestructura» judicial.
Como otro de los objetivos de la reforma es la implementación del sistema acusatorio, en el cual quienes tienen a su cargo la labor de investigación criminal son los fiscales y no los jueces, se crearán 23 nuevas fiscalías, la mitad de la cantidad de juzgados. En realidad debería ser al revés, ya que el peso de la tarea de investigación recae sobre las fiscalías, y son éstas las que deben ser dotadas de mayores recursos técnicos y humanos. Los jueces, en este nuevo sistema se limitan a la revisión de la labor de los fiscales, constituyéndose en juzgados de control o de garantías.
La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, que integra el propio Beraldi, criticó el proyecto porque «atrasa y opera contra todos los objetivos predicados» por el Poder Ejecutivo para mejorar la justicia. La entidad dice acompañar esos objetivos pero expresa que se va a asignar muchos recursos para no cambiar nada, o «peor aún, enterrar la posibilidad de contar, de una vez por todas, con un sistema acusatorio modelo a nivel nacional».
Como los nuevos jueces serán subrogantes, también se cuestiona la imparcialidad que podrán tener, siendo que estarían «sujetos a concurso», cuando justamente la crítica principal a los jueces de Comodoro Py ha sido su falta de independencia de los poderes políticos, económicos y mediáticos.

Corte Suprema.
El número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia es otro de los temas que deberá abordar la comisión asesora; el presidente ha dicho que con los cinco miembros «está bien». Ni por número ni por sus integrantes, puede decirse que esta Corte «está bien»; no sólo por la cantidad de causas que debe resolver el máximo tribunal sino porque actualmente deja mucho que desear en su desempeño jurídico y su independencia.
Como se mencionó, su presidente proviene de un estudio jurídico que tenía a importantes empresas monopólicas nacionales y extranjeras entre sus clientes. La Tabacalera Sarandí denunció a Rosenkrantz por conflicto de intereses, por su vinculación con las multinacionales. Su hija Julia Rosenkrantz integra el mayor estudio del país (Marval, O’Farrell y Mairal) que tiene como uno de sus principales clientes a Philip Morris (Massalin). Durante el gobierno de Macri, a esa multinacional y a Nobleza Piccardo (British American Tobacco) se les otorgaron beneficios fiscales que hicieron que Argentina dejara de recaudar 300.000 millones de pesos. En el pleito Sarandí denunció a Rosenkrantz por no apartarse y por votar a favor de los intereses de esas multinacionales.
La Argentina vivió en los cuatro años de Macri una de las peores etapas judiciales. Causas armadas con informes truchos de inteligencia, como los que confeccionaba el falso abogado Marcelo Dalessio; fotocopias de cuadernos que ocuparon horas de televisión y de los que ahora nadie habla; periodistas que oficiaban de voceros de los agentes de inteligencia y difundían escuchas sin autorización judicial (de manera ilegal), etc. En definitiva, se utilizó a los Tribunales para la persecución de los opositores políticos, a muchos de los cuales se los encarceló y algunos continúan presos, como Milagro Sala. Todo ello ameritaba una Reforma Judicial que fuera a fondo en los cambios que hacen falta para acercarnos a aquello que predica el preámbulo de nuestra Constitución Nacional: «afianzar la Justicia».