Reto de la ONU por Milagro Sala

La resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas fue contundente y no permite interpretaciones antojadizas: reclamó la “liberación inmediata” de Milagro Sala y dictaminó que debe recibir una “reparación adecuada” por semejante daño infringido en virtud de que su privación de la libertad es, lisa y llanamente, “arbitraria”. El organismo de la ONU también señaló que “pudo constatar que a Sala se le obstaculizó el derecho a defensa” y acusó al Estado argentino de apelar a “argumentos dogmáticos” para empecinarse en su encarcelamiento.
Argentina ha recibido así una dura reprimenda por parte de la máxima autoridad política mundial que lo deja muy mal parado ante la comunidad internacional a muy poco tiempo de pretender ocupar su secretaría general y en momentos en que está encabezando una agresiva campaña contra Venezuela por, precisamente, “encarcelar opositores”.
Las primeras reacciones de los gobiernos nacional y jujeño consistieron en cuestionar y menoscabar el pronunciamiento, una suerte de “pataleo” inútil que en lugar de beneficiar terminó por incriminar aún más a nuestro país al asumir una posición desafiante del organismo internacional. Señalar, como explicación central, que el dictamen “no es vinculante” expone la carencia de solidez de los argumentos oficiales y deja en evidencia el ensañamiento y el carácter persecutorio que tuvo el encarcelamiento de una dirigente social sin condena previa. Además el dictamen de la ONU “no es una opinión, sino un requerimiento”, como señalaron organismos de derechos humanos, lo cual deja todavía más expuestos a los gobiernos argentino y jujeño.
Pero hay otro elemento que torna aún más grave este cuadro y es la condición de diputada del Parlasur de Milagro Sala. La justicia jujeña desconoció los fueros parlamentarios y la privó de su libertad con lo cual, mal que les pese al gobernador y al presidente, la convirtió en una presa política.
Jujuy está en el ojo de la tormenta y no solo por el derroche de autoritarismo en la detención de Sala. Días atrás tuvo lugar en San Salvador un encuentro nacional de organizaciones de derechos humanos que denunciaron severas irregularidades institucionales, dignas de un Estado autocrático. “Capital nacional de la represión y la impunidad”, fue calificada esa ciudad del noroeste, en virtud de los innumerables casos de persecuciones políticas, violencia policial y prácticas delatorias que recuerdan los años de las dictaduras militares.
En el encuentro se denunció la “negación del Estado de derecho” y la persecución y encarcelamiento de integrantes de organizaciones sindicales y sociales como prácticas de rutina. Decenas de testimonios directos dieron prueba de ese ominoso clima político. La provincia de Gerardo Morales, como ya lo han señalado muchos dirigentes y periodistas, parece un gigantesco laboratorio donde se está ensayando un sistema de represión para anular todo atisbo de protesta social. En este escenario no es menor el hecho de que Jujuy es una de las provincias argentinas más beneficiadas por el tesoro nacional lo cual habla de los estrechos lazos políticos que vinculan a ambos gobiernos.

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