Reforma necesaria

Junto con el reclamo por seguridad, prácticamente todas las encuestas efectuadas a nivel nacional durante los últimos meses señalaban como de prioridad absoluta la necesidad de reformular la justicia. Ese replanteo iría destinado a la desvincularla de los vergonzosos vínculos con la política y la falta de equidad en los fallos, todo relacionado y sostenido por una enorme y sospechada burocracia judicial.
El actual gobierno, condicionado por otros problemas no menos graves -economía, pandemia…- comenzó a tratar con prudencia el tema, si bien se declaró partidario de un claro replanteo en áreas de ese poder tan importantes como sensibles. Es posible que esa actitud -atención a las leyes que rigen la actividad, cierta morosidad en la concreción de los planteos…- haya constituido un error lo suficientemente lento como para permitir que ciertos núcleos judiciales vinculados al macrismo al ver amenazados sus posiciones y privilegios, pudieran formular una estrategia de resistencia común que, ahora se advierte, no solamente traba el Poder Judicial en determinados aspectos sino que también amenaza la actividad gubernamental.
Esa postura roza el atrevimiento para con los otros poderes y ha llegado a un nivel de desvergüenza inadmisible en un país con sistema democrático. Montándose en las argucias y la telaraña judicial que manejan los integrantes de los tribunales de Comodoro Py, núcleo de esa postura, ha logrado concretar hechos inauditos, como el pase a su jurisdicción de causas ajenas a esa sede pasen a esos tribunales, siguiendo los reclamos de gente vinculada y militante en el macrismo, con los casos emblemáticos de Gustavo Arribas, quien estuviera a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, y el anterior secretario privado presidencial, Darío Nieto. También el caso del espionaje a la actual vicepresidenta; éste último resulta particularmente asombroso ya que es muy probable que, con la trayectoria judicial que transita, la causa llegue a manos del fiscal Carlos Stornelli, protagonista de reiteradas e injustificables ausencias cuando intentaba evadir los pedidos del juez federal de Dolores para comparecer por su participación en la red paraestatal dedicada espionaje. Esa red se tramitaba en los tribunales de Lomas de Zamora y desnudó el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia y del Servicio Penitenciario Federal durante el macrismo. Si llega a manos de Stornelli, increíblemente, un investigado pasará a investigar a quienes lo investigan.
La decisión de la Cámara de Casación Federal de arrebatarle a la jurisdicción de Lomas de Zamora la megacausa de espionaje puso en suspenso una investigación de casi un año, con indagados y procesados. También paralizó la investigación que venían llevando adelante los fiscales sobre el rol del área de Asuntos Jurídicos de la Agencia en las maniobras de espionaje y armado de causas.
Aunque, tal como sospechaban círculos judiciales probos y también la opinión pública en general, se trataba de una un final previsible, la medida da la certeza de que la causa, en el mejor de los casos, dormirá el sueño de los (in) justos en los tribunales de Comodoro Py.
Un jurista respetado, Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue claro y definitivo en sus críticas: «Es indiscutible-dijo– que se había formado una suerte de grupo que concentraba las decisiones judiciales que interesaban al régimen de Mauricio Macri (…), Mientras ese entramado no se neutralice de alguna manera, todo seguirá igual. Seguirán las decisiones contra los ex funcionarios anteriores a 2015 y el encubrimiento a los posteriores a esa fecha. No hay mucho misterio en esto. Hay una estructura judicial muy defectuosa y que permite la formación de estas ententes».
La ciudadanía, claro, espera la limpieza de esas áreas, que bien podrían compararse con los míticos Establos de Augías.