Reparaciones históricas en medio de la interna

I - Los pampeanos tuvimos en la semana la sensación de que, luego de muchos años, una cierta reparación histórica vendrá a corregir el desequilibrio que significaba para la provincia tener que pagar combustibles caros rodeada por jurisdicciones donde, por el norte, el sur o el este, se beneficiaban con precios mucho más bajos. La iniciativa surgió del Parlamento Patagónico el año pasado y, pese a que un primer borrador excluía a La Pampa a excepción de La Adela, una oportuna intervención de la senadora Higonet con apoyo del gobernador forzó la inclusión de toda la provincia en la reducción. La misma sensación de reparación tuvo para los pampeanos la decisión de la Fundación Chadileuvú de iniciar una demanda por el río Salado simétrica a la que inició la provincia por el Atuel. Pese a los chisporroteos que por este tema surgen entre la entidad y el gobierno, está claro que se trata de acciones que suman para la recuperación hídrica de la provincia.

II - Lejos quedaron los tiempos en que el Superior Tribunal de Justicia adhería a la máxima marinista de que la política no es asunto judiciable. La obediencia debida a esa máxima no era gratuita: permitió en La Pampa las jugarretas legales que terminaron con una reforma (in)constitucional con un voto menos y un período de gobierno igualmente contrario a la letra y al espíritu de la Constitución Provincial. En aquéllos años, la oposición, abrumada por la mayoría que ostentaba el peronismo intentaba la vía judicial como el último y desesperado intento de impedir que una mayoría (en realidad una primera minoría) conculcara todo el corpus legal y plebiscitara cada norma legal que se opusiera al plan de hegemonía que durante años padeció la provincia.

III - Ahora no. El Superior Tribunal se metió de lleno en la disputa política interna del partido del gobierno y, al decidir por permitir las listas colectoras pese a la prohibición del decreto del gobernador, tomó partido por uno de los bandos. La duda que le queda a los pampeanos es si el cambio obedece al convencimiento de que son, también en cuestiones políticas, los árbitros finales de las disputas legales en la provincia o si, como antaño, obedecen a una lógica igualmente inclinada a favorecer estrategias políticas. En última instancia, esto confirma que por acción u omisión, "todo fallo es político" e indica qué tipo de relaciones propicia una u otra interpretación de la ley. Las pretensiones de ser algo así como un cenáculo incontaminado, un quirófano de la democracia donde no tienen lugar los gérmenes de la política es, al menos una ingenuidad, una utopía o, también, una forma de solapar la función oculta de la justicia que es, claramente, garantizar un cierto orden político a la par que un cierto modo de acumular y distribuir poder (y, desde luego, la riqueza).

IV - El caso de abuso que se denunció en 25 de Mayo y afecta a decenas de niños de un jardín de infantes provincial provocó una verdadera conmoción en la provincia y en el país. Decenas de padres denunciaron que sus hijos fueron abusados por un profesor y la maestra de la salita donde concurrían sus niños. Llevados al hospital, una decena de esos pequeños tenían, de acuerdo a los médicos, lesiones compatibles con abusos. Los relatos que los padres aseguran oyeron de sus hijos hablaba de una verdadera organización de varias personas que sacaba a los niños del jardín para llevarlos a una chacra de las afueras de la localidad donde padecían esos abusos. Lo extraño es que no hay testigos de esos movimientos de pequeños trasladados en horarios de clase fuera de la escuela. Es llamativo que en una localidad pequeña como 25, esos movimientos realizados presuntamente durante dos meses y tal vez desde el año pasado, no fueran observados por nadie. Los investigadores de la fiscalía están convencidos que los abusos existieron pese a la ausencia de testigos y de que las cámaras Gesell no parecen arrojar mucha luz. La defensa asegura que los acusados son inocentes. La complejidad de la investigación obligó a crear una comisión de tres fiscales coordinados por el secretario de la Procuración. Más allá del caso, el pedido de los padres para que las salitas cuenten a partir de ahora con cámaras que registren la actividad en el aula parece ser una de las formas más razonables de proteger a los niños de abusos y, eventualmente, a los docentes de falsas acusaciones. (LVS)