Inicio Opinion Verbitsky: Romper el espejo

Verbitsky: Romper el espejo

SHOW MEDATICO Y PROCEDIMIENTOS REPUGNANTES

El encarrilamiento de la investigación dentro de parámetros razonables del derecho penal liberal implica romper el espejo: no se trata de perseguir a los perseguidores de ayer con sus mismos métodos, sino de respetar sus derechos de modo que sea ostensible cuán distintos son.
POR HORACIO VERBITSKY
Antes de ser apartado de la investigación por el espionaje ilegal, el juez Federico Villena ordenó un show mediático en la detención de dos docenas de imputados, entre ellos la asistente del ex Presidente Maurizio Macrì, Susana Martinengo. El juez se encargó de que las señales de cable estuvieran al tanto de la hora y el lugar donde se produciría el espectáculo. Martinengo bajó del vehículo policial esposada y encapuchada, mientras la señal Crónica TV acompañaba la escena con la melodía infantil de los programas de la modelo Susana Giménez. Una farra.
En mi columna del programa «Habrá Consecuencias» ironicé que la ministra Sabina Frederic había sido secuestrada y dije que con procedimientos similares a los que utilizaba el anterior gobierno y que cuestionamos como repugnantes, no se limpiaban los sótanos de la democracia.
Los mismos medios que ignoraron todo el tiempo que les fue posible algunas de mis investigaciones de las últimas décadas, reprodujeron en detalle estas palabras menores: «Estoy muy preocupado por el regreso de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad y la reaparición de los operativos humillantes en la detención de personas fotografiadas y filmadas en el momento de la detención, con policías disfrazados como si fueran una banda de peligrosos narcotraficantes no sé para mostrar qué. Me preocupa mucho, nunca pensé que Bullrich pudiera volver al ministerio, cuando en otros lugares como en el Ministerio de Defensa hay claramente un cambio político notable, como el regreso a la correcta separación entre seguridad y defensa. Pero en Seguridad sigue Bullrich a cargo. ¿Cuál es la diferencia entre lo del juez Villena, que ejecutó la Policía Federal y que registraron los medios que simpatizan con el actual gobierno, y lo que hacía Patricia Bullrich? ¿Que en aquel caso nosotros teníamos una simpatía determinada y en este caso tenemos otra simpatía determinada con las personas involucradas? ¿Esa es la diferencia? Es una vergüenza».
El Presidente Alberto Fernández me escribió que compartía mi rechazo a ese procedimiento y precisó que su gobierno no avalaba esos métodos de Villena. Frederic superó su enojo y me concedió una entrevista en la que explicó que se había enterado por los medios, porque Villena dio la orden a la policía pero no informó al gobierno. Dijo que eso era parte de la independencia de los poderes. Que una vez que se produjeron los primeros arrestos y en cuanto supo que faltaban muchos más, instruyó a la policía para que los detenidos recién descendieran de los vehículos dentro del edificio al que fueron conducidos, lejos del alcance de las cámaras.
-Es decir que era posible.
-Cuando lo supimos, sí.

Desadicción.
Celebré que el gobierno hubiera pagado el rescate para que Frederic recuperara la libertad. Si el primer momento evocó aquellos días siniestros, lo que siguió marcó la diferencia con la Encuadernadora Glock y su complicidad con el diario que en vez de investigar la veracidad de la alegada prueba se la entregó al fiscal Stornelli, y cuyos fotógrafos conocían con exactitud la hora y el domicilio donde se produciría cada detención.
Respecto de las máscaras antigás de la Primera Guerra Mundial que usaron los policías, hay un problema de desadicción. Bullrich los acostumbró a todas esas cosas que les parecen maravillosas. Requerirá paciencia y firmeza recuperarlos.
Pero también hubo otras reacciones que no hubiera imaginado. Uno de los más antiguos portales abastecidos por fuentes serviciales tituló que «Verbitsky le marcó la cancha a Alberto» y se refirió a «las internas en el Frente de Todos entre el sector albertista del Grupo Callao, donde pertenece Frederic, y los que responden sólo a Cristina Fernández, como el Ministro de Seguridad provincial». Yo no había tomado nota de la actuación realizada sobre el puente La Noria por el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, contra las fuerzas federales que controlaban el tránsito desde la provincia hacia la Capital, porque me aburren las volteretas circenses de ese cirujano que porque hizo unos cursos se cree militar, y sobreactúa para parecerlo. Su única importancia reside en las molestias que causa.
