Riachuelo: diez años de fracasos

El fracaso del Estado en el manejo de las cuencas hídricas quedó expuesto en forma dramática en el caso del Riachuelo. Cuando una década atrás la Corte Suprema de Justicia creó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se abrió una doble expectativa: una vinculada al saneamiento de uno de los cursos de agua más contaminados del mundo, y otra relativa a la capacidad técnica y administrativa para concretar semejante tarea. Las últimas noticias son decepcionantes y muestran la astucia de la burocracia gubernamental para sobrevivir y pasar desapecibida.
Lo anterior se desprende del pedido de la Corte para que se le suministre una lista actualizada de las empresas declaradas como “agentes contaminantes”. La nómina lleva diez años sin ser actualizada y se estima que alcanza a más de 1.500 firmas. Que después de una década de creado el organismo todavía no haya cumplimentado esa tarea habla muy poco a su favor. A ello se agrega que sobre el décimo aniversario del fallo que posibilitó su creación (quizás el más importante que tuvo la Argentina en materia ambiental), la Acumar volvió a ser noticia por el allanamiento de sus oficinas ante una denuncia de corrupción.
En esta cuenca hídrica, tan significativa en nuestra historia ya que la capital argentina surgió junto a ella, existe hoy un caudal altamente contaminado de benceno, tolueno, selenio, plomo y otras sustancias tóxicas que afectan el ambiente de quienes habitan en las márgenes, con altos riesgos para la salud de unas 350 mil personas. A los vertidos debe agregarse la ineficiencia de la red cloacal, que en buena medida también aporta al curso, y el deficiente abastecimiento de agua potable que tiene la zona. De los múltiples perjuicios potenciales por la contaminación el del plomo aparece como el más peligroso, ya que puede causar daños irreversibles, especialmente en los niños.
La declaración que la Corte Suprema formulara una década atrás respecto a que la zona adyacente al curso no es apta para la vida humana “por el riesgo ambiental y la contaminación que representan” implicaba el traslado de los habitantes a zonas más limpias por parte de las entidades políticas responsables: Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires; sin embargo esa acción básica se ha cumplido mínimamente y la mayoría de los pobladores continúa viviendo en condiciones de riesgo extremo, tanto que se los abastece de agua potable en bidones y, al carecer de cloacas, los desechos se vuelcan en bajos aledaños.
Por lo que se advierte la Acumar ha sido un fiasco en cuanto a lo que se esperaba de ella como organismo efectivo y al que se le dieron facilidades administrativas y presupuestarias. Los grupos ambientalistas más serios señalan la falta de respuestas a sus requerimientos y objeciones, como que la entidad sigue autorizando vertidos contaminantes y algunas de las empresas responsables parecen gozar de una irritante inmunidad.
No es exagerado decir que la Acumar ha sido un rotundo y costosísimo fracaso, y que desde sus mismos inicios nunca tuvo al frente a una persona capacitada capaz de evaluar y resolver el problema en sus múltiples facetas. Ese fracaso se advierte también en lo administrativo, ya que desde su creación ha tenido nada menos que una docena de presidentes. También la Corte parece tener responsabilidades en el mal funcionamiento del ente al centrar sus miras en la cuestión ambiental, excluyendo a los vecinos afectados, que están fuera de las audiencias.
La cuestión de las irregularidades de la Acumar parece lejana y ajena pero, a poco que se considere su problemática, se advierte su relevancia por ser un recurrente problema nacional, repetido en distinta medida en otras ciudades. También como un ejemplo acabado de indolencia al priorizar el interés de las corporaciones a la situación de miles de familias que siguen esperando una solución.