Rosenkrantz lo sabía

El informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia sobrecel sistema de escuchas telefónicas a presos políticos que se armó en la Corte revela el entramado del lawfare.
El 14 de febrero de 2019 el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz fue informado por escrito por el camarista Martín Irurzun de las maniobras del juez Claudio Bonadio para hacerse de escuchas telefónicas a presos políticos, todo de manera irregular. El dato, hasta ahora desconocido, revela hasta qué punto llegó la cobertura hacia los ejecutores del lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri. Rosenkrantz fue designado por Macri pero es hombre de Clarín.
La información surge del primer informe semestral realizado por la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), nombre formal de la mini SIDE que se armó la Corte con la venia de Macri y la participación de jueces y fiscales de Comodoro Py, que de paso ligaron cargos para hijos y entenados.
El resumen del caso es el siguiente: Bonadio fue a la cacería de escuchas que pudieran comprometer a CFK. La oficina de escuchas, a cargo del camarista Irurzun, se las entregó de manera ilegal. El presidente de la Corte, Rosenkrantz, fue informado de todo y lo encubrió. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada por Gustavo Arribas, amigo personal de Macri, escuchaba y transcribía. Hay documentos que lo confirman y ya están en poder del Congreso.

Todo irregular.
Rosenkrantz fue informado por Irurzun de que le habían dado a Bonadío 40 CDs con escuchas a los ex funcionarios kirchneristas presos realizadas entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2019. Fue el 14 de febrero de 2019, a través de la nota N° 3684 firmada por el propio Irurzun y Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la mini SIDE y hombre de confianza de otro juez clave del lawfare, Ariel Lijo.
El informe que tiene el Congreso da cuenta sobre lo irregular de todo esto: «La comunicación al presidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, dando cuenta de lo sucedido, con explicaciones acerca del procedimiento llevado a cabo por la DAJuDeCO. No existen elementos que permitan conocer el motivo de la comunicación».
Según los documentos, el propio Bonadío llamó a la oficina de escuchas unos días antes, el 11 de febrero de 2019, y preguntó si había intervenciones en tres números de teléfono. Quería información sobre Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Gerardo Ferreyra y José María Olasagasti, todo acusados en la farsa de las fotocopias de los cuadernos. Le dijeron que los teléfonos por los que consultaba estaban intervenidos por su colega Federico Villena, a cargo del juzgado 2 de Lomas de Zamora. Villena, consta en los documentos, tenía esos teléfonos pinchados por una causa narco y le había dado la escucha y la transcripción de las grabaciones a la AFI.
El mismo día de la consulta de Bonadio el juez Villena le contestó que no tenía transcripciones de escuchas telefónicas de Baratta, Lazarte, Llorens, Ferreyra ni Olasagasti. También le informó que tenía intervenidos los teléfonos del penal de Ezeiza desde el 21 de septiembre de 2018 y que las personas sobre las que preguntaba Bonadio no tenían nada que ver con la causa penal que motivaba esas escuchas. O sea, no había vínculo entre la causa narco y la farsa de los cuadernos.
Finalmente, la clave: Villena le dijo por escrito a Bonadio que todas las escuchas y transcripciones estaban «a cargo de la Dirección de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Intelingencia, quedando autorizado el Sr. Juez oficiante a requerir a dicho organismo la información y el contenido de las mismas que estime pertinente». En criollo, Villena le dijo a Bonadio que no tenía nada de lo que buscaba y que cualquier cosa le preguntara a Arribas y a Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia por entonces.

La mano de Irurzun.
El 13 de febrero Bonadio le pidió a la DAJuDeCo que le enviara de forma «urgente» una «copia de las escuchas y transcripciones» que había ordenado Villena. Y dijo que el juez Villena había autorizado que se las dieran. La auditoría que realizó el Congreso concluyó que esto es falso. El escrito de Villena autorizó a pedirle a la AFI, no a la oficina de escuchas de la Corte. No es un dato menor.
En este punto entró en escena el camarista Irurzun. Según el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia tanto Irurzun como Rodriguez Ponte le entregaron 40 CDs a Bonadio. Todo, dice la auditoría, «pese a que la DAJudeCo no estaba incluida en la autorización de Villena».
El 14 de febrero Irurzun y Rodríguez Ponte le informaron a Rosenkrantz. El presidente de la Corte no podía desconocer las irregularidades. Dejó correr.
Para la auditoría, Irurzun y Rodríguez Ponte pusieron «en crisis el principio de confidencialidad», violaron la resolución operativa 14/2018 y «devino improcedente la entrega al juez Bonadío de la copia de las escuchas, sin el debido respaldo».
«La alteración del protocolo generó una falla en el sistema que adoptó la DAJuDeCO, con la constatación posterior del acceso de magistrados, funcionarios judiciales, organismos de inteligencia y medios de comunicación a conversaciones privadas entre particulares, entre abogados y clientes, es decir, actores ajenos a la investigación penal en la que se habían ordenado las intervenciones. Ello implica un serio déficit en el funcionamiento de la DAJuDeCO, más allá de la responsabilidad legal del Magistrado solicitante y de las personas que dieron lugar, también, a la filtración indebida de los audios», detalla el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Jueces espías.
La DAJuDeCO fue producto de la decisión de Macri de quitarle la oficina de escuchas al Ministerio Público Fiscal, por entonces conducido por Alejandra Gils Carbó. La oficina era conducida por Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI. Durante la gestión Gils Carbó-Caamaño las filtraciones de escuchas a la prensa fueron nulas. No pueden decir lo mismo Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz, Irurzun y sus compinches.
Lorenzetti colocó al juez Irurzun al frente de la nueva oficina de escuchas. En teoría fue por sorteo, en la realidad no hay registros del mismo. El juez Lijo puso a su histórico ladero, Rodríguez Ponte, a comandar el día a día de la DAJuDeCO. El eje Lorenzetti-Irurzun-Lijo reinaba en Comodoro Py. Al resto de los jueces y fiscales federales les ofrecieron un par de cargos para familiares. El listado de personal de la mini SIDE habla por sí mismo.
Con el tiempo Rosenkrantz reemplazó a Lorenzetti en la presidencia de la Corte pero se ve que heredó al menos el vínculo con Irurzun. Ahora se sabe que le informó de las tropelías de Bonadio y que el cortesano de Clarín lo encubrió. (El Destape).