La misma interpretación de mi nota como una señal kirchnerista se produjo a izquierda y derecha. La formularon: un observador inteligente de la economía, con programa de radio, de cable y columna escrita, y una columnista de La Nación especializada en chismografía política de bajo vuelo y maquillaje espeso.
La propia atribución a CFK de cada tontería que hace Berni y de una intencionalidad política son insostenibles. Ni Cristina ni Alberto han tenido tiempo para recibirlo. Pero después del último episodio, debió escuchar el sosegate de un calificado representante de la Vicepresidenta. Su afirmación de que Frederic estacionó 7.000 gendarmes en la provincia sin informar dónde están es insostenible. No son sólo gendarmes, sino también prefectos y policías federales, y el Ministerio de Seguridad informó en detalle al gobernador Axel Kicillof en qué lugar está cada uno. También le envió un cronograma con las operaciones a realizar día por día en cada municipio y/o barrio. Es Berni quien se ausenta de las reuniones de coordinación y presiona a los policías bonaerenses para que no acudan a las coordinaciones por municipio, bajo amenaza de sanción.
No conviene dar por este pito más de lo que vale. Los medios que quieran crear su propia realidad tienen vía libre para hacerlo. Ellos y su público son los principales perjudicados.
A la misma vertiente de la simplificación banalizadora pertenece la costumbre de algunos medios de calificar como macristas o ultramacristas a los animadores de televisión o columnistas de prensa escrita que en realidad expresan un ancestral e irreductible antiperonismo, combinado con un arrasador enamoramiento de sí mismos. Son aquellos que inventaron y repiten que Cristina encabeza un ministerio de la venganza y la impunidad. No sólo carecen de cualquier preocupación por buscar una prueba. También silencian las que se acumulan en contrario. Cuando los tribunales suspendieron por la pandemia los debates que involucran a la Vicepresidenta por la obra pública en Santa Cruz o por sus hoteles, lo presentaron como un paso en la búsqueda de la impunidad. La verdad es que nadie tiene más interés que CFK en que avancen esas causas, como lo ha reclamado en presentaciones judiciales, porque la prueba en su contra es más que endeble y no soporta el juicio oral.
Actuar en espejo con el Grupo Clarín, para el que todo lo que le disgusta se escribe con K, sólo contribuye a empobrecer el debate político. Tampoco tiene sentido anunciar detenciones de periodistas o de dirigentes políticos, posibilidad que no surge de las causas judiciales, o enormes asociaciones ilícitas, esa figura que sirve para detener sin pruebas. Que los agentes de la AFI filmaran y editaran videos para su difusión en programas periodísticos es una constatación valiosa sobre la promiscuidad de algunos comunicadores con el poder, y está muy bien que eso se conozca para que no queden dudas acerca de quién es quién, pero no encuadra en ningún tipo del Código Penal. El sustantivo forro no se menciona ni una vez en sus 306 artículos. Hay muchas asquerosidades que no son delitos.
Aunque la defensa corporativa cubra a todos por igual, no es lo mismo esto que el rol de Daniel Pedro Santoro en la banda del agente norteamericano Marcelo Sebastián D’Alessio, que no era una fuente sino un amigo personal, para el que espiaba a sus compañeros de trabajo y con quien participaba en la extorsión a empresarios.

Cambio y fuera.
La decisión de la Cámara Federal de La Plata de desplazar al juez Villena, recusado por los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, está bien fundada. La investigación que desarrolló en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla es el modelo que se proponen seguir de ahora en adelante el juez federal Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, en la causa que perdió Villena por las «circunstancias objetivas que permiten tener por razonablemente fundado el temor de parcialidad invocado por las partes recusantes». Como escribió el camarista Pablo Lemos, el propio Villena decidió excusarse en el expediente paralelo que ya tenía el otro juzgado de Lomas, «por sostener que se encontraba en una situación de violencia moral por haber intervenido y adoptado medidas de prueba en la causa». Mucho más que medidas de prueba. Nadie debería sorprenderse si su rol en la causa pasara de juez a imputado.
Lo primero que deben hacer Augé y los fiscales es solucionar los problemas logísticos que implican el traslado «de la totalidad de las actuaciones, la documentación y los efectos secuestrados», además de la escasez de recursos con que cuentan para manejarlos. Villena había conseguido una dotación de 25 funcionarios para trabajar en este expediente, en el que confeccionó legajos independientes para cada una de las víctimas del espionaje. Ya unificaron ambas causas, que sólo se dividieron por la excusación de Villena en una de ellas, y comenzaron a decidir la situación procesal de cada una de las personas que ya fueron indagadas. Primero pasaron a prisión domiciliaria a todas las mujeres, cosa que se extendió en la madrugada del sábado también a los varones, salvo Alan Ruiz, que sigue detenido y los tres aún no indagados, que quedaron en libertad por ahora. Una vez que se establezca cada situación procesal, se dispondrán sobreseimientos, faltas de mérito y prisiones preventivas, según el caso. Pero una vez adquirida y asegurada la prueba todos aguardarán en libertad el día del juicio, como corresponde.
Este sería también el caso de una de las autoridades máximas de la AFI entre 2015 y 2019, cuyo llamado a indagatoria sería la primera novedad de la semana que se inicia. Sólo sigue prófugo Martín Terra, el ex de la actual del vicejefe porteño Diego Santilli. Terra no era solo amigo de Gustavo Arribas. También fue su socio en HAZ Sports Agency, la empresa trasnacional traficante de hombres jóvenes ligeros de ropas.
La deriva punitivista de estos últimos años se hace evidente en los foros de lectores, donde la única actitud deseable parecería ser enviar a alguien a la cárcel, punto en el cual no hay dos posiciones. Lo único que cambia es la selectividad de la población que en la opinión de cada uno debería ser castigada. No sólo las fuerzas de seguridad requieren una cuidadosa reeducación.
La intención del Pocero de la Patagonia de arrastrar la causa hasta el agujero negro de Comodoro Py tiene mínimas posibilidades de prosperar. La Cámara Platense ya se pronunció por el otro juzgado de Lomas. La Cámara Federal de la Capital reclamó a Villena que le enviara al juez porteño Sebastián Ramos el tramo correspondiente a la intimidación al ex funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, en la avenida Callao, pero dejó el resto donde estaba. Es difícil imaginar qué razonamiento podría modificar ese criterio, ahora que el apellido del magistrado del mismo fuero y jurisdicción que quedó a cargo empieza con A y no con V. Tampoco se advierten puntos oscuros que pudieran justificar nulidades, en un expediente en el que el juez apartado no llegó a adoptar resoluciones de mérito, lo que quedará a cargo del magistrado independiente e imparcial a cuya actuación tiene derecho todo imputado. El apartamiento llegó a tiempo.
El encarrilamiento de la investigación dentro de parámetros razonables del derecho penal liberal implica romper el espejo: no se trata de perseguir a los perseguidores de ayer con sus mismos métodos, sino de respetar sus derechos de modo que sea ostensible cuán distintos son. Que el Doctor Glock descanse en paz.

Mercado y Estado.
El domingo pasado contamos aquí que mientras el gobierno medita el camino a seguir, tres dirigentes de la primera línea del oficialismo accedieron a un encuentro solicitado por cinco capitostes del empresariado, en el que se abordaron con franqueza las perspectivas de la relación entre el peronismo en el gobierno y el patronato. De un lado se sentaron: un ministro del Poder Ejecutivo; una autoridad política del Frente de Todxs y una representación institucional del Congreso de la Nación.
Del otro, formaron: el líder de una de las más antiguas cámaras patronales, que observa con más interés que nadie lo que sucede con Vicentin y no porque le preocupe el interés nacional; un banquero representativo de buena parte de sus colegas locales, que ha sido convencido oficialista con todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983; uno de los grandes petroleros con intereses en Vaca Muerta; un gran constructor que pasó una semana detenido en la Encuadernadora del Doctor Glock, hasta que confesó haber pagado para que el Estado le cancelara deudas por obras realizadas, y un inversor en emprendimientos energéticos, de intrincada relación con el ex Presidente Maurizio Macrì y sus negocios.
La autoridad política dijo que el gobierno necesita empresas privadas fuertes, que contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo, pero que los hombres de negocios necesitan de un Estado fuerte que fije y haga cumplir reglas del juego.
Uno de los asistentes del otro bando expresó entre cuatro paredes la preocupación que el macrismo vocifera en público acerca del respeto oficial por la propiedad privada.
-Si tuviéramos vocación por avanzar sobre la propiedad privada hubiéramos planteado la expropiación de Cargill, no de Vicentin, que es un agujero negro de deudas y estafas -fue la respuesta.
Sería excesivo decir que hubo grandes coincidencias o que se llegó a acuerdos de algún tipo. Pero la apertura de canales de diálogo es en sí significativa.
El viernes, dos columnistas económicos llenaron los casilleros vacíos:
-El ministro es Wado de Pedro.
-La autoridad política es Máximo Kirchner.
-La representación institucional es Sergio Massa.
-El líder patronal es Miguel Acevedo, presidente de la UIA y directivo de Aceitera General Deheza, que aspira a quedarse con Vicentin y tiene una fuerza de tareas abocada al tema desde hace tres años.
-El banquero que practica el polioficialismo es Jorge Brito;
-El petrolero es Marcos Bulgheroni.
-El constructor es Hugo Dragonetti, de Panedile.
-El inversor en emprendimientos energéticos es Marcelo Mindlin.
Según Marcelo Bonelli, de Clarín, la tenida fue en casa de Marcos Bulgheroni. Para Alejandro Bercovich, de Bae Negocios, chez Jorge Brito (luego lo repitieron otros medios). Uno de los dos tiene el dato equivocado.
Durante la comida, cuando los hombres de negocios pintaban con el peor color a Gustavo Nardelli y al mismo tiempo se declaraban inquietos por el avance sobre la propiedad privada, Kirchner los sorprendió con un argumento de difícil refutación. «Estamos cerca de cerrar la negociación con los acreedores externos para salir del default que dejó Macrì de la deuda que él mismo contrajo, con la aprobación de muchos de ustedes. Eso lo va a pagar el pueblo argentino pero la plusvalía será para ustedes, porque en cuanto firmemos, el valor de mercado de sus empresas va a aumentar muchísimo. ¿Les parece que con nosotros la propiedad privada corre peligro?». El argumento se extendió a la contribución extraordinaria a las grandes fortunas, que Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky presentarán en cuanto termine la nueva fase de la cuarentena en el AMBA. La asignación específica de su producido que se proponen los autores (barrios populares, créditos blandos a Pymes y explotación y explotación de gas), requiere una mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara de Diputados. No es imposible que la oposición contribuya a lograrla: de ese modo sería más fácil controlar su ejecución que si los 3.000 millones de dólares que se espera obtener de 11.000 contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos fueran a rentas generales.
Por lo pronto, la oposición ya aceptó sesionar en forma mixta, presencial-remota, para tratar el proyecto de moratoria impositiva y la reasignación de partidas por el jefe de gabinete. Cuando más dura era la negativa a sesionar en esas condiciones, el FdT ofertó que todos los diputados opositores estuvieran en sus bancas, y los oficialistas desde sus casas u oficinas por televisión. De a poquito, los cambiemitas se van haciendo cargo de sus obligaciones.
Uno de los asistentes a aquel ágape, Marcelo Mindlin, se comunicó con el autor de esta nota para anunciar que está preparando una solicitada cuestionando el criterio del Banco Central para calcular la formación de activos externos, que lo tiene en el primer puesto de la lista de empresas, con 1.600 millones de dólares, repartidos entre Pampa Energía, Petrobrás, Transportadora de Gas del Sur y Edenor.
Ante una consulta para esta nota, el último integrante de la lista de personas físicas, Jorge Rendo, del Grupo Clarín, dijo que presentó el pedido de informes al Banco Central que había anticipado al Cohete, ya que niega los datos del listado oficial. «Después de más de 20 días me contestaron con un tecnicismo, así que esta semana me volví a presentar. Espero que, ahora, me respondan lo pedido». Rendo sostiene que no compró los cuatro millones de dólares que registró la autoridad monetaria, sino que vendió en el exterior bonos argentinos adquiridos mucho antes. Una operación de este tipo entre las adquisiciones de dólares para atesoramiento sería tan extraña como el registro de un Fiat 500 importado por Cristiano Rattazzi en la lista de bebés nacidas en la maternidad de Claudio Belocopitt.

Crazy thinking.
Dos profesores del University College de Londres (UCL), la tercera universidad más antigua de Inglaterra y siempre ranqueada entre las cinco mejores del mundo, celebran que la ayuda estatal para el salvamento de empresas haya dejado de ser tabú y se encamine a formar parte del sentido común. Para Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni, la suposición de larga data de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha sido desmentida. Redescubrir el papel tradicional del Estado como «inversor de primer recurso», en lugar de solo como prestamista de último recurso, se ha convertido en una condición previa para una formulación de políticas efectiva en la era post Covid-19. Los paquetes de estímulo y rescate, de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón suman casi cinco billones de dólares (trillions). Pero el dinero no es suficiente, dicen. Los gobiernos también deben diseñar, implementar y aplicar la condicionalidad a los receptores, de modo que el sector privado opere de una manera que sea más propicia para un crecimiento inclusivo y sostenible.
Entre las condiciones deseables mencionan: negar esa ayuda a empresas domiciliadas en guaridas fiscales, como hicieron Dinamarca y Francia; aumento del salario mínimo; representación de los trabajadores en la dirección; y una moratoria temporal de distribución de dividendos y recompras de acciones de las propias empresas, tal como exige el Banco de Inglaterra.
Es el mismo camino que ha elegido el gobierno argentino.
Para los profesores de la UCL, lejos de ser dirigista, la imposición de tales condiciones ayuda a canalizar los recursos financieros estratégicamente, al garantizar que se reinviertan de manera productiva en lugar de ser capturados por intereses estrechos o especulativos. Mencionan varios ejemplos:
-Las aerolíneas estadounidenses recibieron préstamos y garantías por 46.000 millones de dólares, siempre que mantengan al 90% de sus trabajadores, reduzcan el pago a ejecutivos y eviten la tercerización o la deslocalización.
-Austria ha condicionado los rescates de la industria aérea a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
-Francia otorgó préstamos a la industria automotriz por 8.000 millones de euros siempre que produzca un millón de autos de energía limpia desde ahora hasta 2025.
-Renault debe mantener abiertas dos plantas francesas clave y contribuir a un Proyecto francoalemán para la producción de baterías eléctricas.
Algunos gobiernos, como los de Alemania y Francia, están adquiriendo o aumentando (respectivamente) la participación accionaria del Estado en las líneas aéreas, citando la necesidad de salvaguardar la infraestructura estratégica nacional.
Los autores también mencionan ejemplos negativos:
-El gobierno italiano otorgó un préstamo garantizado de 6.300 millones de euros, sin condiciones exigibles, a la subsidiaria de FCA, nacida en 2014 de la fusión de Fiat y Chrysler, que tiene su domicilio en los Países Bajos y su sede financiera en Londres.-En el Reino Unido, EasyJet pudo acceder a £ 600 millones del Banco de Inglaterra, a pesar de haber pagado £ 174 millones en dividendos un mes antes.
Para Mazzucato y Andreoni, lejos de ser un paso hacia el control estatal de la economía, los rescates condicionales han demostrado ser una herramienta efectiva para dirigir las fuerzas productivas en interés de objetivos estratégicos ampliamente compartidos. Pueden alinear el comportamiento corporativo con las necesidades de la sociedad, asegurando un crecimiento sostenible y una mejor relación entre trabajadores y empresas. Si la crisis no se va a desperdiciar, esto debe ser parte del legado posterior a Covid-19, concluyen.
Es lo que la prensa comercial argentina llama ideas locas.